Por Penélope Vaca Ávila

En el marco del proceso electoral de las provincias argentinas —cuyo desarrollo venimos analizando en el ciclo Elecciones en Foco—, Jujuy vuelve a ser noticia, ya no por los comicios del 7 de mayo, sino por los últimos incidentes de violencia y represión estatal —que dejaron un saldo de más de 170 heridos (uno de gravedad por traumatismo de cráneo) y 68 detenidos (45 hombres, 18 mujeres y 5 menores)— durante las movilizaciones de protesta en contra de la reforma de la constitución provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales durante los días anteriores y posteriores al 20 de junio de 2023, fecha de su aprobación.

Cuestiones de forma y, sobre todo, de fondo pusieron de un lado al gobierno de Morales y aliados, y, del otro, a gremios docentes, comunidades indígenas, partidos de izquierda y el ala disidente del justicialismo jujeño.
 

Convención constituyente en Jujuy al cierre del debate en comisiones

El pasado 7 de mayo de 2023 hubo elecciones a convencionales constituyentes en Jujuy. A principios de junio, cuando comenzó el trabajo de redacción del texto constitucional, se comenzó a filtrar a través de convencionales de la oposición que proponían recortar la libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la cámara al ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales, entre otros elementos. El actual reglamento de funcionamiento de la convención propone la regla de la mitad más uno para aprobar los artículos, mayoría que ostenta el oficialismo radical. En menos de tres semanas, sin debate, con reclamos de la oposición y manifestantes en las calles, se cerró la posibilidad de presentar dictámenes. El texto pasó la revisión con un articulado muy controvertido y, finalmente, se aprobó el martes 20 de junio con algunos cambios de último momento, con la Legislatura sitiada por protestas y rodeada de las fuerzas de seguridad. Este proceso fue liderado por el actual gobernador, Gerardo Morales, y contó con el apoyo del PJ local liderado por Rubén Rivarola para aprobar tanto la propuesta de reforma el pasado septiembre de 2022, como el reglamento, en una clara colusión que solo denuncian hoy los partidos de izquierda, el ala disidente del justicialismo y la población que se manifiesta en la calle (gremios docentes, funcionarios y comunidades indígenas principalmente).
 
Contexto del debate constitucional

La actual constitución de Jujuy fue sancionada en 1986 y, en ese momento, fue reconocida a nivel nacional por su calidad institucional y democrática. Los debates transcurrieron durante cerca de un año, siendo los convencionales elegidos en noviembre de 1985 y el texto aprobado en octubre de 1986. Nunca se había realizado una reforma de prácticamente la totalidad del texto desde entonces, y lo que rige hoy en la nueva constitución es una modificación de 193 artículos sobre los 212 antes vigentes.

En septiembre de 2022 el oficialismo radical consiguió, gracias al voto de un diputado del peronismo, el apoyo de la legislatura provincial para modificar la constitución (Ley 6302). La iniciativa debe analizarse en el marco de los juegos multinivel del actual gobernador —quien perdió la posibilidad de reelección y aspiraba inicialmente a realizar la reforma constitucional en diciembre de 2022, antes del inicio del año electoral——, su histórica oposición a los movimientos sociales y el reciente boom minero en la provincia, con crecientes proyectos de litio y explotaciones antiguas que se han reactivado.

La convención constituyente contó con 48 convencionales (misma cantidad que legisladores provinciales): la UCR, encabezada por el gobernador Gerardo Morales, tuvo 29 bancas; el PJ, 13 ; y el FIT, 6. Según la ley 6302, los debates debían desarrollarse a lo largo de noventa días. Sin embargo, el proyecto de funcionamiento aprobado al inicio de la convención con los votos de la UCR y el PJ previó que el articulado se aprobara con una mayoría de la mitad más uno, mayoría que ya ostentaba el radicalismo. La celeridad que permitió esta regla hizo que las reuniones en comisión concluyeran en menos de dos semanas. Estas reuniones no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico y no hubo audiencia a representantes sociales y/o ciudadanos. El texto de la reforma, que tuvo idas y vueltas en algunos artículos en el último momento, fue aprobado el 20 de junio por la mañana, varias horas antes de lo previsto, sin ser hecho público a la ciudadanía y con la Legislatura rodeada de policía y protestas. El texto no será votado en plebiscito por la población, como es habitual en reformas de esta magnitud.
 

Temas más controvertidos del proyecto tras el debate en comisiones

Al 12 de junio de 2022, distintos referentes políticos provinciales, varios medios de comunicación y algunos informantes clave consultados anunciaban que los siguientes eran los temas más controvertidos del borrador de texto constitucional que quedó listo para revisión tras el debate en comisiones y que fue aprobado con algunos cambios.

