El jueves 21 de noviembre ocurrió el primer día de la histórica manifestación que movilizó a todo el país contra las políticas de ajuste del gobierno de Iván Duque. Tras el anuncio de un toque de queda en la noche del viernes —que luego fue revocado—, las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta pacífica dejando gravemente herido a un joven de 18 años.

La presencia policial y militar en la política colombiana está lejos de limitarse a este caso aislado. Michael Weintraub, director del Área de Seguridad y Violencia del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, aclara que las Fuerzas Armadas tienen una participación activa hace más de 50 años. “Dado su historia reciente de más de cinco décadas de conflicto armado, las Fuerzas Armadas han jugado y siguen jugando un rol importante en Colombia. Es una fuerza que ha tenido bastante experiencia en roles diversos, desde contrainsurgencia en las junglas del país hasta un rol patrullando en algunas de las ciudades más grandes de Colombia, como medida para reforzar las acciones de la Policía Nacional”

Tras 5 décadas de conflictos entre las Fuerzas Armadas colombianas, el comando guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y los grupos paramilitares, el 24 de noviembre de 2016 se firmó el histórico Acuerdo de Paz, impulsado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Sin embargo, no logró ponerle fin al conflicto.

Weintraub señala el papel de las Fuerzas Armadas durante las negociaciones del Acuerdo de Paz y su participación en crímenes de lesa humanidad: “Las Fuerzas Armadas, con la invitación del expresidente Juan Manuel Santos, jugaron un rol importante en la construcción del Acuerdo de Paz. Pero hay que reconocer que el ejército, en diferentes momentos, ha sido perpetradores de violaciones de derechos humanos, especialmente durante el periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando las ejecuciones extrajudiciales de civiles incrementaron drásticamente”.

A fines de octubre, cinco indígenas fueron asesinados en el municipio de Corinto en circunstancias que aún son poco claras. Para Weintraub, la importancia de la región para el narcotráfico y la minería podría ser el origen del conflicto. “Antes era bastante estratégico para cultivos de coca mientras hoy en día se produce una cantidad importante de marihuana en la región. Minería ilegal también es un problema que mueve economías ilegales. Por esta razón, grupos armados han tenido un arraigo importante en esta zona, lo cual sigue siendo el caso hasta el día de hoy, con la presencia de disidencias de las FARC, el ELN y otras bandas criminales”, dijo.

Finalmente, el especialista relaciona este episodio con la “presencia débil del Estado en la región”, lo que facilita el accionar de los grupos armados en el control de la sociedad: “No ha sido fácil para el Estado desplegar todo el esfuerzo estatal a los ciudadanos, así dificultando la construcción de una autoridad legítima que puede ofrecer servicios a cambio del rechazo de grupos armados y los beneficios y costos asociados con dichas economías ilegales”.

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