Dirección de Género y Diversidad Sexual, Secretaría General Académica
#3J En un nuevo aniversario del Movimiento Ni una menos, la docente e investigadora colombiana Catalina Arango reflexiona sobre la violencia ejercida en las mujeres e identidades feminizadas en las manifestaciones de las calles de Colombia “La gravedad de la situación humanitaria en el marco de la protesta social en Colombia también se ejemplifica en la violencia de género.”
Hace más de un mes inició el paro nacional en Colombia que en un primer momento tuvo el objetivo de protestar ante la reforma tributaria con la que el gobierno pretendía aumentar la recaudación a partir del cobro de impuestos a la clase media y a los productos de la canasta básica que terminaría afectando a los sectores populares. Esta iniciativa generó tal indignación social, que desplegó las más creativas formas de manifestación en las calles expresadas a través de la danza, la música, performance, las ollas populares, la participación de la minga indígena, entre otras. En las protestas, también se ha contado con la participación política de las jóvenes, las madres de la primera línea, quienes se ubican en la primera columna de las marchas para proteger a sus hijas, hijos y marchantes devolviendo los gases lacrimógenos, y la fuerte presencia de la comunidad travesti trans que a través del arte captó la atención de los medios.
La masividad de este descontento social sepultó la reforma tributaria y produjo la renuncia del ministro que la presentó, lo cual no logró desactivar las manifestaciones desplegadas en las diferentes ciudades del país, en donde la pandemia no inhibió la participación de los marchantes. El hartazgo social va más allá de la coyuntural reforma tributaria y de los niveles de pobreza que aumentaron con la pandemia.
Las desigualdades sociales en Colombia son estructurales, el economista Thomas Piketty afirmó que el 10% de la población posee el 50% de la riqueza y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la pandemia agravó las cifras ya que el 21% de la población colombiana está en condiciones de pobreza y de ella 7 millones y medio está en una situación de pobreza extrema. En la actualidad, asistimos a un desempleo del 14.2% y a una informalidad laboral del 49%. La pobreza y la desigualdad estructural en Colombia se acrecentaron en el contexto actual, generando desesperación en gran parte de la población que no vio otra salida más que participar del paro e incluso hubo quienes afirmaron que las ollas comunitarias les permitían garantizar la comida que no tenían en sus hogares. La desesperación fue superior al temor por el contagio del covid. Lamentablemente, la respuesta del gobierno a la protesta en su mayoría pacífica, no ha garantizado el mejoramiento de estas condiciones y en cambio ha respondido con un uso desproporcionado de la fuerza que deja un saldo de asesinatos, desapariciones forzadas, perdidas oculares y violencia de género.
Este descontento social también está motivado por el incumplimiento con los acuerdos de paz firmados con las Farc en la Habana, que no solo implicaban garantías sociales para los excombatientes, sino para aquellas comunidades campesinas marginadas por la guerra en territorios rurales caracterizados por la aspersión de glifosato con sus peligrosos efectos para la salud. La agenda de seguridad ha sido la bandera de los gobiernos colombianos de las últimas décadas y con esta se han invisibilizado las reivindicaciones de los movimientos sociales que exigen mejores condiciones de vida.
La problemática que plantea la respuesta de uso desproporcionado de la fuerza, es el atentado a los derechos humanos entre ellos los de las mujeres y las identidades feminizadas. Según la Defensoría del pueblo, hasta la fecha se han denunciado 106 actos de violencia de género y entre ellos 23 hechos de violencia sexual en el marco de la protesta. La violencia sexual en contextos de conflictividad ha sido un mecanismo de disciplinamiento y aleccionamiento hacia las mujeres y las identidades feminizadas. Muchas de quienes fueron agredidas cuando ejercían su legítimo derecho a la protesta se encontraban filmando con sus celulares las actuaciones abusivas de la fuerza pública, hecho que exacerbó el malestar de dichos agentes que retenían a las manifestantes como pudimos ver en algunos videos, a través de la violencia. Entre las agresiones denunciadas, muchas de ellas a través de las redes sociales, podemos encontrar diferentes tipos de violencias de género como acoso sexual, tocamientos, desnudamientos, amenazas de violación y violación. Dichos actos sexuales violentos se presentaron en espacios de propiedad de la fuerza pública o camino a estos. Las jóvenes entre las cuales se produjeron tenían entre 17 y 30 años. El más trágico de ellos es el de una menor de 17 años quien denunció la violencia sexual que le fue propiciada por miembros de las fuerzas de seguridad a través de sus redes sociales y al día siguiente se suicidó. En un primer momento este acto fue negado por la policía.
Ante estos hechos no podemos dejar de preguntarnos, ¿Qué garantías existen para las mujeres de habitar el espacio público ejerciendo el derecho constitucional a la protesta cuando sus cuerpos son vulnerados por quienes deberían procurar la seguridad ciudadana? ¿Ante que instituciones realizar las denuncias de violencia sexual cuando estas han sido negadas por la policía y los entes institucionales han filtrado información de las investigaciones para desacreditar el testimonio de las denunciantes? ¿Qué tipo de formación reciben las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y particularmente en lo referente a la violencia de género? ¿Cuáles son las acciones para desactivar las masculinidades normativas que reproducen la violencia de género?
La gravedad de la situación humanitaria en el marco de la protesta social en Colombia también se ejemplifica en la violencia de género. La negación por parte de las fuerzas de seguridad de los hechos, su des responsabilización sobre los delitos y la violencia con la que continúan enfrentando la protesta están en contra del Derecho Internacional y de Belem do Para, la convención a la que se ciñen los Estados para erradicar la violencia contra las mujeres, principalmente la de sus fuerzas militares y actuar con la debida diligencia para su investigación.
Los feminismos latinoamericanos han posicionado una agenda que prioriza la erradicación de la violencia de género, entre ellas, las agresiones sexuales por ser equiparables a la tortura según el Estatuto de Roma. La indignación prevalece cuando estas se dan por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía.
Hace años que las calles en Argentina también son ocupadas por los movimientos feministas que se oponen a la violencia de género. Hoy se cumplen seis años en que las movilizaciones se tomaron el espacio público para denunciar los femicidios, la violencia sexual y la inoperancia del estado en la preservación de los derechos de las mujeres y LGBTIQ. A partir de este accionar colectivo las cosas no volvieron a ser iguales, ya que las organizaciones feministas y las instituciones del Estado motorizaron una agenda de género para la transformación social con repercusiones para Argentina y para el resto de América Latina. La despenalización del aborto, la ESI, la socialización de los cuidados, la tipificación de los femicidios, la reforma a la justicia, el trabajo con masculinidades, entre muchos otros, hacen parte de la agenda que se viene construyendo para erradicar las desigualdades de género. Los feminismos latinoamericanos, exponen el rechazo a las políticas de exclusión social y priorizan las luchas por desterrar las violencias que acechan a las mujeres y a las identidades feminizadas. Este es el camino a transitar para obtener mayores niveles de justicia y avanzar en la erradicación de los diferentes tipos de violencias.
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