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A veinte años de la sanción de la Ley 25.916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, investigadores de universidades públicas nacionales reunieron en un libro distintas experiencias en torno a la recolección y el reciclado de la basura en diversas partes de la Argentina. ¿Algunos datos? Apenas el 6 % de los residuos es reciclado en circuitos formales y en el país existen 5 mil basurales a cielo abierto.
Todos los días, en la Argentina, se generan alrededor de 53 mil toneladas de residuos, principalmente en los lugares más poblados del país como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia homónima, al igual que las de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Anualmente, esos desechos alcanzan unas 19 millones de toneladas, de las cuales alrededor de la mitad son residuos orgánicos, que pueden ser restos de alimentos o de podas, por ejemplo, mientras que el resto está compuesto por lo que se denominan residuos secos, que incluyen papel, plástico, metales y vidrio, entre otros.
Los datos figuran en el libro ¿Qué hacer con los residuos? Desafíos y propuestas para gestionar distintos materiales: secos, orgánicos, aceites, electrónicos, baterías, pilas, neumáticos, textiles, medicamentos y de construcciones, que compila diversas experiencias, tanto exitosas como fallidas, de recuperación y tratamiento de residuos, junto con una revisión de normativas y políticas públicas que se han ido implementando durante las últimas décadas.
“El libro es un estado del arte sobre las diferentes corrientes del residuo en las principales ciudades del país y constituye un hito en la investigación en este tema, ya que es la primera vez que se hace un análisis de este tipo”, afirmó el antropólogo Francisco Suárez, que es investigador y docente en las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA) y de General Sarmiento (UNGS), durante la presentación de este trabajo, que se realizó a principios de septiembre, y agregó que este texto también “invita a dialogar con la política pública” y a repensar, dentro de unos años, qué sucedió con las experiencias que allí se reflejan.
Se trata de una publicación de descarga gratuita, coordinada por investigadores de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) de la UNSAM, que reúne trabajos de investigadoras e investigadores de distintas universidades públicas del país, que en su mayoría integran la Red de Investigación y Acción sobre Residuos (RIAR). “Esta compilación fue posible gracias al financiamiento público, tanto del CONICET como de la Agencia (I+D+i), a través de dos Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y un Proyecto de Investigación Plurianual (PIP)”, agradeció la investigadora Mariana Saidón, compiladora de esta publicación junto con Santiago Sorroche.
El mecanismo formal de gestión de residuos dominante en la Argentina es la recolección tradicional e indiferenciada de la basura, para su posterior disposición final en rellenos sanitarios controlados, adonde llega alrededor del 65 % de los desechos, o en basurales a cielo abierto, que en el país rondan los 5000, donde termina el resto de la basura. Apenas el 6 % de los residuos es reciclado en circuitos formales, a lo que habría que agregar la actividad de los denominados “recuperadores” o “cartoneros”, que creció luego de la crisis de 2001, como modo de subsistencia de “un alto número” de familias que viven en centros urbanos o alrededores, tal como lo describe el libro.
“Hace veinte años que tratamos de reintegrar los residuos a la industria, y a veces es infrahumano trabajar sin recursos”, cuestionó Susana Izaguirre, cartonera de la cooperativa Madreselva, que se inició en esta actividad hace más de dos décadas, y advirtió que es necesaria una política que acompañe a esta actividad. Además, detalló que actualmente hay más de 620 personas que participan en la cooperativa, en la que “no solo se reutilizan los residuos secos, sino que también cumple un rol social”.
A lo largo de doce capítulos, el libro repasa cómo es la gestión de los distintos tipos de residuos y propone acciones posibles para mejorar esa gestión, teniendo en cuenta no solo el peso estimado en toneladas generadas, sino también evaluando alternativas para su manejo que contemplen la posible incidencia ambiental y sobre la salud de los residuos, ya que algunos materiales varían de peso con el tiempo (como los residuos orgánicos que pesan menos a medida que se secan), mientras que otros tienen poco peso, pero contienen componentes que son peligrosos, como las baterías, los medicamentos o los termómetros con mercurio.
Para el abordaje de estas problemáticas, el texto se basa en el enfoque de gestión integral de residuos sólidos urbanos, conocida como GIRSU, que propone trabajar de manera sistémica, considerando todas las etapas de la gestión y sus relaciones. Además, analiza las posibilidades de inclusión social asociadas a cada alternativa de manejo de residuos analizada. “Nos parecía importante empezar a distinguir, porque cada tipo de residuos tiene sus particularidades, entonces nos separamos en sus grupos y convocamos a especialista en esos residuos”, explica Saidon, que coordina el Área de Ambiente y Política de la EPyG.
En paralelo, la publicación también repasa la legislación vigente y las normativas y políticas públicas que se han ido tomando en distintos niveles de gobierno, ya sea nacional, provincial y municipal. “Pero también habla de la economía de los residuos”, subraya Ricardo Gutiérrez, decano de la EPyG, y destaca que “una de las grandes virtudes del libro es combinar el análisis de la gestión pública con el de la economía de los residuos, entendidos como cualquier otro producto, incluyendo a los recuperadores urbanos como parte de los actores de esa economía”.
Gutiérrez también hizo referencia a la Ley 25.916, de Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, que se aprobó en 2004 con un amplio apoyo pero de manera muy rápida y sin una discusión sólida entre distintos actores sociales intervinientes, mientras que en Brasil, por ejemplo, la sanción de una normativa similar solo fue posible luego de un proceso de “muchísima discusión” y tras años de debate.
“Esa ley sí incluye la responsabilidad del productor, que surgió justamente de esas discusiones”, destacó Gutiérrez y comentó que así como se habla de la necesidad de una regulación que establezca la denominada “responsabilidad extendida al productor”, también es relevante pensar en algún tipo de incentivos fiscales para las empresas que participen en estos procesos productivos. “Estamos muy atrasados respecto de aquella ley de 2004, pero tenemos que avanzar en la discusión sobre la valorización y todos los instrumentos de la gestión pública para crear esos mercados», destacó Gutiérrez.
Por su parte, el especialista Oscar Oslak, que en su libro Merecer la ciudad. Los pobres y el derechos al espacio urbano (1991) analizó la creación del CEAMSE durante el último gobierno militar en Argentina, se refirió a la relevancia de realizar evaluaciones de las políticas públicas implementadas, para poder modificarlas y mejorarlas en función de los resultados obtenidos, y coincidió en que este trabajo evidencia “los enormes déficits de capacidad institucional que existen en los distintos niveles jurisdiccionales del Estado para lograr una gestión integral, circular e inclusiva de los residuos sólidos urbanos”. Al respecto, Oslak señaló que, si bien el Estado es un actor central, no es el único que interviene en estos procesos, que atraviesan a toda la sociedad.
Al cierre, el politólogo concluyó: “El éxito de esa gestión también depende de una efectiva coordinación entre industria, comercio, logística de transporte, recuperadores y consumidores, cuya integración además se modifica en función de la especificidad que tiene cada una de las corrientes o flujos de residuos. Además de la necesaria y compleja coordinación intra e interinstitucional, debe sumarse la exigencia de establecer canales de comunicación fluidos con los distintos actores no estatales que intervienen en este proceso orientado a una gestión integral”.