El Gobierno nacional presentó el 5 de abril en la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley para la “Regularización del empleo no registrado”. La propuesta recupera, con algunos cambios, las ideas que ya habían sido explicitadas en los distintos proyectos de reforma laboral que el Poder Ejecutivo envió al Congreso desde 2017.

El proyecto revierte el esquema de premios y castigos que debería aplicarse a los casos de informalidad laboral.

Mientras se fijan recompensas (exención de sanciones, multas y deudas, eliminación de contribuciones patronales, etc.) para los empleadores que contraten trabajadores de manera informal, los trabajadores no registrados serán penalizados mediante la reducción de la indemnización correspondiente por haber sido empleados de manera irregular y con el mero reconocimiento de cinco años de relación de dependencia para aquellos que tengan mayor antigüedad.

Si se toman como ejemplos las actividades de comercio y construcción (sectores con alta incidencia del empleo no registrado), la indemnización especial para el trabajador informal se reduciría entre un 70 % y un 80 % respecto de la del régimen actual.

Además, la propuesta del Gobierno produce una nueva afectación de los recursos de la seguridad social a través de una nueva rebaja de las contribuciones patronales (que se suma a la reducción ya incorporada a través de la reforma tributaria aprobada a fines de 2017).

Debido a las características específicas de los empleos informales, es previsible que una iniciativa de estas características tenga un impacto muy acotado sobre la reducción del trabajo no registrado.

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