Las tasas de homicidio en Rosario son las más altas de toda la Argentina. El país contabiliza 4,31 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en la ciudad santafecina esa cifra asciende a 22,1: cinco veces más. La tasa de encarcelamiento de la provincia aumentó un 115 % en solo diez años. Investigadores de la UNSAM y de la Universidad Nacional de Rosario aportan datos y argumentos para entender por qué se espiraliza la violencia.
En Rosario los negocios bajan sus persianas más temprano de lo habitual, los bares no se mantienen abiertos durante la noche y lxs vecinxs intentan salir de sus casas lo menos posible. Hay motivos: entre el 8 y el 10 de marzo, sicarios presuntamente vinculados al narcotráfico asesinaron a dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio y dejaron notas amenazantes dirigidas al gobernador Maximiliano Pullaro. “Carguen con muertes inocentes”, apuntaba uno de los mensajes.
Las tasas de homicidio rosarinas son las más altas de toda la Argentina. El país contabiliza 4,31 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en Rosario esa cifra asciende a 22,1. Cinco veces más. De hecho, el municipio bonaerense de La Matanza, que tiene 1,8 millones de habitantes, registró 142 homicidios en 2022, mientras que Rosario contó 287 sobre 1,4 millones de habitantes, según el Reporte Anual Homicidios 2023 de la Provincia de Santa Fe.
¿Qué pasa en la ciudad de Rosario? ¿Por qué hay que lamentar tantas muertes vinculadas o no con el narcotráfico? ¿Qué responsabilidades le caben a las fuerzas policiales, la política local y la política nacional?
El domingo 3 de marzo, el gobierno santafecino a cargo de Maximiliano Pullaro difundió las ya famosas fotos “a lo Bukele” en las que se exhibía el trato humillante al que fueron sometidos los presos tras una requisa en el penal de Piñero. ¿Fueron esas imágenes las que desencadenaron el conflicto que se cobró la vida de cuatro personas inocentes?
El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) presentó denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por “delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado, contra internos de los pabellones 7, 8, y 23, de la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero y del Pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria N.º 16 de Pérez”. Según sus registros, los internos denunciaron que “fueron objeto de vejámenes y tratos crueles y degradantes” y “reportaron casos de sustracción y destrucción de elementos personales”. Además, el diario El Ciudadano de Rosario confirmó que algunos fueron víctimas de las torturas conocidas como “submarino seco” y “submarino ruso”, picanas y abusos de todo tipo.
Enrique Font, investigador y docente titular de la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), dice que “los presos se bancan que los caguen a palos en las requisas. Lo que no se bancan son las torturas y los allanamientos en las casas de sus familiares, a quienes les rompieron todo, les robaron, golpearon y humillaron. Las autoridades de los servicios penitenciarios también dificultan el trabajo de sus abogados, a quienes dejan esperando tres horas para hacerlos pasar”. Todo se hace, según Font, “bajo la excusa de que los penales son un call center y que el crimen se organiza desde ahí”.
A fines de 2023, la tasa de encarcelamiento de la provincia de Santa Fe llegó a 290 presos cada 100 mil habitantes, cuando una década antes era de 135 presos, un crecimiento de 115 % en solo diez años. En el ámbito penitenciario, las nuevas autoridades aumentaron la cantidad y la violencia en las requisas y limitaron el ingreso de las visitas.
José Garriga Zucal es docente e investigador de la Escuela Interdisciplinario de Altos Estudios Sociales (EIDAES) de la UNSAM y se especializa en el estudio de la violencia en la cárcel. “Los homicidios de inocentes en Rosario son un mensaje hacia el poder político y, en este sentido, están vinculados con el efecto que tuvo la requisa a los familiares: las visitas dentro del mundo carcelario son sagradas y se sabe que no hay que pudrirla en ese momento. Si bien es importante trabajar con las visitas para ver quién trae y lleva información para nuevos ilícitos, esta no es la manera. Esos episodios de violencia generaron un malestar en el mundo carcelario, que respondió con más violencia”.
