LICH - Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas

Imágenes y sonoridades de las comunidades que sufren el agronegocio

El viernes 9 de junio se realizará la proyección de los registros audiovisuales del programa “Conflictos socioambientales, conocimientos y políticas en el mapa extractivista argentino” del LICH-EH. Antes del estreno, la investigadora Cecilia Gárgano analiza el padecimiento ambiental de las poblaciones como la contracara inevitable de la matriz productiva actual, propone pensar colectivamente cómo poner estas temáticas en la agenda pública y hace una advertencia en relación a qué y cómo se produce en Argentina.

El programa de investigación “Conflictos socioambientales, conocimientos y políticas en el mapa extractivista argentino” del LICH-EH busca analizar en forma transversal las lógicas de los extractivismos que operan en nuestro país. Se propone indagar sobre los diferentes mecanismos que los posibilitan, las acciones del Estado y los grupos empresariales, y su contracara: las comunidades y sus vivencias.

El viernes 9 de junio a las 19 horas se llevará adelante la proyección de los registros audiovisuales del trabajo de campo del programa en el Museo del Hambre, Av. San Juan 2491 (CABA). Se trata de un ensayo documental que recoge imágenes, huellas y sonoridades del encuentro con las comunidades que padecen directamente el agronegocio, y también experiencias alternativas a ese modelo. Estará acompañada de una mesa redonda con los y las protagonistas de las entrevistas.

A propósito de este registro de campo charlamos con la coordinadora del proyecto, la doctora Cecilia Gárgano, sobre su investigación, el encuentro con las comunidades que sufren la fumigación, los puntos en común entre las distintas problemáticas y cómo las Ciencias Humanas pueden contribuir a la visibilización de estos conflictos.

-¿Cómo surge el programa de investigación en torno al extractivismo en Argentina?
En el año 2021 lanzamos con Agustín Piaz el programa de investigación “Conflictos socioambientales, conocimientos y políticas en el mapa extractivista argentino”, junto a Malena Castilla (antropóloga e integrante del programa) y Gastón Bejas (a cargo de la realización audiovisual). Empezamos un análisis sobre la problemática del avance del modelo sojero en zonas no típicas, como son los centros urbanos. A partir de ahí comenzamos a hacer estos registros que combinan el análisis de tipo etnográfico y la realización de entrevistas con el relevamiento de fuentes de diferente índole, como fuentes escritas, con las que estamos construyendo colectivamente un mapa de conflictos asociados al agronegocio en la provincia de Buenos Aires. Intentamos poder aportar algo a la situación que se nos presenta actualmente, con una matriz productiva con altísimos costos ambientales, sociales, económicos, que a pesar de todas esas alarmas, sigue siendo planteada como el único destino posible. La investigación busca desarmar esa idea de falsa imposibilidad y mostrar que lo imposible es seguir viviendo de este modo.

-¿Por qué decidieron hacer registros audiovisuales del trabajo de campo?
Decidimos hacer registros audiovisuales, fundamentalmente de algunas de las entrevistas, porque uno de los objetivos del proyecto es poner en diálogo diversos conocimientos, poner en diálogo lo que está sucediendo en nuestros territorios con lo que hacemos como trabajadores y trabajadoras de la educación y de la investigación. La idea es que estos debates no queden en el interior de la universidad, sino ver de qué manera podemos articular una forma de visibilizar esta problemática. Por eso esta proyección está acompañada por una mesa redonda en donde van a intervenir aquellas personas que son parte de este registro.

¿Cómo fue el encuentro con las comunidades que sufren la fumigación?
Por un lado, habitualmente encontramos las mismas narrativas, los mismos relatos. Las mismas situaciones asociadas a las enfermedades que aparecen por exposición a estas sustancias, las mismas formas en que se organiza la movilización, de abajo hacia arriba, y el modo en el que interviene el Estado. Todo eso iba apareciendo en forma bastante transversal en los diferentes casos. El encuentro no es sencillo porque existe un altísimo grado de vulnerabilidad ambiental y social, y un padecimiento que es la contracara inevitable de esta matriz productiva. Cuando llega cualquier espacio que venga de parte del ámbito de la investigación también hay una espera ahí de parte de las comunidades. Por eso tratamos de ver de qué manera podemos acompañar, qué podemos hacer en forma conjunta. Ese es también un poco el desafío.

¿Qué cuestiones fueron apareciendo a lo largo de la investigación?
Encontramos la expresión del avance ininterrumpido de la frontera agrícola en la disolución de los problemas entre las fronteras urbanas y las rurales. Es decir, los problemas que encontramos en la zona más poblada del conurbano bonaerense, La Matanza, no distan de las que vemos en nuestras investigaciones particulares, en regiones como la zona núcleo de producción sojera en el norte argentino. También encontramos que existen mecanismos de articulación transversales de estas poblaciones.

¿Qué puede aportar la investigación académica a los padecimientos de las comunidades fumigadas?
Buscamos visibilizar lo que está sucediendo y pensar colectivamente qué estrategias nos damos para poner estas temáticas en la agenda pública y fundamentalmente también hacer una advertencia. Muchas veces se les pide a estas poblaciones que aporten evidencias probatorias de los daños que sufren. Hay que instalar que lo que está faltando es una decisión política que ponga en cuestión lo estructural, que es qué y cómo estamos produciendo en Argentina, porque evidencias sobran.

¿En qué consiste la problemática de la evidencia científica de las comunidades expuestas a estas sustancias?
En Argentina a pesar de la importancia de la actividad agrícola y de ser un país que lidera el uso de plaguicidas, no existen relevamientos epidemiológicos oficiales de su impacto en las poblaciones. Tampoco están actualizadas las regulaciones sobre su presencia en agua de consumo. No hay datos oficiales de las cantidades que se utilizan ni disposiciones uniformes para las distancias a las fumigaciones. Por el contrario, a las poblaciones se les exige aportar evidencia probatoria de la relación causal entre los daños sanitarios que presentan y la exposición a estas sustancias, es lo que se denomina inversión de la carga de prueba. Esto lleva a que cada comunidad transite el mismo largo y costoso camino legal. Con el mapeo y el audiovisual buscamos dar cuenta de que no se trata de situaciones aisladas sino que son propias de esta matriz productiva.

Proyección y mesa redonda:
Viernes 9 de junio, 19 h, Museo del Hambre, Av. San Juan 2491 (CABA)
Participan:
Erika Gebel (Asamblea vecinxs envenenadxs x glifosato, La Matanza)
Susana Aranda (problemática asociada a Klaukol en La Matanza)
Ana María Rodríguez (docente jubilada SUTEBA, Marcos Paz, problemática de las escuelas fumigadas)
Paula Rabinovich y Damián Lencina (Granja El Guajiro, Lobos, granja agreoecológica como experiencia alternativa al extractivismo)

 

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Nota actualizada el 31 de mayo de 2023

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