“Ambiente en pocas palabras” es un ciclo para debatir y reflexionar sobre las políticas que giran en torno a los temas ambientales, con capítulos sobre bosques, residuos, contaminación urbana y litio, entre otros temas. El primer episodio ya está disponible en el canal de YouTube de la EPyG. 

Lucas Christel, investigador del CONICET y miembro del Área de Ambiente y Política, es el protagonista de la primera entrega, en la que profundiza sobre la actividad minera a cielo abierto, su marco normativo y las controversias y conflictividad social que genera en Argentina. 

A continuación, los tres principales ejes que plantea Christel sobre la minería en Argentina.  

1. La cuestión minera en números

Para el especialista, hay una multiplicidad de debates que abarcan desde la cuestión del desarrollo económico hasta la protección ambiental. Y contrasta el tema con Chile, que “tiene una matriz minera muy marcada, pero en la cual las exportaciones mineras representan alrededor del 50% de la canasta exportadora total”, lo que representa, en promedio, un 10% del Producto Bruto, con picos de hasta el 20%. 

En Argentina es diferente, advierte Christel. “El pico máximo de la exportación minera, en 2010, llegó 4.5% de la exportación; y en términos del PBI no ha sumado más de 1,5%, con un promedio estabilizado cercano al 1%”. Esto, sin embargo, no significa que la Argentina no tenga potencial minero, pero tampoco significa, per se, ser un país ambientalmente más sustentable. “Hay una serie de controversias relacionadas a la protección ambiental y a la potencialidad de la actividad minera que permean una seria de discusiones que son muy interesantes de abordar”. 

2. El marco normativo: política de Estado y leyes provinciales

La actividad minera en la Argentina tiene que ver con una política de Estado mantenida en el tiempo. En 1993 se promulgó la Ley de Inversiones Mineras que le otorga un régimen general de promoción a la industria minera, en la cual se garantiza 30 años de estabilidad fiscal y jurídica. Esto implica una serie de facilidades impositivas para la inversión de grandes capitales en el sector minero. “Es interesante de remarcar esto porque a pesar de los vaivenes políticos, esta ley ha sido sostenida e impulsada y fortalecida en las subsiguientes gestiones de gobierno”, analiza el investigador.  

Además, esta ley establece un máximo de 3% de percepción de regalías a percibir por las provincias argentinas que son, según la Constitución, las poseedoras originarias del dominio de los recursos naturales. Al respecto, Christel afirma: “Esto a su vez abre una nueva arista de conflicto en la medida que las provincias argentinas tienen la potestad para determinar el destino minero o no en sus territorios”. Y trae a colación el que una serie de provincias como Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego, La Pampa, y Tucumán han sancionado leyes de restricción minera que impiden que se realicen una serie de procedimientos químicos de separación: “estos procesos de sanciones legislativas han estado íntimamente vinculados con la conflictividad social en la cual, sobre todo sectores ambientalistas, tanto con actores políticos como con actores económicos, han pujado por impulsar este tipo de leyes de protección ambiental. 

3. Conflictividad ambiental. El caso de Mendoza y el interrogante del RIGI

Actualmente la actividad minera está en el centro de la discusión política porque está llamada a ser, desde algunos sectores del desarrollismo, una actividad estratégica para resolver las crisis cíclicas de la Argentina en términos económicos, pero también como un sector estratégico en términos de transición energética. 

Luego de la sanción legislativa del régimen de grandes inversiones (RIGI), Christel afirma que las presiones sobre el territorio van a ser cada vez mayores: “Negociaciones políticas y presiones mediante, es probable que alguna de las leyes a las cuales nos referíamos, seguramente vayan a ser puestas en cuestión o se busquen dispositivos políticos para tratar de sortear estasestas regulaciones ambientales en la escala nacional”, adelantó el director de la licenciatura en Ciencia Política de la EPyG.  

Uno de los casos que es más interesante para analizar según Christel es el de Mendoza, dada “la complejidad de actores, de entramados y de vinculaciones existentes en torno a temas mineros”. La Ley 7722 es emblemática en términos de defensa del agua y muestra el vínculo de la sociedad mendocina con el cuidado y la protección del agua sobre todo. Desde entonces, han habido periodos de tensión y de latencia de los conflictos, pero siempre ha habido intentos para sortear esta regulación ambiental.  

En el 2019, con la entrada de un nuevo Gobierno, se derogó la ley y luego fe restituida. “Ahora hay toda una serie de propuestas de diálogos ambientales y un fuerte impulso a nivel provincial para la creación del distrito minero más largo de occidente en donde habría algún tipo de licencia social para operar por fuera de la Ley 7722 con mucha presión de sectores empresariales vinculados al modelo minero y una fuerte decisión política de del Ejecutivo mendocino de avanzar en esta línea”, avisa Christel. Y concluye: “Estas discusiones en torno a modelos de desarrollo de Argentina, formas de resolver las crisis cíclicas económicas, y protección ambiental, van a seguir estando en agenda por los próximos años. 

Lucas G. Christel es Doctor en Ciencia Política y Magister en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Actualmente es Investigador Asistente en CONICET, Director de la Sede Regional Cono Sur y Brasil de Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS), Director de la Licenciatura en Ciencia Política en UNSAM y profesor Adjunto de la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM). 

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