La autoproclamación presidencial de una senadora, sin sesión parlamentaria, más la entrega de la banda presidencial a cargo de un militar basta para ilustrar el Golpe de Estado en Bolivia. Desde entonces la militarización de la política boliviana no paró de crecer. “Se debate si fue un golpe de Estado, pero nadie puede negar que hay un retorno de las Fuerzas Armadas a tareas represivas después de 13 años. El escenario es de militarización: todas las protestas son aplacadas mediante intervención policial y militar. Hay más de 30 muertos y cientos de heridos”, dice Fernando Mayorga, director del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia).

Actualmente una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recaba denuncias en Bolivia. “Si hay Estado de Derecho tendrían que haber investigaciones sobre las muertes y juicios al respecto. El gobierno interino de facto firmó un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas del riesgo de ser enjuiciadas por las acciones represivas. La CIDH ha sido muy contundente al condenar estas acciones y pedir que se retire el decreto””, dice Mayorga. 

El escenario de falta Estado de Derecho se completa con la persecución política a dirigentes del MAS. “La ministra de Comunicación amenazó con acusar de sedición a periodistas nacionales y extranjeros. Hay también una lógica de persecución política a dirigentes del MAS con la conformación de un equipo de fiscales y un ministro que habla de ‘cacería’. Va a ser muy complejo el proceso electoral”, dice Mayorga.

Para comprender las causas del retorno de los aparatos represivos del Estado al centro de la escena en Bolivia, Mayorga considera los reclamos corporativos de las Fuerzas de Seguridad en Bolivia y los escasos avances en el proceso de descolonización de las Fuerzas Armadas. 

“La policía actuó de manera corporativa: el motivo inicial del motín fue el reclamo por una nivelación salarial similar a los militares y un pedido de jubilación con el 100% de su sueldo. Tras la renuncia de Morales, la presidenta interina aceptó todo el pliego de peticiones de la policía y, a los pocos días, aceptó otra condición: restituir a la policía el servicio de provisión de cédulas de identidad. Se trata de una prerrogativa que el MAS había transferido al órgano electoral, que había mejorado la eficiencia del servicio y reducido los casos de corrupción. Para la Policía fue una especie de trofeo”, dice.

La motivación de los militares en cambio no es explícita. Para Mayorga su comportamiento se explica por la resistencia al proceso de descolonización promovido por el MAS. En ese sentido, señala que la reforma constitucional no afectó la estructura, ni doctrina de las Fuerzas. 

“Las fuerzas armadas tienen una distinción entre oficiales, de sectores medios y altos, y sargentos, de origen popular. Hay ahí también ahí una distinción étnica. En las FF.AA hubo un movimiento en 2014 donde los sargentos plantearon demandas, que fueron aceptadas en un porcentaje mínimo. También se estableció la incorporación de cuotas indígenas entre los oficiales, pero no se cumplió”, dice. 

Respecto a políticas para las FF.AA por fuera de la Constitución, Mayorga enumera algunas que generaron tensiones: 1) el MAS inició un juicio de responsabilidades a los altos mandos involucrados en la masacre que hubo en octubre de 2003 en la ciudad de El Alto. Fueron condenados varios generales y oficiales y ese juicio se llevó en el ámbito de la justicia ordinaria y no se sometió al fuero militar. 2) Morales pasó a retiro obligatorio a dos promociones de oficiales ni bien asumió su primer mandato 3) Creó la Escuela Antiimperialista como un espacio de formación y adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas bajo nuevos criterios. Las FF.AA adoptaron como lema el grito de “Patria o muerte. Venceremos”. Una invocación al Che Guevara afin con el MAS, pero rechazada por las FF.AA que lo consideran un invasor derrotado.

“Evo morales era respetado por las FF.AA porque había hecho el servicio militar obligatorio y además por su estilo de gestión tenía un contacto permanente con el alto mando militar, como una estrategia para establecer un vínculo de confianza. No fue suficiente”, dice. “Era impensable una adscripción ideológica de las Fuerzas Armadas al MAS o a Evo Morales. Nunca hubo una conexión entre las Fuerzas y el partido de gobierno como en Venezuela” 

Las relaciones de Bolivia con Estados Unidos estuvieron marcadas por un distanciamiento absoluto y una enemistad muy acentuada. “El gobierno de Morales expulsó a la DEA, a la USAID y a un embajador norteamericano. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, delante de Donald Trump, Morales lanzó varias acusaciones a la injerencia norteamericana en países de América Latina y todo el mundo. Sin embargo, no hay ninguna pista concreta, ni evidencia de la injerencia norteamericana en el Golpe, aunque si hay un dato que habría que analizar: el comandante de las Fuerzas Armadas que le sugirió la renuncia a Evo Morales, se fue a Estados Unidos al ser destituido al día siguiente de la autoproclamación de Yañez”, dice.

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