Por Gaspar Grieco | Fotos: Archivo 3iA

Alimentados por los desbordes fluviales, las lluvias o el aporte subterráneo, los humedales son ecosistemas en los que el agua juega un papel fundamental: son uno de los hábitats más diversos y productivos de la Tierra y ofrecen a la sociedad más del 40 % de los servicios de todos los ecosistemas. Y, si bien estas reservas de agua dulce y biodiversidad son vitales para millones de personas, el avance de la frontera agrícola, el desarrollo industrial y urbano, y la explotación ganadera indiscriminada amenazan su supervivencia.

En abril de 2013, la senadora Elsa Ruiz Díaz (FpV) presentó el Proyecto de Ley sobre Presupuestos Mínimos Para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales. Posteriormente, el senador Rubén Giustiniani acercó otro proyecto con objetivos similares. En noviembre de ese año, y luego de una serie de negociaciones que permitieron consensuar un proyecto único, la Cámara de Senadores otorgó media sanción a la propuesta. En la lectura del documento, los especialistas en humedales del Instituto de Ingeniería e Investigación Ambiental de la UNSAM (3iA) Patricia Kandus, Priscilla Minotti y Rubén Quintana —presidente de la Fundación Humedales— identificaron algunas imprecisiones técnicas, por lo que, a principios de 2014, el equipo decidió reunirse con asesores de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados a fin de acercar sus comentarios y sugerencias.

El proyecto ingresó luego a la Comisión de Recursos Naturales, desde donde fue enviado a los consejos federales COFEMA y COHIFE, que no aprobaron la propuesta. Al respecto, Quintana explica: “En su momento, planteamos cuestiones técnicas sobre algunos artículos específicos, respetando el articulado original, sin ser exhaustivos”. El proyecto no llegó a la Cámara Baja y perdió estado parlamentario.

En 2015, y como consecuencia de las graves inundaciones que sufrió el país, el tema volvió recuperar interés legislativo y hubo intentos por reflotar infructuosamente el proyecto de ley. Distintas fuerzas políticas mostraran su intención, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, de presentar anteproyectos sobre la conservación y el uso sustentable de los humedales. En este contexto, los investigadores del 3iA consideraron necesario reflexionar sobre la modalidad de presentación de leyes de presupuestos mínimos para diferentes tipos de ecosistemas (bosques, glaciares, humedales) dada la ausencia de una articulación efectiva entre ellos y un encuadre dentro de la Ley General del Ambiente —que, según los especialistas, debería funcionar como marco legal para toda la normativa ambiental a nivel nacional—. Los investigadores de la UNSAM también plantearon la necesidad de un debate amplio y democrático, en el cual pudieran participar distintos actores de la sociedad (legisladores, académicos, organizaciones de la sociedad civil, profesionales, productores e instituciones gubernamentales).

Al respecto, Kandus sostiene: “El proyecto de ley que se trate tiene que surgir desde el consenso y un debate amplio acerca de cómo proteger a los humedales en forma sustentable. A través de este documento, planteamos a los legisladores que, antes de sancionarlo, es necesario debatirlo ampliamente”.

El documento elaborado por el equipo de investigación destaca la importancia de impulsar el debate: “Se trata de una nueva oportunidad que debe ser aprovechada y para la cual es necesario replantear los objetivos que debería tener la ley, para poder encuadrar la propuesta dentro de una estrategia que valore y reconozca la importancia de los humedales como proveedores de valiosos servicios ecosistémicos”.

En el mismo documento, los científicos de la UNSAM argumentan que, para una adecuada aplicación de la ley —si es sancionada—, es necesario precisar aspectos técnicos específicos sobre los humedales. En el caso particular del inventario de humedales, por ejemplo, atar la vigencia de la ley a su realización podría ser totalmente contraproducente. Comparado con otros ecosistemas (como los bosques), la experiencia internacional indica que el inventario de los humedales es un proceso sumamente complejo que involucra enfoques particulares y diversas escalas de análisis. “Su implementación para algunas escalas (de paisaje o regional) puede ser centralizado por un organismo. Pero, en el caso del inventario detallado relativamente equivalente al desarrollado en el marco de la Ley de Bosques, su desarrollo probablemente deba ser llevado adelante en forma descentralizada (por organismos de gestión municipales, provinciales o instituciones de investigación regionales), algo que requerirá de un capacitación previa y una supervisión central para lograr un producto de calidad y equivalente para todo el país”, advierte Kandus.

Asimismo, el documento pone especial énfasis en la necesidad de trabajar según los requerimientos de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), sancionada en 2002, que es el marco regulatorio amplio. “Nosotros pedimos que se le dé más peso a la Ley General del Ambiente, que tiene una serie de herramientas muy bien fundamentadas. Si cada ley estableciera sus criterios para cada ecosistema sin tener en cuenta los otros, se tergiversa la idea”, completa Quintana.

Al respecto, el documento pone como ejemplo la noción de “ordenamiento territorial de humedales”, por considerar que los distintos ecosistemas se encuentran relacionados por flujos de materia, energía y especies —las transformaciones que se operen en los ecosistemas vecinos a un humedal necesariamente los afectará—. “Hacer un ordenamiento territorial para cada ecosistema sin tener en cuenta el resto  sería inapropiado”, señala Minotti. “Nuestro planteo habilita la posibilidad de que haya alguna instancia en la cual pueda hacerse un análisis que indique cuál es la situación de la Ley General del Ambiente y los aspectos pertinentes de los códigos civil y penal relevantes para una ley de presupuestos mínimos de humedales”.

Pero existe otra dificultad que puede frenar los avances en el cuidado de estos ecosistemas: los intereses económicos y políticos de la producción a gran escala. En este sentido, Kandus advierte: “Los humedales ocupan áreas donde confluyen muchos intereses, áreas sometidas a la especulación inmobiliaria, afectadas por monocultivo, por la ganadería intensiva, por la minería, etc. Una ley de presupuestos mínimos sobre humedales pone de manifiesto la necesidad de un marco regulatorio de las actividades para que no se pierdan los servicios que ofrecen estos ecosistemas al conjunto de la sociedad”.

De este modo, los miembros del equipo de investigación del 3iA que redactaron el documento —cuyo contenido cuenta con el visto bueno de colegas de otras instituciones— afirman su compromiso con la sociedad: “Yo siento la obligación moral de investigar en pos del desarrollo productivo y social del país, pero con una visión sustentable”, sostiene Quintana. “Hacer esto es parte de nuestra ética y de nuestra ideología, porque trabajamos y producimos información que tenemos que difundir a la sociedad”, agrega Minotti. “La mejor ley no es la que sale rápido sino la que se puede aplicar y promueve el bien común, por eso trabajamos y llamamos a hacerlo de manera conjunta”, concluye Kandus.

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