“La LUC, promulgada en julio de 2020, debe su nombre justamente a que debió ser discutida y aprobada en un lapso ajustado de tiempo –en total noventa días– y es en realidad un paquete de leyes de 400 artículos que aborda temas muy diversos. Entre ellos: endurece las penas para los delitos contra la propiedad privada y crea nuevos delitos como el ‘agravio a la autoridad’; modifica la institucionalidad de la educación, al eliminar la participación docente y su autonomía; habilita a pagar los salarios en efectivo, es decir se abandona la bancarización obligatoria; introduce reformas en el mercado de combustibles, lo que significa desregulación y, en los hechos, aumento del precio; habilita la ‘portabilidad numérica’ que permite cambiar de compañía, lo cual podría perjudicar a la empresa estatal de telefonía móvil; restringe el derecho de huelga y declara la ilegalidad de los ‘piquetes’ –práctica que no existe en Uruguay–, entre otros cambios”, escribió la politóloga.

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