En medio de una suba del valor de los alquileres que, en muchos casos, superó los niveles de inflación, se activó una discusión pública sobre la regulación y, puntualmente, se pusó en cuestión la Ley 27551, sancionada en junio de 2020. En este marco, y a contramano de una gran cantidad de voces públicas que parecen encontrar en la ley una explicación lineal para el aumento, Labiano considera que “es difícil saber qué de todo este comportamiento es realmente imputable a la ley” y explica que, entre otros factores, influyen la suba de la inflación en los últimos años y un “desacople” entre las estimaciones realizadas a la hora de iniciar los contratos y los índices reales. “Lo que sucedió en parte es que, hasta alrededor de mediados de 2018, las proyecciones de inflación que hacían las inmobiliarias y les propietaries cuando diseñaban los contratos tendían a subestimar la inflación próxima”, detalla al respecto la socióloga. Y agrega: “yo creo que esto está asociado con que tendencialmente la inflación subió desde 2017, que es cuando empezamos a tener una inflación más sostenida”.

Sobre la situación global del sector la experta destaca la falta de datos respecto al mercado. Según ella, es incluso difícil conocer los valores de los alquileres porque los únicos precios con los que se cuenta son los derivados de los anuncios de los portales inmobiliarios, pero no se conocen los precios de renovación ni actualización de los contratos. “No hay un registro de propietarios, no sabemos cuál es la cantidad de viviendas disponibilizadas para la oferta, y mucho menos sabemos cuáles son las relaciones de alquiler que existen” enumera, y remarca: “el Estado claramente no está interesado en producir estos datos, quizás porque considera que la población inquilina no es relevante o no es sustancial en términos ponderados”.

En este sentido, la socióloga señala que, si bien la problemática de los alquileres es algo propio de las grandes ciudades, se trata de una cuestión que se ha agravado profundamente en las últimas décadas. “En el censo 2001 se mencionaba un 22% de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, con un número un poco menor a nivel nacional”, afirma sobre este punto, y añade que “para el censo 2010, en la ciudad ya había un 29% de hogares inquilinos, y para el 2022 esperamos que ese número esté en torno al 35 o el 40%”. Se dio entonces una fuerte despatrimonialización de los hogares y, a la vez, un proceso de concentración porque, subraya Labiano “a algún lado tienen que haber ido a parar esas viviendas y, a su vez, entre 2000 y 2020 la cantidad de viviendas construidas en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron aproximadamente en 200 mil”.

Específicamente sobre el debate respecto a la actual regulación, la investigadora remarca la importancia de contar con un índice público de actualización ya que esto “permite darle cierta transparencia y cierta claridad a un mercado que es muy opaco”, y añade que las renovaciones también deberían regirse por el mismo índice para que los precios tiendan a converger. “Las relaciones de alquiler hay que tomarlas como análogas a las de trabajo en varios sentidos. Por un lado por la desigualdad que hay entre las partes, por otro lado por el nivel de regulación y de intervención que necesitamos. Nadie cuestiona el derecho a la producción de ganancia de las empresas, sin embargo el Estado si protege a los trabajadores y trabajadoras. Entonces un esquema así es el que hay que pensar, me parece, para las relaciones de alquiler”, concluye.

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