Los resultados del censo elaborado por cinco universidades nacionales en diálogo con organizaciones de la sociedad civil y activistas dio a conocer el estado de situación de la diversidad sexual y genérica en Argentina a través de múltiples indicadores y estadísticas, que aportarán al diseño de políticas públicas más eficaces. El informe completo se presentó en el Primer Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinarios sobre Diversidad Sexual y de Género, que se realizó en la UNSAM.
Para poder cambiar las desigualdades sociales, primero hay que conocerlas bien. En el caso de las problemáticas vinculadas con la población LGBTIQ+, hay un problema que se repite en casi todos los ámbitos: las estadísticas suelen ser binarias y no contemplan la situación de personas por fuera de las categorías varón/mujer. Para remediar la ausencia o falta de sistematización de este tipo de datos, un equipo de investigadores de diversas instituciones elaboró el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina.
El informe, que ya se puede descargar completo, brinda datos para el diseño de políticas públicas más efectivas bajo la premisa de que relevar estadísticamente a una población es una manera de visibilizarla. El trabajo se presentó en el marco de otro evento importante para debatir las problemáticas del colectivo LGBTIQ+: el Primer Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinarios sobre Diversidad Sexual y de Género, que se desarrolló del 29 al 31 de mayo en la UNSAM (Ver recuadro).
“Para realizar las encuestas, partimos de un interrogante importante: ¿cómo medimos la diversidad? Pasamos varios meses discutiendo el cuestionario y hubo un ida y vuelta permanente con organizaciones de la sociedad civil. Lo que buscamos hacer fue identificar y analizar desde una perspectiva federal las condiciones de vida de las personas que conforman el colectivo de la diversidad sexual y de género en la Argentina contemporánea”, contó durante la presentación del informe Hernán Manzelli, doctor en Sociología e integrante del equipo que impulsó esta iniciativa.
El estudio se realizó gracias al financiamiento obtenido por la convocatoria PICTO – Género de la Agencia I+D+i y el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El equipo de investigación está compuesto por más de 50 profesionales de las ciencias sociales y humanas pertenecientes al CONICET, el Centro de Estudios de Población (CENEP) y las universidades nacionales de San Martín, Nordeste, Comahue, Córdoba y Salta.
El diseño metodológico del censo se compone de cuatro dimensiones principales: un relevamiento de los datos y estadísticas que había hasta el momento, la realización de encuestas en todo el país, un mapeo territorial de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la población LGBTIQ+ y entrevistas en persona a funcionarios, activistas y otros referentes.
Durante la sistematización de relevamientos previos encontraron que, en general, estos eran de menor alcance, tanto en cantidad de personas como en territorios abarcados, o estaban segmentados en una identidad específica (por ejemplo, la población trans). Con la inclusión en el nuevo informe de todas las identidades sexo-genéricas se pudo analizar la heterogeneidad en las condiciones de vida de cada una de ellas. El informe también incluyó un mapeo de organizaciones comunitarias y de organismos estatales ligados a cuestiones de diversidad sexual, mediante el cual se pudo constatar que, en mayor o menor medida, existen iniciativas en todas las provincias.
Para la estructuración de la encuesta, que finalmente fue respondida por 15.211 personas, hubo un intenso debate sobre cuáles serían las preguntas a incluir en cada eje temático. “Nos guiamos un poco por distintas movidas latinoamericanas para saber cómo medir la población de la diversidad, porque los trabajos cuantitativos tienden a encasillar y nosotros justamente queremos evitar eso o, al menos, darle una discusión sustantiva, teórica, conceptual de por qué estamos eligiendo dichas categorías. En este sentido, buscamos que los indicadores fueran lo suficientemente amplios para permitir diversas construcciones”, detalló Manzelli.
Pese a los cambios político-culturales recientes, que posibilitaron logros como la Ley 26.618 de matrimonio igualitario y la Ley 26.743 de Identidad de Género, los resultados estadísticos muestran que sigue habiendo resistencias por parte de familiares, docentes, compañeros de trabajo y del ámbito educativo, vecinos, profesionales de la salud, fuerzas policiales, etc., que se traducen en discriminación, falta de apoyo o violencia social, especialmente con identidades travesti/trans y no binaries.
Los indicadores relevados son múltiples y diversos, e incluyen aspectos cuantitativos y cualitativos. Uno de ellos tiene que ver con la condición migrante, ya que muchos migran a otras ciudades tratando de encontrar mejores condiciones de inclusión. En este sentido, se vio que más del 20 % de la muestra son migrantes interprovinciales y un 11 %, migrantes intraprovinciales. Otra cuestión relevada fue la reacción de la madre, el padre o la persona a cargo de la crianza frente a la orientación sexual. El 73 % mostró comprensión y aceptación; el 12 %, enojo; el 29 %, intentos de “corregir” a través de un profesional o autoridad religiosa; el 16 %, agresión física o verbal; y el 5 %, expulsión del hogar.