1. Se introdujo una importante reorganización de la arquitectura institucional del estado provincial que atenta fuertemente contra la separación de poderes y las lógicas de pesos y contrapesos, dejando en manos del Ejecutivo el control decisorio. El borrador original tras el debate en comisiones planteaba en su articulado una mayor concentración de poder del Ejecutivo sobre el Judicial, con posibilidad de elegir a los jueces directamente o indirectamente, dado que la reforma de las normas electorales también le aseguraba una mayoría en la Cámara. Este fue uno de los artículos que se modificó in extremis antes de su aprobación el 20 de junio.

2. El régimen electoral se modificaba de modo sustantivo, eliminando las elecciones intermedias. Jujuy pasaba a ser el único distrito que se apartaba en este aspecto de la Constitución Nacional. Asimismo, el ganador de la elección gubernativa tendría automáticamente la mitad más uno de los legisladores, sin importar el porcentaje que sacara en las elecciones legislativas, cuyo único fin sería permitir el reparto de las bancas en minoría entre los perdedores. Este artículo también fue modificado a último momento antes de la aprobación en plenario y se mantienen ahora las elecciones legislativas cada dos años.

3. Se proponen recortes a la libertad de expresión que no respetan las garantías constitucionales. Gerardo Morales, ya desde la campaña electoral de 2015, declaró que su principal objetivo sería controlar el accionar de los movimientos sociales. Durante sus dos mandatos, mantuvo un enfrentamiento con la líder de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, alentando modificaciones en el poder judicial que le permitieron desencadenar un entramado de acusaciones consecutivas contra varios dirigentes sociales. El encarcelamiento de Sala, que se mantiene hasta hoy, fue cuestionado por la Comisión de Trabajo de la ONU. Elevando a la categoría de derecho “la paz social”, la reforma constitucional eleva a rango constitucional la prohibición de algunas expresiones de la protesta social (cortes de calles, de ruta y toda otra perturbación al derecho a la libre circulación) y el enjuiciamiento de quien por acción u omisión aliente a vulnerar o vulnere la convivencia.

4. La reforma incluye una mirada extractivista de los recursos mineros. En el marco de la transición energética global, los territorios andinos han observado una exponencial expansión de este sector, traccionado por la explotación del litio y otros minerales raros. Jujuy, una provincia donde la minería es tradicionalmente importante, desde hace más de una década lidera las iniciativas de los estados provinciales para incentivar y participar de dichos emprendimientos (creando empresas estatales a tal efecto). Los recursos mineros suelen ser adyacentes a asentamientos de comunidades indígenas, únicos pobladores de las altas tierras del altiplano. Las tierras de dichas comunidades suelen no estar inscriptas en los registros de propiedad a pesar de que las habitan desde tiempos ancestrales. Por ello, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con fuerza de ley en nuestro país, obliga a que las comunidades sean informadas y participen de la decisión sobre la explotación (“consentimiento previo, libre e informado”). La nueva constitución incorpora “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”, estableciendo “la ocupación no consentida” como una “grave violación al derecho de propiedad”. También habilita la sanción de una ley especial que determine “las condiciones para el desalojo y para que los titulares del derecho de propiedad afectado [la ejerzan] de manera inmediata, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”.
 

Situación en las calles

La población de Jujuy reaccionó a la reforma, en un distrito donde la protesta social ha sido tradicionalmente importante. Hace tres semanas el Gobierno intervino uno de los gremios docentes, lo que activó manifestaciones de un número creciente de trabajadores de la educación reclamando una actualización salarial en línea con la inflación (Jujuy es una de las provincias con menor nivel salarial docentes y de los trabajadores del Estado). Esto muestra que, además del debate sobre el texto constitucional, hay un malestar acumulado en términos económicos en una provincia donde el empleo registrado tiene un alto componente estatal. Al tiempo, los reclamos docentes fueron acompañados por quienes expresaban resistencias al proyecto de constitución en curso, en particular comunidades indígenas, funcionarios y ciudadanos/as en general. Se produjeron numerosos días consecutivos de demostraciones masivas en las calles de varios municipios importantes de la provincia, marchas de antorchas y huelga docente que obtuvieron el apoyo de la mayoría de los gremios provinciales, partidos de izquierda (FIT y otros), un ala del PJ local (encabezada por Carolina Moisés y Leila Chaher) y diversas organizaciones sociales.

El 20 de junio, dado que no se previó un proceso de ratificación popular mediante plebiscito, la nueva constitución fue finalmente aprobada por unanimidad de los presentes en la cámara: 40 votos a favor sobre 48 constituyentes designados, ya que los 8 correspondientes al FIT y 2 del PJ disidente habían renunciado previamente. Se hizo a puertas cerradas y de manera sorpresiva, mientras afuera lxs docentes y otros sectores, entre ellos representantes de comunidades indígenas, llevaban adelante una movilización que aún al día de hoy se sostiene.

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