Por Gaspar Grieco | Fotos: Leandro Martínez

El caso del niño con síndrome de Asperger que fue separado de su curso en un colegio del partido de Merlo causó un enorme revuelo e inundó las redes sociales. La psicopedagoga y especialista en educación especial de la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la UNSAM Susana Ortiz reflexiona sobre el hecho y propone “pensar más allá de los diagnósticos médicos” teniendo en cuenta el entorno social. “El diagnóstico médico hace que se tienda a pensar que todos los niños con cierto síndrome o discapacidad tienen las mismas características. Justamente, es al revés: cada persona es en su singularidad y en su relación con el contexto”, señala.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006. En 2008 fue promulgada como ley nacional y adquirió jerarquía constitucional en 2014. En su artículo 24, esta ley determina que “las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan” y que se faciliten “medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”.

Asimismo, el artículo 42 de la Ley de Educación Nacional establece que “la educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”.

Al respecto, Ortiz —quien fue profesora del recordado Juan Carlos Tedesco— advierte que “las leyes existen y son completas, el asunto es que se apliquen en cada institución”.

¿Cómo está planteada y cómo debería plantearse hoy la educación para los chicos con discapacidades?

Durante muchos años se plantearon dos caminos paralelos: la educación especial y la educación común. Al niño que tenía alguna particularidad se lo derivaba a una escuela especial, donde se encontraba con maestros que tenían mayor formación en esos temas y grupos reducidos de no más de diez alumnos. La escuela especial surgió para que no quedaran niños fuera de la educación, pero en este momento se está reconfigurando. Ahora plantea que los niños con determinadas características vayan a la escuela común y que los profesionales en educación especial hagan el apoyo en el aula, como acompañantes, para facilitar la interacción con sus compañeros y con los docentes.

Para eso sería necesario capacitar al cuerpo docente y regularizar su situación salarial.

Ante todo, creo que hay que reformular nuestras representaciones acerca de las personas con discapacidad y tener claro que no todo depende de un diagnóstico médico. Incluso en las normativas actuales está claro que el problema tiene que ver con las barreras para el aprendizaje y la participación, en su mayoría impuestas por el imaginario social; durante muchos años, se dijo que la maestra no tenía por qué saber sobre educación especial, pero, en realidad, el docente tiene que saber de todo. Además, hay que trabajar con equipos transdisciplinarios que busquen minimizar las barreras de la representación que la mayoría tiene sobre los chicos con algún síndrome o discapacidad. No podemos ponerle techo a un chico con estas características. Además, tenemos que mejorar las condiciones laborales e institucionales de las escuelas. La capacitación es importante, pero no es lo principal. Lo más importante es el trabajo en equipo.

Para tener una educación integral desde la escuela primaria, ¿es adecuado el actual sistema educativo en el que los niños tienen maestros diferentes año tras año?

Estoy convencida de que se puede trabajar por ciclos y por proyectos. El sistema educativo ha hecho pequeños avances y, en general, siempre se intentó mantener la continuidad de los docentes en los grados iniciales. Estas son cuestiones que hay que analizar en profundidad y respetando la complejidad de cada uno de los chicos.

¿Desde la comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la UNSAM qué actividades realizan en ese sentido?

Trabajamos en el nivel superior, en el que los alumnos tienen contenidos complejos y mucha diversidad de materias. Junto con profesionales de la Biblioteca Central, apuntamos a lograr la accesibilidad correspondiente a cada carrera. Además, desde hace dos años trabajamos en el programa Políticas de Discapacidad para Estudiantes Universitarios (PODÉS) del Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de un programa que busca fortalecer la accesibilidad y en cuyo marco se dictan cursos de capacitación para docentes de las universidades nacionales de General Sarmiento, Luján, Moreno y San Martín, y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Allí se ponen en marcha estrategias y reflexiones facilitadoras para que todas las personas con discapacidad tengan acceso al nivel universitario.