También se analizó la discriminación en el ámbito educativo. De las personas encuestadas que asisten a un establecimiento educativo, un 16 % señaló haber sido agredido o discriminado por profesores o directivos; y un 20 %, por compañeros. El porcentaje asciende a más del 26 % en feminidades o mujeres travesti/trans y no binaries. “Encontramos diversidad dentro de la diversidad. Es interesante ver las diferencias que hay al interior del paraguas de la diversidad sexual y de género, y cómo estas representan distintas condiciones materiales de vida”, señaló Manzelli.
En el ámbito laboral, los investigadores observaron que las mayores tasas de desocupación se dan en personas trans (varones 14,3 % y mujeres 12,3 %) y no binaries (10,1 %). En este punto, se advierte sobre la necesidad de contemplar estrategias de inclusión laboral para la diversidad en el sector privado, además del cupo laboral travesti trans que existe en el ámbito público. También se observó que el 15 % de la muestra analizada se dedicó al trabajo sexual al menos una vez en su vida y, entre feminidades y mujeres travesti/trans, la proporción asciende a más de la mitad.
Por otro lado, hay problemáticas que afectan de forma similar a la población LGBTIQ+, como la cuestión de la salud mental. “Como consecuencia del estigma, discriminación y violencias, la población LGBTIQ+ ha tendido de forma mayoritaria la ideación suicida y presenta niveles altos de depresión, ansiedad y estrés”, consigna el informe. Los datos revelan que el 59,9 % de los consultados pensó alguna vez en quitarse la vida: es decir 6 de cada 10. Esto es mayor en masculinidades y varones trans (9 de cada 10).
Al final del informe, los investigadores ofrecen algunas sugerencias para ser utilizadas como insumo para el diseño de políticas públicas que lleguen efectivamente a la población LGBTIQ+. Entre ellas, recomiendan avanzar en la estandarización a nivel nacional de las mediciones sobre identidad de género y orientación sexual en oficinas estadísticas de todo el país. También indican que, si bien las políticas de empleo LGBTIQ+ son instrumentos fundamentales, es necesario acompañar el proceso en su totalidad para garantizar la permanencia en los puestos de trabajo.
Al finalizar la presentación del informe, una persona del público pidió la palabra y señaló la necesidad de que haya más personas trans en los equipos de investigación para tener representación real y voz en la conformación de los relevamientos sobre este colectivo. En ese sentido, otra participante señaló que es necesario reflexionar por qué no hay investigadores trans en la academia y tiró algunas puntas al respecto: “porque primero tienen que llegar a la universidad y, antes de eso, llegar vivxs”.
Un congreso novedoso, diverso y necesario
El Primer Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinarios sobre Diversidad Sexual y de Género se realizó en el Edificio de Ciencias Sociales del Campus Miguelete de la UNSAM del 29 al 31 de mayo. El objetivo fue construir espacios de intercambio entre quienes trabajan las diversidades y disidencias sexuales, genéricas e identitarias en Argentina. En total, se presentaron más de 130 trabajos y participaron más de 160 ponentes entre investigadorxs, activistas, personal de salud, educadorxs, funcionarixs, técnicxs de la administración pública y estudiantes, provenientes de la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, México, Cataluña y los Estados Unidos.
El evento fue organizado por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (EIDAES) de la UNSAM y tuvo diversos paneles de debate, tres mesas centrales y sesiones de trabajo en distintos ejes, entre ellos activismos, educación, trabajo, salud, prácticas culturales, erotismo y sociabilidad. Durante la apertura del congreso, lxs organizadorxs destacaron que este evento “no es solo un congreso académico, sino un gesto político” que busca poner en diálogo distintos saberes provenientes del activismo, la investigación y la gestión.
El decano de la EIDAES, Ariel Wilkis, remarcó: “Creo que este congreso llega en un momento justo, en un contexto en el que la contraofensiva contra esta agenda viene de todos lados. Incluso dentro del espacio político intelectual amplio que incluye a la izquierda y al nacional populismo, también se ha empezado a abandonar esta agenda porque algunos dicen que pasó de moda. Acá decimos que no es una ola sino todo lo contrario: es una agenda central. Porque es imposible que nuestra sociedad sea mejor, más inclusiva y más igualitaria si no tenemos esta agenda en el centro de las preocupaciones”.
Al finalizar el encuentro de tres días, y como uno de los principales resultados, se conformó una red de investigadorxs en diversidad sexo-genérica, que contará con participación federal. De esta red dependerá la realización del segundo congreso, que será en el 2026. En los próximos meses, tendrá lugar la primera asamblea virtual para definir las autoridades de la red y la sede del nuevo congreso.
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