Por Solana Camaño.  Fotos: Télam 

Los incendios en el Delta de Paraná no dan tregua. Hasta el 6 de agosto, se registraron 14.600 focos de calor: casi cuatro veces más que en junio, cuando el humo comenzó a teñir el cielo de Rosario. Pérdida de flora y fauna, riesgo de vida para los habitantes de la zona y deterioro de la salud de las poblaciones aledañas son algunas de las consecuencias que requieren respuestas estatales inmediatas. 

“Las islas son áreas muy extensas y con pocas familias. Faltan políticas públicas de las distintas jurisdicciones para asistirlas cuando están en riesgo y después de que han sido afectadas”, dice Natalia Morandeira, investigadora del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la UNSAM.

El Delta del Paraná ocupa unos 19.300 kilómetros cuadrados y está cerca de los principales centros urbanos de la Argentina. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego estima que en los últimos meses se quemaron más de 90 mil hectáreas. La gran sequía de este año y el bajo caudal del río, en mínimos históricos desde 1971, favorecen la propagación del fuego, que no encuentra los cursos de agua que suelen actuar como cortafuegos naturales.

Morandeira, experta en ecología de plantas en ecosistemas fluviales y costeros, señala que hay muchos focos de calor en la zona de Islas de las Lechiguanas en Gualeguay (Entre Ríos), frente a Ramallo (Provincia de Buenos Aires). Allí, los isleños e isleñas habitan hace más de 80 años. El problema es que no encuentran respuestas por parte de ninguna de las dos jurisdicciones. “No hay política o presencia del Estado hacia las poblaciones rurales. En esas zonas, hay chicos que no están escolarizados ni cuentan con acceso a la salud pública. Se tienen que trasladar a los pueblos o a la ciudad más cercanos gastando combustible muy costoso”. 

Fueron los isleños e isleñas quienes intentaron apagar el fuego con baldazos de agua y tablas de canoas. Mientras las chispas saltaban de un lado al otro del río, hacían guardias para calmarlo, salvar a sus caballos, ovejas, carpinchos y nutrias. Hoy los campos están quemados y los animales no tienen dónde pastar.

Vivir en la isla

Tino Bello tiene 49 años y vive enfrente de Ramallo, en la zona de La Virgen (Entre Ríos), desde chico. “La isla es dura, pero estamos acostumbrados a la tranquilidad, nos llevamos bien entre todos los vecinos”, dice. Sus familiares viven en cuatro casas de madera distribuidas en 30 mil hectáreas. Están construidas en lo alto, porque la crecida del agua puede arruinarlas. Al ser una población tan baja, no es considerada como parte de la comuna de Entre Ríos. “Antes había mucha gente, pero se fueron para Ramallo porque el agua crecía y no dejaba estudiar a los chicos”. 

El isleño trabaja cuidando el ganado —1300 animales de los dueños del campo—, como le enseñó su papá a los 14 años. Cuenta que el fuego no llegó a expandirse como en otros lugares porque lo frenaron justo a tiempo. “En un momento nos faltaba el aire. Pero si le dábamos 20 minutos de ventaja, con un viento norte como hubo ese día, no quedaba nada. Está todo tan seco que el pasto es un papel”.

Para Morandeira, es fundamental que haya un diálogo entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, un ordenamiento territorial y respuestas institucionales que contemplen las voces de lxs principales perjudicadxs. “Es gente con mucha sabiduría sobre el comportamiento del ecosistema y saben bien que las quemas con tanta vegetación seca son un peligro para sus familias, viviendas y animales. Hay que hablar para ver qué necesitan, qué visión tienen, cómo se lxs puede ayudar”.

La doctora en Ciencias Biológicas afirma que aún no se pueden cuantificar los efectos negativos en el ambiente. Entre las implicancias a largo plazo, advierte que “lo que más va a tardar en recuperarse son las condiciones de los suelos, que evolucionan año a año tras cada inundación, que trae sedimentos del río y materia orgánica de las raíces de las plantas”.

Asimismo, Morandeira identifica dos etapas en el desarrollo de los focos de incendios. Una a partir del 20 de marzo, que coincide con la primera fase de la cuarentena, en la que no se registraron aumentos. La segunda, en la primera quincena de mayo, cuando se empezaron a detectar alzas, motivo por el cual se estima que los primeros incendios pudieron haber sido intencionales. Sobre este punto, la especialista insiste en no estigmatizar a la población isleña. Bello piensa lo mismo: “El isleño sabe lo que hace. Si uno prende un fuego, se queda sin trabajo porque quema el campo y la gente se tiene que llevar a los animales”.

Una baja en las quemas se produjo a raíz de la intervención del Ministerio de Ambiente y la mayor presencia de brigadistas, la cual coincidió con bastantes lluvias. No obstante, a partir del 9 de julio los focos volvieron a aumentar en forma drástica. Si bien el Estado actuó rápido, con el análisis de los datos satelitales y la intervención de bomberos, las indagatorias a los siete presuntos responsables tras las denuncias penales de Nación se demoraron.

El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia reconoció una acción de amparo colectivo ambiental contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y las municipalidades de Rosario y Victoria. Fue una iniciativa de la Asociación Civil Equística Defensa del Medio Ambiente bajo el argumento de que los incendios adquirieron una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. Además, el fallo señaló que no se trata del juzgamiento de una quema aislada de pastizales, sino del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, lo que pone en riesgo al ambiente. 

Ley de Humedales 

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, presidida por Leonardo Grosso del Frente de Todos, comenzó a analizar la semana pasada una serie de proyectos de ley de protección de humedales. El objetivo es asegurar la conservación y el uso respetuoso del recurso natural que ocupa un 21,5 % del territorio nacional. El debate contó con la participación de referentes de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema. La convocatoria fue acompañada por un “tuitazo” que fue trending topic.

Hay al menos seis propuestas en estado parlamentario. Una presentada por el Frente de Todos desde la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Grosso, e incluye multas y penas de prisión por destrucción y degradación de las zonas. Las otras corresponden a los bloques del PRO y Consenso Federal (Buenos Aires), Socialista (Santa Fé), Coalición Cívica (CABA) y UCR (Córdoba).

Según explica Morandeira, los proyectos plantean que hay que hacer un inventario de humedales. Pero difieren en la definición conceptual de ese término, la entidad que llevaría adelante esa tarea y los plazos y criterios para el ordenamiento territorial. Desde su punto de vista, es importante que cualquier iniciativa se apoye en el hecho de que los seres humanos son parte de la naturaleza. “Cuando se mencionan los ‘servicios ecosistémicos’, hay uno que es provisión de alimentos, maderas, fibras, combustibles para la sociedad, fauna silvestre y doméstica. Al decir que un humedal es el que provee todo eso, se está desconociendo que en el medio hay mujeres y hombres trabajando, pescando, distribuyendo los peces”, señala, y refuerza la necesidad de avanzar hacia regulaciones integrales que contemplen cómo se interrelacionan distintas normativas ambientales como la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, entre otras. “Ese proceso será, sin dudas, extenso, acorde a la complejidad del problema, los actores y conflictos sociopolíticos implicados”, asegura. 

Mientras tanto, como afirmaron las investigadoras del 3iA Patricia Kandus, Priscilla Minotti y Morandeira en esta nota, una mirada solidaria que garantice la participación colectiva de las comunidades más afectadas por sobre los intereses arrendatarios es un buen comienzo.

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