Por Carla Granados Moya (*)

El conflicto armado interno en Perú, conocido militarmente como “guerra contraterrorista”, comenzó en 1980, cuando las organizaciones comunistas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru le declararon la guerra al Estado y al sistema democrático. En 1990, Alberto Fujimori asumió como presidente democrático, con un país en guerra, una economía ahorcada por la inflación e instituciones públicas frágiles. Dos años después, Fujimori dio un golpe de Estado que sostendría hasta el año 2000, de la mano de su asesor Vladimiro Montesinos, “abogado” y oficial retirado del Ejército. Montesinos fue el encargado de implementar y dirigir desde las sombras un complejo sistema de corrupción afín a sus intereses y a los del régimen, que pasaría a denominarse “dictadura fujimontesinista”.

A través de este sistema, Montesinos logró el respaldo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y empleó simbólicamente el  Cuartel General del Ejército como “casa de gobierno” para fomentar su poder. Ello devino en el sometimiento de las corporaciones militares de todos los niveles jerárquicos, desde los más altos rangos hasta los más bajos al servicio del régimen. Además, a través del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos organizó grupos paramilitares de aniquilamiento como el Grupo Colina, que operó directamente bajo su comando con el propósito de hacer la “guerra sucia” a cualquier opositor que osara rebelarse. Hasta este punto, existía una idea estandarizada acerca del unánime y rotundo respaldo de las Fuerzas Armadas a la dictadura, idea que actualmente es cuestionada por el accionar político de los propios militares. 

Más allá del “trauma” que pudo haber originado la “guerra contraterrorista” (por los horrores vividos y cometidos) y la “dictadura fujimontesinista” en las subjetividades políticas de “los militares”, ambos momentos históricos ocasionaron serias escisiones y disidencias al interior de la corporación de efectivos de las Fuerzas Armadas. 

El Ejército fue la institución que más protagonismo obtuvo durante estas coyunturas y la que más devastada resultó, por lo menos moralmente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación responsabilizó a las Fuerzas Armadas por  la muerte de cerca del 35 % de un total de casi 69 mil peruanos muertos. Las víctimas por violaciones a derechos humanos suman más de doscientas mil.

El respaldo que recientemente recibió el actual presidente Martín Vizcarra por parte del alto mando de las Fuerzas Armadas frente a la disolución constitucional del Congreso constituye en sí mismo un acto político. El “sometimiento” que hoy demuestra la corporación de militares activos de las Fuerzas Armadas, a través de su alto mando, a las decisiones del Gobierno, es una evidencia del poder que tienen ahora los militares más antiguos para reivindicarse frente al pasado de humillación que sufrieron durante el régimen fujimontesinista.

Los que hoy conforman el alto mando castrense, hace 30 o 25 años fueron capitanes o tenientes, es decir, los oficiales de más bajo rango que soportaron con sus cuerpos la guerra interna y las miserias producidas durante la dictadura.

Los oficiales veteranos de la guerra interna en situación de retiro también participan abiertamente en la vida política del país. Desde hace algún tiempo vienen ocupando los más altos cargos públicos al liderar incluso ministerios formando parte de los sucesivos gabinetes de Estado.

Sin embargo, el hito más importante en la reaparición de “los militares” en la vida política del Perú reciente provino de otro grupo: los más de medio millón de soldados de tropa veteranos, que se movilizaron y respaldaron políticamente a Ollanta Humala Tasso. Ollanta, también veterano que combatió a Sendero Luminoso como capitán, fue electo presidente en 2011 y gobernó hasta 2016. 

Estos soldados de tropa veteranos, que hoy tienen entre 35 y 55 años, fueron en su mayoría reclutados forzosamente por el Estado cuando eran niños, adolescentes y jóvenes a través de la aplicación arbitraria de la ley del Servicio Militar Obligatorio. Ellos fueron los cuerpos, la carne de cañón que necesitó el Estado para derrotar a Sendero Luminoso. Este grupo social abrumadoramente andino y amazónico es el que guarda mayor resentimiento en contra del Estado y vienen poco a poco conteniendo sus posiciones radicales para fortalecer su estrategia política dentro del sistema democrático, aunque esta decisión pueda pender de un hilo. 

Ellos ahora están levantados reclamando sus derechos frente al Estado como veteranos de guerra, demanda que aún no ha sido atendida. Acabada la guerra, no existió ninguna política pública que los beneficiara y los recuperara de las múltiples afectaciones físicas y psicológicas, propias de una guerra. Son los vivos que parecen muertos.

Los menos visibles, muchas veces son los más eficaces. Ahora mimetizados entre la población civil, vienen formando su propios cuadros y partidos políticos y creando sus plataformas de reivindicación, así como buscando nuevamente la más alta representación política. Desde 2016 están organizados en la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú. 

Los veteranos están allí, manteniendo su promesa de “tomar las armas cuando la patria esté amenazada”, de un “enemigo interno” o “externo”. Ellos, los veteranos, ya no tienen miedo a la muerte porque sobrevivieron a ella, saben que sus cuerpos recuperaron la democracia que ahora tambalea ante sus ojos. Mientras este movimiento crece cada día, a los demás solo nos queda apoyar de manera férrea la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia pronta y efectiva, deseando que la chispa y los sonidos de fusiles que guardan en su memoria no se vuelvan a activar.

(*) Es historiadora y candidata al doctorado en Antropología del Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL-CREDA) – Université Sorbonne Nouvelle Paris III.  Especialista en los estudios de memoria de los veteranos de guerra en el Perú.

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