Al menos cinco personas desaparecidas, tres asesinadas, doscientas detenidas y ochocientas cesanteadas para imponer una transferencia del conocimiento en favor de las necesidades del sector privado y las corporaciones. La historiadora del Centro José Babini de la UNSAM Cecilia Gárgano adelanta los resultados de su investigación, que saca a la luz los intereses “científicos” de la última dictadura militar. El trabajo inspiró un convenio entre el CONICET y el INTA.
La historia argentina reciente y la historia social de la ciencia eran dos temáticas que me convocaban pero eran, aparentemente, divergentes. En algún momento vi “M”, la película en la que Nicolás Prividera relata la búsqueda de datos sobre Marta Sierra, su madre y una de las cinco personas desaparecidas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura militar. En aquel momento, no sabíamos que habían al menos cinco desaparecidos, tres asesinados, doscientos detenidos y alrededor de 800 cesanteados.
Continué en paralelo con las lecturas sobre el Terrorismo de Estado y registré que las referencias a la producción de conocimiento remitían al vaciamiento universitario, al embate sobre las ciencias sociales. ¿Y la producción de ciencia y tecnología había cambiado? ¿Se había relacionado con las transformaciones económicas? ¿Cómo había operado la represión en estos ámbitos?
En 2010, esos interrogantes se transformaron en una investigación doctoral, que abordó el estudio de las condiciones de producción de ciencia y tecnología durante la dictadura. Y pronto se centró en el INTA. ¿Por qué? La importancia del agro en términos económicos y políticos, la presencia del Instituto a lo largo y ancho del país y la magnitud de su intervención militar bastaron como razones.
El trabajo realizado rastreó cambios y continuidades en los contenidos, objetivos y destinatarios de los conocimientos producidos. Y sus conexiones con las transformaciones operadas en el agro dentro del proceso nacional de acumulación de capital, en las políticas sectoriales y en los modos en los que operó el disciplinamiento en el organismo.
Su materia prima fue un entramado que incluyó testimonios de trabajadores del organismo, documentos elaborados por los servicios policiales que se infiltraron en el INTA con anterioridad al Golpe y actas del Consejo Directivo, entre otros materiales de investigación. Desarmar ese rompecabezas permitió reconstruir cómo se armó el “mapa” de datos de trabajadores del organismo en los años previos y cómo se instrumentó durante la intervención militar, cuyas dos principales unidades afectadas no casualmente fueron Pergamino y Castelar, las de mayor movilización gremial y política.
Cómo fueron obturados los debates que desde distintas posiciones cuestionaban para quién y para qué debía trabajar el INTA. Cómo los discursos del Consejo Directivo, integrado por las principales corporaciones agropecuarias, hablaron de “sanear” la institución, y el lenguaje técnico (de saneamiento vegetal y animal) se tradujo en depuración al interior del Instituto. Cómo se transformó la inserción comunitaria, donde los extensionistas rurales recordados “como el médico clínico del pueblo” se abocaron a la transferencia de tecnología para grandes terratenientes. Cómo se impulsó la cesión de materiales (como los recursos fitogenéticos) del ámbito público al privado, y cómo el perfil de las investigaciones se articuló con la fuerte concentración de capital del sector, que por entonces expulsaba a miles de pobladores del campo.
Hoy comenzamos, en forma colectiva, una nueva etapa de trabajo. La firma de un convenio reciente entre INTA y CONICET inaugura un nuevo espacio de investigación, que ampliará estas líneas de estudio, se dedicará a recuperar y conservar documentos, estudiará las memorias en tensión en las comunidades institucionales y avanzará sobre las intervenciones militares de otros organismos de ciencia y técnica. Nuestro pequeño aporte buscará contribuir a reconstruir la dinámica histórica del pasado científico y tecnológico reciente. También, a reparar en los desafíos aún pendientes para que el conocimiento generado en el ámbito público se oriente a resolver las necesidades sociales de las grandes mayorías.
El trabajo será ejecutado desde el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini de la UNSAM con la colaboración de otros becarios de CONICET.
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Fui cesanteado hace 40 años ley 21260 de la AER Choele Choel por Delio JCalvar y Pir Ali Sanchez funcionales entonces a la epoca negra de la institucion ,los que implementaron las normas de la dictadura en Rio Negro. Carlos Casamiquela me nego el reingreso siendo con su actitud el mismo funcional a los dictados de la dictadura. Los tres viviran arrodillados como estuvieron toda su vida. Hoy a punto de jubilarme hasta se me niega los derechos que he presentado ante la Institucion para gozar de los aportes el tiempo en que se me cesanteo.
Lamento profundamente que en una institucion donde me forme(hasta estudio de postgrado logre) se reivindique a estos nefastos personajes ,humana y tecnicamente mediocres que han venido ocasionalmente a ocupar cargos directivos en beneficio puramente propio de ellos, siendo parte de la pagina negra escrita en INTA: