Las principales conclusiones del informe son las siguientes:

• Si se consideran conjuntamente los indicadores de actividad económica y empleo registrado se observa que su comportamiento se disoció durante el año, dado que la caída de la actividad fue considerablemente más pronunciada que la de los puestos de trabajo del sector formal. El principal motivo que explica este comportamiento reside en las políticas de sostenimiento del empleo implementadas por el gobierno nacional durante 2020 (programa ATP, prohibición de despidos y validación ágil de suspensiones), que lograron mitigar el impacto de la crisis económica sobre el mercado laboral (en particular, sobre el sector formal).
• La  resiliencia demostrada por el empleo formal durante la pandemia contrasta notablemente con lo ocurrido con las inserciones más precarias y vulnerables. Durante el momento más agudo de la crisis, la cantidad de ocupados en empleos informales se redujo 43% y la de trabajadores por cuenta propia, 27%. Esta diferencia pone de manifiesto la necesidad de reducir los elevados niveles de precarización de la estructura ocupacional de nuestro país.
• Los ingresos de los trabajadores concluyen el año habiendo perdido el nivel recuperado entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. A lo largo de esos meses los salarios habían vuelto a ganarle a la inflación, luego de dos años y medio de perder terreno frente a ella. Sin embargo, la interrupción de esa tendencia al inicio de la pandemia produjo una pérdida del poder adquisitivo y al finalizar el año los salarios del sector formal se situaron en un valor similar al de fines de 2019.
• El tema salarial representa un importante desafío para los próximos meses. Su abordaje precisa conciliar el objetivo de alcanzar una coordinación efectiva de precios y salarios para reducir gradualmente la inflación, con el de promover la necesaria y demorada recuperación, que será vital para reactivar el consumo y, de este modo, la actividad económica.