Por Gaspar Grieco

Argentina es el país más demandado del mundo. Se trata de denuncias por parte de inversores privados en tribunales internacionales que consideran que se violaron pautas del Tratado Bilateral de Inversión (TBI) por el cual se vinculan. De esta manera, el país cosecha 62 demandas de las cuales 45 ya han sido resueltas: 39 fueron en favor de los inversores y obligaron al país a pagar multas por un total de 9.200 millones de dólares. ¿De dónde surge este dato? Del libro 25 años de tratados de libre comercio e inversión en América Latina (Plataforma América Latina Mejor Sin TLC), compilado por la investigadora de la UNSAM Luciana Ghiotto.

Los estados latinoamericanos, se afirma en el libro, suscriben estos tratados por tres razones: la necesidad de los estados de atraer inversiones a su territorio, el contexto de desplome de la Unión Soviética y el ‘fin de las alternativas’ al libre mercado y las promesas acerca de que el libre comercio atraería inversión extranjera, la cual empujaría el desarrollo y bienestar de las poblaciones.

Para explicar estos fenómenos es necesario viajar a los ‘90. Durante esa década se expandió la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) a nivel global. En este periodo, en Argentina se firmaron 55 TBI, principalmente con Estados Unidos y países europeos, para establecer las pautas de inversión de sus empresas en nuestro suelo. 

“El objetivo de estos tratados es proteger a los inversores que vienen de otro país. Cuando uno lee los tratados encuentra que todas las cláusulas son para determinar lo que los estados pueden y no pueden hacer con respecto a la inversión que llegan a su territorio, pero de ninguna manera ponen reglas o condiciones al inversor. Esta realidad choca con los intereses de los países de generar políticas de desarrollo”, explica Ghiotto, docente e investigadora de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG).

Un caso emblemático sucedió en 2012, cuando el Estado argentino expropió las acciones del grupo español Repsol para avanzar en la nacionalización de YPF. La empresa respondió presentando demandas en tribunales de París, Estados Unidos, en la Justicia Argentina y en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El resultado: en 2015 el país pagó 5.000 millones de dólares para dar por terminado el caso, montó que superó 5 veces la inversión en salud de 2019.

Estas situaciones se observan en toda la región. América Latina fue demandada en 303 ocasiones, lo cual representa un 27,4% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial. De ese total, el 62% fueron resueltas en favor de los inversores privados y los gobiernos fueron obligados a pagar un total de 32.141 millones de dólares. “Estos tratados de inversión se convierten en una camisa de fuerza para los estados, en un candado para un plan con fines de transferencia tecnológica para una empresa estatal. Esto es un ejemplo de cómo se restringe la posibilidad de desarrollo nacional y los estados quedan completamente a merced de la voluntad de los inversores”, dice Ghiotto.

Incluso durante la pandemia las demandas no cesaron. Según un informe elaborado por el Trasnational Institute, en 2020 se registraron por lo menos 24 amenazas de demandas arbitrales ante tribunales internacionales contra países de América Latina. Una de ellas se concretó en septiembre contra el Estado chileno, presentada por el grupo francés Aeroports de Paris y Vinci Airports, que controla la concesión de la terminal aérea Nuevo Pudahuel, por las pérdidas ocasionadas debido a las restricciones que el gobierno de ese país tomó durante la pandemia al cerrar sus fronteras. Otras seis fueron contra Perú –el país que más demandas recibió en 2020– ante el CIADI.

Martín Schorr, docente e investigador de la Escuela IDAES dice que “Los TBI atentan contra la posibilidad de la aplicación de un programa de desarrollo nacional” y señala al “capital extranjero” como el principal obstáculo para la Argentina: “La economía argentina tiene un nivel de predominio del capital extranjero muy alto, siendo que el mismo está inserto sobre todo en los sectores que definen cómo la Argentina participa del mercado mundial”.Además, existen empresas nacionales que tienen estructuras de control en paraísos fiscales “para eludir impuestos y fugar dinero”; lo que hace que ante la ley argentina las grandes empresas nacionales también sean extranjeras, como Techint, radicada en Milán y Tenaris, radicada en Luxemburgo. “Ellos también pueden demandar al país”, advierte. 

