Cada lunes, en la sede de Paraná 145 de la Ciudad de Buenos Aires, se produce un espacio de debate y discusión entre investigadores argentinos y extranjeros y alumnos de todas las maestrías del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El 21 de mayo fue el turno de Esteban Serrani, sociólogo, becario del CONICET y docente de esta casa de altos estudios, que disertó sobre Estado y acumulación privilegiada en la Argentina reciente: el caso de YPF y la industria petrolera.

Serrani se propuso analizar el impacto que el desarrollo económico genera en la sociedad. Dijo que ciertas prácticas empresarias y un Estado determinado pueden favorecer estrategias de acumulación económica, como ocurrió con la industria petrolera. Y se refirió a la teoría formulada en 2009 por Ana Castellani, directora de la Maestría en Sociología Económica de la UNSAM, que define los Ámbitos Privilegiados de Acumulación (APA) como un entramado de relaciones sociales, ganancias extraordinarias para un conjunto de firmas privilegiadas y rentas de privilegio obtenidas por transferencia estatal y no por competitividad. Indagó en las consecuencias que el modelo generó y repasó los decretos y leyes de la década del ´90 que privatizaron YPF y permitieron que la empresa fijara sus propios precios, tuviera libertad para exportar el producto obtenido de un recurso natural y no reinvirtiera a largo plazo y que el Estado dejara de controlar las concesiones y perdiera su capacidad de disciplinar el capital. “La energía se transformó en un commodity, en mercancía, totalmente alejada e independiente del proceso de desarrollo económico del país”, dijo el sociólogo.

Luego mostró cómo decayó la extracción de petróleo y se perdieron significativamente sus reservas e hizo un paralelo con otros casos de políticas neoliberales en América latina.

En el último capítulo de su exposición, Serrani repasó cómo entender la nueva ley de soberanía hidrocarburífica (Nº 26.741) promulgada hace semanas y destacó el artículo primero, que declara de interés nacional el logro del autoabastecimiento y la explotación de hidrocarburos; la creación de un consejo federal;  la expropiación del 51% de las acciones de YPF, porcentaje que a la vez se divide en 51% a cargo del Estado nacional y 49% para las provincias; el cerco a la transferencia de acciones y la constitución de un nuevo directorio. “La ley asume un fortalecimiento de capacidades estatales, prevé asociaciones estratégicas con otras empresas donde se reunirá el know-how con el capital y permitirá considerar el estado real de los pozos (…)”, dijo. Y concluyó, en rescate de la política de Estado actual: “La expropiación no es un fin en sí mismo sino un punto de partida”.