Por Gaspar Grieco. Fotos: Pablo Carrera Oser

El sistema de medicina privada que atiende al 9 % de la población de medianos a altos ingresos —alrededor de 4 millones de personas— tiene casi la misma cantidad de camas que el sistema de salud público, que asiste al 37 % de la población que no cuenta con  ningún tipo de cobertura. Los datos se desprenden de un estudio reciente publicado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. “El sistema de salud refleja la desigualdad estructural de la sociedad”, dice Andrea Mastrangelo, docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), para quien el acceso a la salud de la población “debe ser entendido como un proceso social” y analizado desde las ciencias sociales.

Mastrangelo lidera la investigación Monitoreo de la eficacia de la medidas de aislamiento social preventivo obligatorio según estratificación socioeconómica (indicador NBI vivienda) en los dos núcleos urbanos de mayor prevalencia (AMBA y Resistencia), uno de los 64 proyectos vinculados al coronavirus que serán financiados por la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (Agencia I+D+i) del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El objetivo principal del proyecto presentado desde la UNSAM y el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (CENDIE) del ANLIS-Malbrán, está centrado en conocer la circulación de la infección por COVID-19 y el impacto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en la Ciudad de Resistencia (Chaco), pero el Ministerio de Ciencia propuso ampliar la propuesta.

“El MinCyT nos propuso asociarnos con otros tres proyectos de otras universidades para darle una escala nacional, para hacer un monitoreo de escala multidimensional”, cuenta Mastrangelo, que ahora forma parte de la investigación en la que participan las universidades nacionales de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Plata y General Sarmiento y que medirá el impacto de la cuarentena en zonas vulnerables.

Pero las desigualdades que se viven en los barrios populares del AMBA y Resistencia no son las mismas que las que acechan en los de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. “Mientras en AMBA la desigualdad está centrada en el acceso al agua potable y servicios básicos de vivienda, en las provincias se observa desnutrición infantil y condiciones propias de la periferia”, explica Mastrangelo y cuenta: “Lo que buscamos con este consorcio es que cada región pueda volcar su problemática específica en relación con la infección por COVID-19 y con las desigualdades o determinantes de enfermedades que preexisten a esta pandemia”.

Para llevar adelante la investigación, el equipo trabajará codo a codo con organizaciones sociales de barrios vulnerables para lograr un monitoreo cualitativo y cuantitativo. “La idea es generar un sistema de monitoreo que sea sensible de abajo hacia arriba. No solamente que sea directivo desde el Estado hacia la comunidad, sino que la comunidad forme parte de la observación del proceso de aislamiento”, adelanta la investigadora.

Pobreza y desigualdad 

El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica de Argentina (UCA) reveló que el 9,3% de la población urbana padece hambre y la inseguridad alimentaria trepó al 22,2% en el último trimestre de 2019. En tanto, el 4,7% de la población del país viven en condiciones de hacinamiento crítico —1,315 millones de personas—, 848 mil personas no dispone de servicio de agua en su vivienda y 551 mil hogares habitados por 2,124 millones de personas no tienen baño, según el último informe Indicadores de condiciones de vida del INDEC.

En los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires el número de infectados con COVID-19 asciende a 759 de los 2871 que se registraron hasta el 13 de mayo, según los informes diarios del Gobierno porteño. En tanto, en el conurbano bonaerense existen 952 barrios populares, y aunque todavía no se difundieron datos sobre el número de infectados en estos barrios, desde el Gobierno provincial estiman que la circulación es baja.

“La desigualdad social es la razón de ser de la sociedad que tenemos porque el modo de producción se sostiene con desigualdad y sin resolver cuestione de pobreza estructural. El sistema sigue produciendo exclusión. Tomamos como indicador censal el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de vivienda, porque describe el hacinamiento de los hogares —tres o más personas por cuarto—, materialidad de la vivienda y el abastecimiento de agua para consumo y eliminación de excretas”, concluye Mastrangelo.

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