Por Mariana Lanfranco

El debate por la implementación de una Ley de Humedales en la Argentina es un tema central de la agenda pública. En este marco, Patricia Kandus y Rubén Quintana, investigadorxs del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la UNSAM, fueron invitados a la reunión de asesores de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación. Lxs especialistas participaron de la jornada junto con varixs referentes en la temática: Patricia Pintos (UNL), Diego Moreno (exsecretario de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Nación) y Javier Garcia Espil (exdirector nacional de Recursos Acuáticos), entre otrxs.

La reunión tuvo como eje el análisis de una ley de presupuestos mínimos para la preservación de los humedales. “En la ley debe reconocerse el valor estratégico de los humedales para la vida actual y para las generaciones futuras”, explicó Kandus, que el pasado 14 de septiembre también participó de un debate en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En esa oportunidad, la investigadora brindó una presentación en el marco de una Jornada de Diálogo por la Ley de Humedales.

En la actualidad, la Cámara de Senadores cuenta con cinco proyectos presentados. Se les solicitó a lxs invitadxs que dieran su opinión sobre temas críticos como la definición de humedales, el inventario de humedales y la incorporación de los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio.  Lxs investigadorxs insistieron en la necesidad de incorporar la definición adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2016. Esta definición fue elaborada en el marco de un taller interdisciplinario de carácter federal con representación de múltiples investigadorxs, técnicxs  y organizaciones sociales de todo el país.

Aportes desde la investigación

Kandus hizo una descripción detallada de los alcances y complejidades del Inventario Nacional de Humedales (INH), impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADyS). La investigadora hizo énfasis en la incorporación del concepto de paisaje en el INH, entendido como un proceso dinámico, continuo e interdisciplinario. “El INH está pensado de manera federal y democratizante”, explicó Kandus. “La Nación debe coordinar, garantizar estándares, calidad, integración de los datos y llevar adelante programas de capacitación a las provincias y municipios. Estos últimos, a su vez, deben llevar adelante el INH en cada rincón, sostener su mantenimiento y actualización.”

Lxs especialistas también hicieron hincapié en que el INH es un insumo para el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT). En este sentido, Quintana dejó claro que “no son los ecosistemas los que deben ordenarse sino los territorios (con sus ecosistemas y sus usos), tal cual se expresa en la Ley General del Ambiente.” Por las características del inventario, lxs investigadorxs advirtieron que la metáfora “del semáforo”, utilizada en leyes como la Ley de  Bosques, resulta totalmente inapropiada en el caso de los humedales ya que no se condice con las características espaciales ni con la variabilidad temporal de esos ecosistemas.

En esa línea, Kandus y Quintana destacaron la necesidad de que los procesos de OAT se desarrollen de manera participativa y democrática con énfasis en las leyes recientemente promulgadas sobre ratificación del Tratado Escazú (Nro 27.520), Ley de Educación Ambiental Integral (N°27.621) y Ley de Formación Integral en Ambiente para las personas que se desempeñan en la función pública (Nº 27592/Yolanda). Finalmente, alertaron sobre la necesidad de articulación con normas ya promulgadas como las leyes de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, Glaciares o de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y con el Código Minero o incluso el Código Civil, entre otros.

Durante el encuentro en el Senado también se mencionó el tema del agua subsuperficial como un factor determinante de la ocurrencia de humedales. Al respecto, lxs investigadorxs elaboraron un documento junto con dos expertxs que se pusieron a disposición: Eleonora Carol, hidrogeóloga (Universidad Nacional de la Plata) y Carlos Ramonell, geólogo geomorfólogo (Universidad Nacional del Litoral). Dicho documento fue entregado al día siguiente a la Comisión de Asesores del Senado.

Un largo recorrido hacia la Ley

Hace ya varios años que Kandus y Quintana colaboran con el diseño de una Ley de Humedales que permita contribuir a la conservación de estos ecosistemas fundamentales para la vida. En 2013, lxs investigadorxs participaron de un proyecto en el Senado que fue aprobado por unanimidad en el recinto, pero que luego pasó a la Cámara de Diputados perdiendo estado parlamentario. “El proyecto tuvo una segunda oportunidad en 2015, también originado en el Senado”, recuerda Quintana. “En esa oportunidad, volvió a pasar lo mismo: el proyecto se frenó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados”.

Desde entonces, hubo un gran crecimiento desde la academia, desde la gestión y desde diferentes espacios sociales que entendieron la complejidad del tema, los intereses implicados y la necesidad de democratizar el debate. Desde 2020, Kandus y Quintana participan de los debates para lograr un proyecto unificado en la Comisión de Recursos Naturales en Diputados. Actualmente, el proyecto sigue sin tratamiento en las Comisiones de Agricultura y de Recursos Hídricos.

La importancia de la conservación

Lxs investigadorxs coinciden en la importancia de la implementación de una ley, sin bien por sí misma no garantiza la conservación de los humedales. Lo que sí podrá  brindar esta ley es el marco normativo para tratar algunos casos puntuales. “En el marco de una crisis climática y de sostenibilidad de la vida misma, el tema ambiental no puede ser visto de manera fragmentada”, advirtió Kandus. “Los instrumentos legales para la gestión del ambiente deben serlo para defender el derecho a una vida sana de todxs lxs habitantes; en este caso, en relación con los humedales.”

Por su parte, Quintana señaló que “para ser realmente efectiva, la ley debería ir acompañada de una serie de medidas, tanto de la Nación como de las provincias”, y mencionó como ejemplo la Ley de Bosques, sancionada en 2007. “Desde que la sancionaron, hubo incluso un retroceso en la gestión de los bosques. Es claro que una ley por sí sola no garantiza la conservación, pero al ser una ley de presupuestos mínimos compromete a todas las provincias a adoptar ciertas medidas básicas”. El investigador aclaró que ya existen otras leyes ambientales como la Ley General del Ambiente: “Si efectivamente se cumpliera, tal vez no sería necesario implementar una ley de presupuestos mínimos para los humedales. Tiene que haber realmente una vocación política de cambiar la situación ambiental”.