Dirección de Género y Diversidad Sexual
Las dicotomías entre la ley y la práctica. El transodio y la disputa por un nuevo paradigma de la diversidad y el sexo-género. Las nuevas políticas de Estado y el rol de las universidades públicas nacionales. Un análisis de Leandro Prieto, especialista en antropología social y cultural del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM.
Ocho años pasaron ya desde la histórica jornada en la que Argentina sancionó la Ley N.° 26.743 de Identidad de Género. Sin dudas, un gran hito para la población travesti-trans-intersex, el activismo LGTBIQ+, el Estado y la sociedad civil.
Ocho años que vieron reglamentado, desde aquel 9 de mayo de 2012, un instrumento del derecho que, entre otras cosas, dio acceso a las solicitudes de cambio de nombre en el DNI según la identidad autopercibida y permitió la desvinculación de las vías judicial y psiquiátrica para conseguir la reasignación genital. Una ley vanguardista: la primera en el mundo en habilitar la libre expresión de la identidad de género sin procesos tortuosos (la intervención quirúrgica total no constituye una obligación para acceder al documento con la nueva identidad).
Esta ley también permitió incluir en el Programa Médico Obligatorio otras intervenciones quirúrgicas menores, así como tratamientos hormonales. Sin duda, constituyó una referencia jurídica en el ámbito internacional.
Pero los ocho años transcurridos desde su aprobación dieron lugar a alarmantes injusticias. En un país que firmó la totalidad de los pactos y convenciones de derechos humanos, algunas noticias generaron gran desconsuelo entre los grupos militantes que lucharon por instalar la visibilidad y la reparación. Lamentablemente, la mayor parte del colectivo travesti-trans sigue excluido de las garantías del Estado, según expresó el CELS en 2016.
Ni los mencionados tratamientos médicos y quirúrgicos ni la atención hospitalaria integral hoy están garantizados. Como agravante, el acceso a la consulta se ve limitado por actos discriminatorios y violentos en la vía pública, el trato desigual por parte del personal de salud y la falta de consultorios amigables en muchas localidades del territorio nacional. No debería sorprender que la expectativa de vida de este grupo social sea de 35 años, según consta en un informe realizado en 2014 por la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina y la Fundación Huésped.
En 2017, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT contabilizó en la Argentina 103 crímenes de odio —aquellos cometidos contra una persona perteneciente a un determinado grupo social y motivados por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género—. Al año siguiente, se contabilizaron otros 67. La Agencia Presentes destacó que la mayoría de las víctimas LGTBIQ+ de 2018 fueron mujeres trans. También denuncian que 43 murieron por ausencia y/o abandono estatal, hechos que pueden caratularse como travesticidios sociales.
En junio de 2019 ya se habían reportado al menos 10 ataques de odio y dos travesticidios en el país. En los primeros cuarenta días de ese año también hubo —por lo menos— 4 travesticidios sociales, según fuentes provistas por organizaciones activistas. En tanto, la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume que existe una acuciante dificultad a la hora de obtener registros de crímenes de odio hacia personas del colectivo porque no a todas se las registra respetando su identidad sexo-genérica.
La militancia LGTBIQ+ se encuentra activa y demuestra un escenario empoderado mediante su constante trabajo estratégico. Desde el Estado, también se vienen diseñando políticas activas para atender las demandas, si bien las coyunturas políticas variopintas hacen tambalear la progresividad de los derechos.
Un hito reciente que ubica al Estado en la senda de la diversidad lo constituye quizás la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por parte del gobierno actual. Este flamante espacio trabaja de manera transversal, a la vez que atiende demandas específicas desde espacios como la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad o la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Alba Rueda, al frente de la Subsecretaría, es la primera mujer trans en ocupar un cargo ejecutivo semejante. Sin duda, un importante cambio de paradigma.
Desde ese espacio, y junto con representantes de las cámaras Alta y Baja del Congreso de la Nación, Rueda aprueba el proyecto de ley para la inserción laboral en planta permanente del Estado de personas transgénero, transexuales y travestis. El proyecto encuentra su antecedente en la Ley N.° 14.783 –Ley Amancay Diana Sacayán (Provincia de Buenos Aires)–, que a pesar de haber establecido un cupo laboral, continúa sin reglamentación y carece de aplicación. Esta es una deuda pendiente con la comunidad y con la propia Diana, la activista travesti de derechos humanos asesinada al poco tiempo de sancionada la ley.
El ámbito universitario estatal tiene el potencial de fomentar la pluralidad y la justicia social. En muchas oportunidades, sus ámbitos institucionales se involucran en temas sociales que requieren de políticas activas. Tal es así que el pendiente cupo laboral trans reclamado en la órbita nacional de la administración pública hoy se encuentra reglado en algunas universidades (con algunas dificultades de implementación total en las universidades nacionales de Tierra del Fuego, Rosario, Mar del Plata y Comahue).
El principal desafío será la real implementación del cupo laboral en todas las universidades y la optimización de las relaciones interpersonales trans-cis. La incidencia y articulación necesarias para tratar esta asignatura pendiente encuentra un actor fundamental en la Red Universitaria de Género (RUGE). A la fecha, el 90 % de las universidades que integran el Consejo Interuniversitario Nacional aprobaron protocolos de actuación que contemplan la violencia y la discriminación a la población trans.
La Dirección de Género y Diversidad Sexual (DGyDS) es un espacio conquistado que ofrece servicios de consejería en casos de violencia de género y de discriminación basada en la orientación sexual y/o identidad de sexo-género. La Dirección también trabaja para la mejora de la convivencia entre docentes, no docentes y estudiantes, y colabora en la resolución de cambios de registro en documentación de estudiantes trans. Además, ofrece capacitaciones sobre la Ley N.º 26.743 y promueve actividades de sensibilización vinculadas con la diversidad sexual, la identidad de género, el arte y la política LGBTTIQ+.
La reciente aplicación de la Ley Micaela en la UNSAM incluye un bloque sobre identidad de género y diversidad. En paralelo, la Dirección atiende consultas sobre sexualidades y prevención de ITS –tarea que se lleva a cabo desde la Consejería Integral en Sexualidades– y la atención, asesoría y acompañamiento a personas que hayan sufrido violencia o discriminación.
Como espacio institucional, la Dirección celebra la consolidación de espacios estatales y extraestatales que aboguen por la progresividad de los derechos de personas trans (hoy doblemente vulnerados a causa de la pandemia de COVID-19, que fragilizó aún más a la calidad de vida de los sectores postergados).
Defensoría LGBT, Derechos Humanos, Género y Diversidad
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