Escuela de Humanidades, LICH - Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas
En otra jornada de lucha y reflexión, el Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud analiza algunos datos que invitan a pensar en los motivos que tienen quienes son mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries para parar y alzar sus voces. Inequidad salarial y en el acceso al trabajo, desigual distribución en las tareas de cuidado, falta de acceso a la Educación Sexual Integral y femicidios que no cesan, siguen siendo las urgencias del momento.
Por la desigualdad salarial y en el acceso al trabajo
Según el último informe de la organización Ecofeminita, el ingreso promedio de las mujeres es menor que el de los varones en todas las regiones del país. La brecha salarial es de 24.5% y se amplía mientras peores sean las condiciones de trabajo. Esto está estrechamente ligado a la desigual distribución de las tareas de cuidado, que afecta el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y a la trayectoria laboral. Al mismo tiempo, existe una segregación horizontal, es decir, una distribución asimétrica que hace que las ramas feminizadas tengan sueldos promedios más bajos y mayores niveles de informalidad que los masculinizados. No es casual que 7 de cada 10 personas del grupo poblacional de menores ingresos sean mujeres.
Esta desigualdad en el acceso al mercado de trabajo es la base de las violencias contra las mujeres y disidencias porque, como expresan Celeste Abrevaya y Leandro Bleger en un ensayo de Revista Anfibia, “la distribución inequitativa colisiona de forma directa con el desarrollo de vidas libres, plenas, dignas de ser vividas”. Es por ello que la urgencia no sólo es eliminar la inequidad en los ingresos, sino también horadar la estructural división sexual del trabajo, a través del reconocimiento histórico del trabajo feminizado no pago o mal pago, que deviene en la feminización de la pobreza y la reproducción de la violencia patriarcal.
Por la distribución desigual de las tareas de cuidado
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 arrojó que el 91,7% de las mujeres realiza trabajo no remunerado y le dedica un promedio de 6:31 horas diarias. En el caso de los varones, sólo el 75,1% lleva a cabo este tipo de tareas y le dedica un promedio de 3:40 horas al día.
Desde la teoría feminista se ha señalado que la distribución desigual de las tareas de cuidado es fundamental en la reproducción de las desigualdades estructurales y globales definidas por el género, la raza y la clase. En esta clave, los trabajos de Eleonor Faur han sido centrales para impulsar esta agenda tanto académica como política. Al respecto, la investigadora se refiere en una nota para Revista Anfibia a la importancia de la organización de los cuidados, de la inversión de tiempo y energía que demandan y de la injusta distribución de ese tiempo feminizado, y de su condición de trabajo (se pague o no). “Porque entreteje gestión, atención, tiempo, mentes y el cuerpo de mujeres. Un trabajo indispensable para sostener el sistema económico y social, y para que la vida ocurra”.
Género, cuidado y justicia emergen como nodos entrelazados, muy especialmente, en el contexto de múltiples crisis que atraviesan a nuestra sociedad. De allí que Faur propone la construcción colectiva de la sociedad del cuidado.
Por la Educación Sexual Integral
En el capítulo “Infancia(s) y género(s): desafíos a quince años de la 26061” (que integra el volumen La promoción de derechos y la prevención en grupos vulnerables) Valeria Llobet ha desarrollado un eje de investigación que parte de reconocer que “la producción de infancia está articulada con la producción y reproducción de las desigualdades sociales y las desigualdades de género”. Esto implica pensar las violencias patriarcales y adultocéntricas de forma compleja e integrada. Desde esta perspectiva crítica sobre la relación entre infancia y género, ha problematizado los sistemas de protección y también ha instado a reconocer a les niñes como sujetos de derechos civiles, políticos, a la vez que sexuales y (no) reproductivos. En este sentido, LLobet afirma:
“El mayor problema de las niñeces y adolescencias sigue siendo el acceso a los derechos sexuales, y encontramos allí a actores del propio sistema de protección de derechos como activos obstaculizadores del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo de las personas menores de edad con capacidad de gestar. Es una deuda impostergable terminar con las ideologías institucionalizadas que impiden a las niñas interrumpir embarazos. #NiñasNoMadres es antes que una consigna, una muestra de una desigualdad inadmisible”.
Porque nos matan
En lo que va de 2023, se produjeron 53 femicidios y travesticidios y 21 niñes han quedado huérfanos por la violencia femicida. Ya hace dos años que estamos buscando a Tehuel.
Las categorías de femicidio y transfemicidio nos proveen un medio para entender por qué ciertas mujeres y feminidades son convertidas en sujetos asesinables y desechables. Se trata de categorías analíticas y políticas para comprender las formas extremas y sistemáticas de la violencia de género, arraigadas en relaciones de poder y en formas patriarcales de dominación y propiedad.
En la actualidad se vuelve urgente pensar cómo los femicidios nos hablan del entrecruzamiento de desigualdades, exclusiones y precariedades. Desde el Observatorio Lucía Pérez, al respecto, se ha propuesto la categoría de “femicidios territoriales”, en alusión a las tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas con connivencia y/o participación estatal en las que estos crímenes se inscriben. En un artículo publicado en la revista MU sobre esta temática, Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta reflexionan sobre la enseñanza que brindan las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia, “para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida”.
No se trata de casos aislados ni de excepciones. La violencia machista es estructural.
Este 8 de marzo coincide con el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, repudiado masivamente por el movimiento feminista en lo que dio lugar al primer Paro Nacional de Mujeres en Argentina el 19 de octubre de 2016, con la consigna “Todas somos Lucía”. Este nuevo proceso judicial tiene lugar luego de la anulación del fallo de 2018 del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata. Dicha anulación fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires por considerar que la sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”. Se dispuso también que los anteriores jueces fueran sometidos a un juicio político.
El pasado 23 de febrero, el fiscal en este nuevo proceso solicitó prisión perpetua para Matías Farías por considerarlo “autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar en la muerte, y agravado por suministrar estupefacientes, en marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con la figura de femicidio”; y 20 años de reclusión para Juan Pablo Offidani, por considerarlo colaborador secundario, figura agravada por la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 16 años al momento de su muerte. La sentencia se conocerá el próximo 17 de marzo. En este 8 de marzo exigimos justicia con perspectiva de género por Lucía.
*Ilustración Mariela Tzeiman
8M, Feminismo, Género, Paro Internacional Feminista