La probabilidad de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Venezuela participen de un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro es poco probable. Al menos esto opina Víctor Mijares, un politólogo venezolano doctorado en Alemania, que actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de los Andes (Colombia). “A diferencia de lo ocurrido en Bolivia recientemente, la Revolución Bolivariana en Venezuela viene haciendo un trabajo importante de control sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, sostiene.

Acerca de en qué consiste el control civil del partido de gobierno, Mijares sostiene que “viene dado por la desprofesionalización y desarticulación de sus mandos, así como por la penetración de cuerpos de contrainteligencia civiles y la incorporación de las milicias leales al partido”. Además, señala que esta transformación comenzó en 2002, luego de que el entonces presidente Hugo Chávez fuera momentáneamente depuesto por unas fuerzas militares más integradas. “Aquella coyuntura crítica motivó un proceso de control civil por vía del partido de gobierno, debilitando al Estado, pero fortaleciendo al régimen”, sostiene.

Mijares señala que las Fuerzas Armadas de Venezuela actualmente tienen una participación activa en el Gabinete nacional e inclusive han incursionado en minería. “En años recientes, y fuera del marco constitucional, el brazo armado del Estado pasó a llamarse Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Este año se ha comentado que incluso se le podría agregar el adjetivo de “Revolucionaria”, lo que vendría acompañado de la incorporación plena de milicias, al mismo nivel que las actuales cuatro fuerzas o componentes (aéreo, naval, ejército y guardia nacional)”, dice.

La ausencia de golpes de Estado en Venezuela no garantiza, sin embargo, el cumplimiento de los derechos humanos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), los aparatos policiales y para-policiales violaron reiteradamente los derechos humanos durante las protestas sociales de 2014 y 2017, que fueron reprimidas, con víctimas fatales y presos por motivos políticos.

La autoproclamación presidencial de Juan Guaidó en enero de este año sumó un nuevo capítulo a la crisis venezolana. La Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima (a excepción de México), Jamaica, Bahamas, Haití, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Japón, Israel, Australia y Argentina entre otros países y organismos, reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, o en su defecto reconocen a la Asamblea Nacional como “único poder legítimamente constituido”.

Para Mijares, “la estrategia de Guaidó fue rivalizar con el gobierno de facto por medio de una maniobra constitucional, que luce agotada”. “El problema es que no hay capacidad institucional para reestablecer la normalidad constitucional, lo que ha favorecido al poder establecido. Así, los problemas institucionales de Venezuela no están asociados a la proclamación de Guaidó, sino al largo proceso que condujo a ese momento y a la situación actual”.

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