“Ampliando el campo de batalla” es una investigación que se propuso pensar y repensar las violencias institucionales. En 2019, este proyecto fue seleccionado en el marco del concurso Factor IDAES “Experimentar la forma pública de las ciencias sociales”. Es un proyecto que nació anfibio: tanto en su composición (periodistas, fotógrafos, militantes, referentes territoriales y académicos) como también en el deseo de emplear otros lenguajes, apelar a otras sensibilidades.

La categoría de violencia institucional tiene un doble valor y significado. Es construida desde el saber experto de las ciencias sociales, que permitió sistematizar información y nominar un conjunto de prácticas habituales, así como señalar sus vínculos con otras normas y discursos, principalmente los de la seguridad/inseguridad. Pero posee además un valor político. Es una forma de conocimiento “popular” a partir de la experiencia próxima e inmediata de víctimas y allegados.

A mediados de los años 90, la noción de violencia institucional comenzó a ser usada con mayor recurrencia (esto debido en gran parte al impulso de militancias y saberes que empujaron su visibilidad). Inicialmente, resultó útil para pensar los usos recurrentes, abusivos y arbitrarios de la fuerza por parte de las agencias de seguridad. En los últimos tiempos, al calor de diversas luchas sociales el concepto empezó a ampliarse más allá de su delimitación original. Este trabajo pretente iluminar esas otras dimensiones del concepto que aún permanecen opacas.

En este sentido el proyecto se pregunta: la pobreza ¿es violencia institucional? La contaminación ¿es violencia? La desidia estatal ¿es violencia? Con este ánimo se propone reflejar aristas escasamente exploradas de la violencia institucional: la contaminación, la degradación del suelo, y los basurales, el déficit habitacional, el hacinamiento, los desalojos violentos de tomas de tierras, la violencia de género y los femicidios.

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