¿Pero cómo se componen los tribunales que juzgan a los Estados? Aunque resulte increíble, quienes dictan las sentencias no son jueces ni rindieron exámenes para serlo. Cuando surge un conflicto, las partes designan tres abogados-árbitros del sector privado. “Cualquier abogado puede ser árbitro de una demanda multimillonaria de una empresa contra un Estado. Se ve mucho el fenómeno de puerta giratoria, ya que muchos de estos árbitros han sido antes miembros de bufetes de abogados que defendían a inversores. Muchos tienen manifestaciones públicas a favor de inversores y no pueden ser recusados para ser parte del tribunal. Es un sistema muy oscuro”, cuenta Ghiotto.

¿Un desarrollo posible?

Ante este escenario global, ¿se pueden generar industrias sustentables a largo plazo cuando las iniciativas gubernamentales chocan contra los intereses de los inversores privados? Según Ghiotto y Schorr la única alternativa es avanzar en la denuncia o el abandono de los tratados. Este no es un proceso sencillo, dado que, para salirse de un tratado, como hicieron en varias oportunidades algunos países de América Latina, la decisión debe ser aprobada en el Congreso de la Nación. Al mismo tiempo, “existen manifiestas amenazas y presiones de los países industrializados para que los países emergentes no abandonen estos tratados”, dice Ghiotto.

Para el caso argentino, Schorr señala la “necesidad de diversificar” la actividad económica y afirma que hay un sinfín de actividades industriales para la producción de bienes con mayor valor agregado que podrían generar un desarrollo sostenible para lograr esquivar la salida exportadora de materias primas derivadas de industrias extractivas.  “El modelo exportador esconde que el 70% de lo que exporta el país está concentrado en 150 empresas que son todas las del poder económico y, por lo tanto, cualquier manotazo que uno trate de hacer sobre el negocio de estos actores te explota el problema por el lado de las demandas internacionales. Argentina es un país tremendamente reprimarizado que no ha logrado romper el maleficio de sus ventajas comparativas”, insiste.

Cuando se habla de exportaciones y desarrollo productivo, siempre aparece el fantasma de la restricción externa de dólares como uno de los principales obstáculos de las economías de los países de la región. El temor se exacerba en la Argentina, con una economía de precios muy ligada a los vaivenes del dólar y en medio de un escenario inflacionario difícil de contener. Para sortear estos problemas, Shorr insiste en volver al modelo clásico de sustitución de importaciones para “evitar vivir atado a la evolución del mercado mundial, en un escenario mundial de suba de los precios de los alimentos”.

Ghiotto, por su parte, insiste en la necesidad de “salirse de los tratados” y denuncia que los TLC y los TBI son firmados en secreto y sin realizar estudios de impacto adecuados que muestren las consecuencias de las negociaciones. “Reclamamos que haya auditorías de organismos independientes con miembros provenientes de la academia que puedan dar cuenta de los impactos reales. Los únicos que pueden evaluar algo son los diputados y senadores que siempre reciben el tratado ya cerrados y les dan muy poco tiempo para analizarlos. En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) les dieron tres días a los diputados para analizar el texto de más de mil páginas”, manifiesta la investigadora.

Hoy, en un mundo que se reactiva y que la rueda económica global vuelve a mover los eslabones de la cadena productiva que se frenó por la Coronacrisis de 2020, el escenario nacional no se muestra alentador ante la mirada de Martín Schorr: “En Argentina el deterioro salarial es un tema crítico y la viabilidad de que la rueda gire más fuerte y con un sentido más inclusivo choca con cierta reticencia del Gobierno a mejorar la ecuación de ingresos. Claramente el rumbo estratégico se alinea con salario bajos y modelo de exportación”.

Demandas en América Latina y el Caribe

• Las 303 demandas contra países de América Latina y el Caribe representan un 27,4% de las demandas conocidas a nivel mundial
• .Argentina, Venezuela, México Ecuador y Perú son los países más demandados de la región. Conjuntamente acumulan 201 demandas.
• Los inversores han salido beneficiados en el 62,6% de los casos resueltos.
• Los gobiernos han sido condenados a pagar a inversores US$ 32.141 millones de dólares. Con solo un tercio de ese monto se superaría la pobreza extrema en 16 países latinoamericanos (de acuerdo con las Naciones Unidas).
• Las demandas relacionadas a minería, gas y petróleo suman el 23,1% del total de las demandas.
• El 86,7% de las demandas fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos (España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia principalmente).
• Solo 25 árbitros participan del 42,7% de los tribunales arbitrales en demandas contra países de América Latina.

*Datos: Transnational Institute – Informe ISDS Impactos