Para definir o caracterizar al mundo narco en Rosario es necesario olvidar todas las películas, series y producciones hollywoodenses (y argentinas también). Si bien las bandas como Los Monos y Alvarado se disputan territorios y cuentan con muchísimo dinero, no existe el “Pablo Escobar rosarino” ni mucho menos un “Comando Vermelho” leproso o canalla que controle la ciudad. Al menos no por ahora.
Los especialistas señalan que el negocio de la droga en Rosario está asociado al narcomenudeo. Se estima que una banda puede tener unos 300 búnkers que funcionan como “cocinas” o sitios de venta en los barrios del denominado “cordón de Rosario”. Si bien estas bandas no controlan la ciudad, Garriga asegura que “manejan el miedo” y advierte que hay elementos para preocuparse por una posterior “cartelización”. Prueba de ello es que una de las notas amenazantes al Gobernador fue firmada por “Zona Norte, Zona Sur y Zona Oeste Unidos”. “Los narcos en Rosario tienen la capacidad de convertirse en estructuras más grandes porque manejan mucha plata. Tal vez no lo desean o no les sirve por ahora, pero hay elementos para empezar a preocuparse realmente porque hay cierto acuerdo entre bandas que están surgiendo desde la cárcel, al igual que como surgió el Comando Vermelho en Brasil”.
Font, por su parte, señala que para entender el alcance del mundo narco en Rosario es necesario remontarse al año 2012, cuando durante el gobierno del socialista Antonio Bonfati se llevó adelante una “guerrita contra las drogas” y se vieron por primera vez grúas demoliendo presuntos búnkers. “Era una cosa patética y ridícula, filmada para la tribuna”, dice el criminólogo y asegura que esos procedimientos construyeron una lógica de supervillanos contra superhéroes contraproducente. “Construir como supervillanos a Los Monos fue catastrófico porque lo único que hizo fue fortalecerlos, levantarles el cartel e invitarlos a un juego en el que el Estado se puso a la par de esa locura. Les dieron una gran visibilidad y los hicieron famosos”, lamenta.
Garriga, además, menciona que hoy los narcos (no solo en Rosario) cumplen funciones en los barrios donde el Estado parece estar ausente: “Dan trabajo y prestan dinero. Es bastante común que un barrio popular prefiera trabajar con un narco antes que con un cura villero o una organización social, porque el narco paga más y vuelve mucho más importante al barrio. Los transas son un banco abierto 24×7 y esa función de prestamistas, en este contexto de crisis social, los vuelve actores territorialmente relevantes”.
El viernes 1 de marzo de 2023, tres policías fueron detenidos bajo sospecha de haber plantado armas para encubrir a una banda narco tras una balacera en el Hospital Provincial, en la que murió el agente Leoncio Bermúdez. El 17 de diciembre de 2023, dos policías fueron detenidos por “resguardar” a un sicario de Los Monos. En 2018, la megacausa de Los Monos puso a varios policías tras las rejas.
“La policía de Santa Fe es la más violenta del país”, enfatiza Font y señala que numerosos hechos delictivos y detenciones “demuestran a las claras la convivencia entre la policía y el negocio de las drogas”. Si bien estas afirmaciones pueden resultar escandalosas, los especialistas aseguran que se trata de un fenómeno que se repite en las grandes ciudades. Pero si bien en las grandes urbes argentinas existe esta convivencia entre el narcotráfico y la policía, ¿por qué en Rosario la tasa de homicidios ligados al narcotráfico supera ampliamente los registros de Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades?
Garriga y Font señalan que la convivencia entre el mundo criminal y las instituciones policiales están mediadas por el poder político a través de un “doble pacto”. Se trata de un fenómeno común en los municipios urbanos a partir del cual el poder político tranza con la policía el control del narcotráfico, pero con el compromiso de que no se generen disturbios, enfrentamientos violentos, asesinatos o la comercialización de cierto tipo de droga.
