Entre fines de 2021 y principios de 2022 el mercado laboral parece haber reconstruido los deterioros más agudos que atravesó durante la pandemia. La cantidad de ocupados ya superó a la de 2019 y la desocupación se acercó a uno de los valores más bajos desde el año 2003.

El crecimiento de la población ocupada se explicó por la expansión del empleo asalariado registrado y del trabajo por cuenta propia. A su vez, la cantidad de trabajadores creció tanto en el sector privado como en el público.

Sin embargo, los ingresos continúan rezagados. Entre los motivos que explican esta situación se destacan dos situaciones.

En primer lugar, alrededor de la mitad de los trabajadores está inserta en ocupaciones precarias o inestables, que se caracterizan por niveles elevados de pobreza. La proporción de trabajadores pobres llega al 41% entre los cuentapropistas y al 45% entre los asalariados informales. Por su parte, entre los asalariados registrados cae al 15%.

En segundo lugar, el salario de los asalariados formales sólo recuperó dos de los 20 puntos de poder adquisitivo perdidos entre fines de 2017 y 2019.

El principal desafío de la negociación colectiva en 2022 se centra en el devenir de la puja distributiva, en un contexto de aceleración de la inflación. En simultáneo, también aparece la posibilidad de que se incluyan en las mesas paritarias un conjunto de temas no salariales que se instalaron con fuerza durante la pandemia. La salud y seguridad laboral, el teletrabajo, la equidad de género, la organización del cuidado y la transición ambiental son algunos de los asuntos que precisan definiciones por parte de los actores del mundo del trabajo.

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