“A falta de un sistema nacional de archivos en vigencia efectiva, acuerdos binacionales de este tipo ofrecen parches inteligentes con que cubrir nuestra pobreza en materia archivística. Quiero aclarar que con ‘pobreza’ no me refiero solamente a la falta de presupuesto destinada a nuestros archivos nacionales, provinciales o municipales, sino a la ausencia o a la precariedad de políticas de Estado orientadas a la preservación, la organización, la catalogación y el acceso público de dichos fondos. Y ante un Estado ausente, la situación es de abandono, de dispersión, de deterioro, de opacidad, incluso de pérdida documental”, afirma Tarcus.

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