“El socialismo que gobernó Santa Fe hasta 2018 no quiso ser parte de eso y cortó la regulación del delito. De esa manera, dejó que la policía siguiera haciendo lo que siempre hizo, pero sin estar regulada por la política. Hoy, en Rosario la corrupción es barata porque el Estado no está regulando y, cuando el Estado no regula, hay vía libre para hacer lo que se quiera”, dice Garriga.
Font, por su parte, aclara que el doble pacto en Rosario sigue existiendo, “pero funciona mal, sin regulación” y señala que en la ciudad sucede el fenómeno “absolutamente rosarino” de la “cuentapropización” de la policía. “Hay policías que son empleados de las bandas, socios minoritarios y locadores de servicios permanentes o eventuales. Son cuentapropistas, pero por fuera de la institución”.
La Justicia de la provincia de Santa Fe tiene un bajo porcentaje de esclarecimiento de homicidios. Según el Informe de Gestión 2022 presentado por el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, entre 2014 y 2019 se pudo identificar a los autores en alrededor del 60 % de los expedientes. Pero, a partir de 2020, las resoluciones de las causas comenzaron a decaer: los datos muestran que, en 2022, entre el 41 % y el 70 % de los hechos se concentraron en Rosario.
Sobre las negligencias que abonan este panorama, Font denuncia que la santafecina es “una justicia pésima para investigar homicidios” y remarca que ante denuncias de pagos de una “mensualidad” a la policía por parte de delincuentes, “los fiscales quieren reemplazar a la policía, pero no salen a la calle ni saben investigar”.
Ni bien se conocieron las fotos “a lo Bukele” y la reacción por parte de los delincuentes, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, acusó a los narcos de terrorismo y envió fuerzas federales, que dependen de su cartera. Todo ocurrió durante una conferencia de prensa junto a su par de Defensa, Luis Petri, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. El tono de los anuncios era el de una declaración de guerra contra las drogas o contra carteles.
Como ya fue explicado antes, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en Argentina aún no existen carteles que dominen ciudades, ni una estructura tan poderosa y organizada que se pueda señalar como un enemigo a combatir. Entonces, ¿a quiénes se le está declarando la guerra?
Garriga sostiene que no solo es “peligrosa” una declaración de guerra, sino que puede resultar contraproducente: “Lo que me da miedo es que la guerra narco genere ese monstruo. Porque no fue que se modificó un enemigo: se lo inventó. Y alimentar ese enemigo con todas las dinámicas de la guerra puede terminar construyendo una organización criminal similar a la de un cartel”.
Por último, Font señala que, desde que se sancionó la Ley de Narcomenudeo propuesta por el Ejecutivo, el gobierno de Pullaro demolió numerosos puntos de venta de droga. “Otra función de un circo que puede tornarse peligroso, o redundar en más y peor violencia que la que supuestamente se pretende mitigar”.
Comunicado del CIN: Rosario somos todos
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en representación del conjunto de las instituciones públicas de educación superior del país, abraza solidariamente al pueblo de la provincia de Santa Fe y a sus autoridades constituidas, acompaña con todas sus fuerzas a la ciudad de Rosario y pone a disposición de las autoridades provinciales y locales, a través de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y las Facultades Regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), todas sus capacidades técnicas y profesionales que puedan contribuir a recuperar la paz que Rosario merece con urgencia.
También, el CIN acompaña con decisión el aporte que la UNR está realizando en el marco de las acciones promovidas por la Multisectorial por la Paz constituida en Rosario y pone a disposición su representación institucional en el Consejo de la Magistratura para contribuir a promover las acciones que fueran necesarias para dotar de mejores herramientas a la Justicia Federal para enfrentar un delito de su competencia.
Las autoridades del sistema universitario público de la Argentina advertimos que la Nación toda debe tomar esta situación con la prioridad y urgencia que exige, por su complejidad y magnitud.
Rosario somos todos. Y todos juntos le decimos NO a la violencia, por una Argentina sin mafias.
#RosarioSomosTodos
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
19 de marzo de 2024
WEB UNSAM
