El agua, elemento esencial para la vida, también ha sido motivo de conflictos a lo largo de la historia de la humanidad, incluyendo las llamadas “guerras del agua”.  Una buena gobernanza, con participación activa de los usuarios, a escala de cuenca o subcuenca hidrográfica, es el punto de partida para avanzar en la armonización de los diferentes usos.

Desde el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha consagrado el derecho humano al agua potable, el saneamiento y la higiene. El efectivo goce de estos derechos constituye la base fundamental para posibilitar el disfrute de los demás derechos humanos y alcanzar un desarrollo humano pleno. En este contexto, la Agenda 2030 consagra el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 a “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.

En nuestro país, la Política Hídrica Nacional está basada en el federalismo de concertación con eje en el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y considera al acceso al agua como un derecho humano básico. 

La provincia de Buenos Aires reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida (cf. Ley Provincial N° 14.782). 

Según la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, si bien más del 80% de la población tiene acceso al agua potable y un 56%, al saneamiento, en los barrios populares sólo un 11,6% accede al agua y un 2,5% al saneamiento. 

Las oportunidades para un buen vivir son inseparables de una mejora significativa en estas cifras, para posibilitar el desarrollo pleno del potencial humano de las personas.

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