Junto a reconocidos referentes nacionales e internacionales en materia de derechos humanos como Dinah Shelton, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Alberto Pérez Pérez, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Taiana habló de la tortura en instituciones de encierro y se mostró a favor de los procedimientos de inclusión de las poblaciones carcelarias mediante la educación, el trabajo social, el arte y la cultura.

“Gracias a los tratados internacionales de derechos humanos la prohibición de la tortura genera en los Estados la responsabilidad de su prevención y su obligación de reparar el daño causado a través de medidas compensatorias y de políticas públicas”, explicó el ex canciller y actual director del CIEP.

Asimismo, señaló que “la comisión de actos de tortura configura un delito internacional  que pueden constituir crímenes de lesa humanidad y caer bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La comprensión, el significado y alcance de estas protecciones legales requiere de determinados comportamientos de los Estados en cuanto a los métodos de detención de detenidos, de las condiciones de encierro de las personas privadas de la libertad y de protecciones específicas para niños, niñas y mujeres”.

Entre las medidas y mecanismos utilizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Taiana destacó la “competencia para realizar informes en los que se analiza el accionar de los Estados en cuanto a la prevención de la tortura en el sistema penitenciario, comisarías e institutos de salud mental y su capacidad para dictar medidas cautelares a efectos de proteger la integridad de personas determinadas en circunstancias en que exista el peligro inminente de tortura o trato inhumano”.

Para finalizar, Taiana se refirió a la situación de la prevención de la tortura en Argentina, donde “la sociedad y el Estado ha persistido en la construcción de mecanismos sólidos para la prevención de la tortura, que se ha visto reflejada en el ámbito judicial, en el legislativo y en el impulso que ha tenido por parte del Poder Ejecutivo en medidas que han sido acompañadas por los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil”.

“Argentina enfrenta aún hoy una serie de desafíos en cuanto a la erradicación total de las prácticas de tortura. Para ello debe seguir con el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Asimismo, es necesario abordar la cuestión de la seguridad ciudadana en el caso de las personas privadas de la libertad, en su mayoría sin condena, en cárceles, comisarias e institutos de menores donde se ven inmersas en una situación de vulnerabilidad frente a condiciones inhumanas de detención, sobrepoblación y prácticas sistemáticas de violencia”, concluyó.

También participan del congreso Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación; Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia; Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación; y Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria.

El Congreso Internacional contra la Tortura forma parte de las actividades de la Campaña Nacional contra la Tortura, iniciada el 20 de marzo en la Ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con el objetivo de sensibilizar a la sociedad frente a prácticas degradantes que aún existen y mejorar los mecanismos institucionales de prevención y sanción. Este evento cuenta con el apoyo institucional de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, y el co-auspicio de los ministerios de Seguridad, Justicia y Relaciones Exteriores; la Procuración Penitenciaria de la Nación; la Defensoría General de la CABA; Abuelas de Plaza de Mayo; Amnistía, el CIEP, el CELS y ONU Argentina, entre otros.