El rector Carlos Ruta habló como amicus curiae ante la Corte Suprema en la audiencia pública convocada sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la que el Estado Nacional y el Grupo Clarín debieron presentar sus argumentaciones acerca de algunos artículos que fueron cuestionados judicialmente.

La participación de la Universidad, que fue aprobada por Consejo Superior, estuvo centrada en el artículo 45 que establece limitaciones a la concentración de licencias a fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local.

Pocas veces un texto puede expresar tan bien su proceso de creación. Antes de que las palabras resonaran en las siete sillas de roble y cuero de la Corte Suprema, convergieron en un solo documento, discusiones y reflexiones múltiples. La polifonía que defiende la ley se hizo carne en los aportes de 32 académicos de distintas disciplinas de la Universidad. Ciencias Políticas, Sociología, Historia, Economía, Cultura y Arte, Filosofía, Antropología, Comunicación y Derecho fueron las diferentes vertientes desde las cuales se trabajó para hacer aportes a la discusión de la Ley de Medios.

“Antes de esos 6 días y noches de reuniones, el término de amicus curiae era desconocido para muchos”, recordó Alexandre Roig, secretario académico de la Universidad y uno de los integrantes del equipo que trabajó en el documento. El miércoles 21 de agosto, sin embargo, decenas de textos llegaron como afluentes a un cauce común. Todos aportaron argumentos diversos  para discutir la constitucionalidad del Artículo 45. “El primer debate fue sobre la naturaleza del texto. ¿Teníamos que aportar exclusivamente argumentos jurídicos o nuestro rol estaba en poder dar elementos conceptuales? Finalmente después de varias horas de maduración acelerada, se acordó que el escrito oscilaría entre la interpretación de la letra y la profundización  del espíritu de la ley”, señaló Roig.

Empezó entonces un desafío de convergencias de lógicas discursivas, de argumentos que aspiraban todos a pensar la democratización de la palabra. De las 90 páginas iniciales se pasó a 40; después a 30 para llegar, finalmente, a las 20 que exigía la Corte. Los amantes de la epistemología estarían felices de verificar una vez más que el trabajo académico es iterativo, cooperativo y que lo que funda esa acción es el trabajo incorporado y la generosidad. El don de las ideas y de su tiempo, el abandono del nombre propio y de la lógica del autor. Pero también, y tal vez sobre todo, el compartir horas que permiten hacer cuerpo ideas y amistades.

“Democratizar la palabra no es otra cosa que defender esa diversidad y pluralidad frente a la posibilidad (siempre latente) de que alguien pretenda arrogársela para sí.

Como la tierra, la moneda y el trabajo, la palabra no es una mercancía sino en un sentido ficticio. Por eso las decisiones concernientes a su producción y su circulación no pueden ser libradas a las reglas comunes del intercambio”, señaló Ruta en su presentación. “Entonces, ¿cómo garantizar el interés público ampliando las libertades de todos los ciudadanos a informarse y a formarse de acuerdo con sus propios criterios culturales? Precisamente con la herramienta que la democracia constitucional ha previsto: la regulación por la norma. Frente a los poderes de hecho, le corresponde al Estado contrarrestar las distorsiones que producen las asimetrías de producción y de circulación de la palabra, limitar la potencia de los actores. Es un atributo y deber del Estado garantizar el interés público por la pluralidad y la diversidad de voces”.

El Rector recordó que ya “Montesquieu había advertido que hay un dato de experiencia: los poderes sin límites ni control tienen a concentrarse y a acumularse en forma absoluta, a transmutarse, en ausencia de reglas, a convertirse en lo que Luigi Ferrajoli denomina “poderes salvajes”. De aquí la necesidad de repensar el sistema de las garantías constitucionales”. Y precisó “lo que podemos llegar a ver en nuestras sociedades es que un poder patrimonial, el poder empresarial de la propiedad se sobreimponga a un derecho de libertad de rango constitucional”.

“Los servicios audiovisuales son hoy un lugar público decisivo para la formación del sentido común y del consenso. Su apropiación equivaldría a un disciplinamiento del debate público. De esta forma una parte esencial de la esfera pública se convierte en objeto de apropiación privada. Nos encontramos frente a un grave riesgo, que es la subordinación de la libertad de información a la  propiedad de los medios. La cuestión más radical aquí en juego podría plantearse del siguiente modo: la libertad de información ¿es una variable dependiente del mercado o es un principio y un derecho fundamental constitucionalmente establecido? Su garantía ¿es simplemente un problema de antimonopolio o más bien y ante todo es un problema autónomo de libertad y democracia?; ¿no está en juego aquí también la posibilidad de existencia y expresión de las voces de los grupos diversos, minoritarios, subalternos?”.

“Sabemos que estamos frente a reformas complejas”, culminó Ruta. “Pero hay que tomar conciencia de los términos dramáticos del problema: lo que está en juego es la libertad fundamental y la democracia. La superación de las aporías del presente requiere el fortalecimiento de una cultura constitucional y una concepción de la democracia como un sistema frágil y complejo de separaciones y de equilibrio de poderes, de límites y garantías. Nos encontramos ante el siguiente dilema: o los poderes salvajes o las instituciones de garantías de los derechos constitucionales fundamentales”.

Lea aquí la Exposición de Carlos Ruta

Lea a continuación el Paper completo presentado por la UNSAM a la Corte Suprema de Justicia

La Universidad Nacional de San Martín es una de las diez organizaciones intermedias que participaron del debate bajo la modalidad de Amicus Curiae (amigos de la Corte): terceros que están habilitados a dar argumentos y así colaborar para que el máximo tribunal pueda tomar una decisión. Además de la UNSAM participaron, por parte del Estado: la Universidad Nacional de Lanús, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Confederación Cooperativa de la República Argentina y la Asociación Americana de Juristas. Por parte de Clarín lo hicieron el Observatorio Iberoamericano de la Democracia, la Organización de Asociaciones de empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica; la Asociación Internacional de Radiodifusión junto con la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa); el Comité del Consumidor y el abogado Lucas Grossman. También participó la Defensoría del Público.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada en 2009 por el Congreso de la Nación. Sin embargo, todavía no fue aplicada debido a una medida cautelar otorgada al grupo Clarín.