Por Máximo Badaró, docente e investigador del IDAES

No hay elementos que indiquen que las Fuerzas Armadas puedan constituirse hoy en una amenaza a la vida democrática de la Argentina. En nuestro país no hay pronunciamientos de generales “sugiriendo” la renuncia a presidentes, ni oficiales condicionando su subordinación política al otorgamiento de prerrogativas institucionales; no hay militares en actividad comentando públicamente la realidad política nacional o la orientación ideológica de los gobiernos civiles, ni tampoco reprimiendo a sus conciudadanos en las calles o integrando grupos paramilitares.

Pero todas estas situaciones ocurren ahora mismo en países vecinos como Bolivia, Brasil y Chile, donde la intervención de las fuerzas militares en brutales acciones represivas y la militarización de la vida cotidiana está a la orden del día y a la vista del mundo entero. Y a esto se suman las declaraciones recientes de militares retirados uruguayos llamando abiertamente a “extirpar el marxismo” de Uruguay y cuestionando al gobierno de su país.

Si bien las fuerzas armadas argentinas han aprendido que la vida democrática y el profesionalismo militar implican su subordinación irrestricta al poder político civil, el contexto regional latinoamericano está plagado de tentaciones autoritarias que van en la dirección contraria. Es tarea de los referentes de la vida política argentina y, en particular, del poder ejecutivo nacional evitar que la institución militar sobre la cual ejerce el mando se deje tentar por las derivas autoritarias y golpistas de sus pares de la región. 

Al no condenar categóricamente el golpe de Estado en Bolivia y, en particular, el comportamiento institucional de las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno democrático de Evo Morales, el presidente de la Nación Mauricio Macri y sus aliados políticos envían un mensaje extremadamente peligroso a las fuerzas armadas argentinas, que legitima la intervención militar en los destinos de la vida política e institucional de un sistema democrático.  

No es la primera vez que el saliente presidente de la Nación Mauricio Macri apoya acciones autoritarias y represivas de fuerzas armadas y de seguridad. Su celebración del comportamiento del agente de policía Luis Chocobar revela un fenómeno más amplio que los estudios antropológicos y sociológicos en la Argentina han identificado hace ya tiempo: más que en las fuerzas armadas, las potenciales amenazas al sistema político democrático hay que buscarlas en las acciones represivas e ilegales de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, en los discursos políticos nacionales e internacionales que las alientan y legitiman. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri no está solo en su legitimación de la represión ilegal y los golpes de estado cívico-militares en América Latina, tal como lo muestran las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos y del Comando Sur de este país celebrando las acciones golpistas y represivas de los militares en nuestra región.

Es crucial que el próximo gobierno de la Argentina esté atento a conjurar de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas la potenciales influencias de las tentaciones autoritarias que proliferan en nuestra región; y que las políticas de defensa y seguridad se orienten a reforzar y consolidar en el plano material y simbólico el profesionalismo democrático de estas agencias del Estado Argentino.

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