La muerte evitable de Patricia Solorza, estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social (IDAES) y de la Diplomatura en Gestión Cultural y Comunitaria (IAMK) del Centro Universitario San Martín (CUSAM), nos remite a una cadena de responsabilidades cuyo primer eslabón es una política criminal determinada, sin letra pero con un objetivo claro. En palabras de Esteban Bullrich, “el camino que hemos emprendido todos los días tiene un pibe más que está preso”.

La política de criminalidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es cuantitativa y se rige por la lógica de cuanto más, mejor, sin importar el cómo. Este punitivismo se erige en la opinión pública de los electorados meta, con quienes se establece un contrato tácito de recepción: el Gobierno le habla a un destinatario ávido de tal discurso. Muertes como la de Patricia Solorza, en el contexto y desidia de la “emergencia penitenciaria”, son la consecuencia directa de dicha política estatal bonaerense.

Los días 1 y 8 de agosto, científicas/os del CONICET, personal superior retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPF), docentes y equipo de gestión del CUSAM, actores del poder judicial y expertos en distintas áreas del sistema penitenciario (arquitectura penitenciaria, legislativa y reglamentaria, tratamiento, formación, capacitación y actualización del personal penitenciario e integración sectorial, nacional y regional) se reunieron con el exsecretario de Política Penitenciaria y autor del Plan Director de la Política Penitenciaria Argentina (1995), Julio Aparicio, para dar una discusión tan necesaria como urgente: una política penitenciaria integral que retome los objetivos de ese plan.

Coordinado por la directora del CUSAM, Natalia Ojeda, y por la investigadora y docente del Centro, Andrea Lombraña, el debate se orientó hacia la construcción de un documento centrado en el objetivo principal de “promover las reformas necesarias que exige una sociedad en pleno cambio” coincidiendo con las Naciones Unidas en aquello de que “la justicia social constituye un mejor medio de prevenir la criminalidad”.

Durante dos jornadas de trabajo desarrolladas en el Polo Científico Tecnológico (CONICET), los participantes coincidieron en la necesidad de retomar la responsabilidad estatal sobre la cuestión penitenciaria como una cuestión social, algo que el Plan Director entendía en clave de “resocialización” de las personas privadas de su libertad ambulatoria.

Por el contrario, el Plan Estratégico Operativo del SPF 2016-2020 propone hacer lo que haya que hacer para garantizar la seguridad pública, de la forma más rápida posible. De acuerdo con este documento, se trata de “garantizar la uniformidad y la celeridad en la actuación de la administración penitenciaria” y “disminuir los índices de criminalidad en forma rápida y confiable y fomentar la integración social de las personas privadas de la libertad como eslabón para una más y mejor seguridad pública”.

Desde el CUSAM consideramos que los principales actores involucrados, los expertos y la sociedad en su conjunto deben discutir y trabajar en una reforma penitenciaria integral que parta del sistema federal para luego ser replicada en el provincial. Esta discusión imprescindible y urgente comenzó a desarrollarse en esta mesa de trabajo inédita, que contó con la participación de cuadros de conducción del SPF y referentes académicos del campo carcelario.