Por Gaspar Grieco. Foto: Mesa Reconquista

El 3 de febrero de 2011 una represión policial en el barrio La Carcova de José León Suárez terminó con los asesinatos de Franco Almirón y Mauricio Ramos, de 16 y 17 años, y dejó gravemente herido a Joaquín Romero, quien logró sobrevivir. Ese día, un tren de carga descarriló en el barrio. Cuando los tres jóvenes intentaron recoger mercadería junto a sus vecinos, los efectivos de la Policía Bonaerense los reprimieron con balas de plomo y goma y gases lacrimógenos.

Por el hecho, el subteniente Gustavo Vega fue condenado en 2014 a 7 años de prisión al ser identificado como el agresor de Joaquín Romero. Sin embargo, el oficial Sebastián Rey, principal sospechoso de los homicidios, resultó absuelto “por beneficio de la duda”. Las sentencias fueron inmediatamente apeladas por los abogados de las familias y un año después, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia recalificó la condena a Vega de tentativa de homicidio simple a calificado y le indicó al tribunal del juicio que debía ajustar la pena, que finalmente fue elevada a 15 años y 6 meses de prisión. También anuló la absolución de Rey y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar su responsabilidad.

Hoy, a diez años de los hechos recordados por los vecinos como “La Masacre de la Carcova”, el barrio continúa de pie. El diputado nacional Leonardo Grosso, dirigente del partido de San Martín en el Movimiento Evita, acompaña el pedido de justicia desde que ocurrieron los hechos. “Por el terrible, lento y mal funcionamiento de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, diez años después de un asesinato por la espalda de dos pibes de 16 y 17 años a manos de la Policía Bonaerense, seguimos esperando que la justicia juzgue a los responsables de semejante crimen”, dijo.

El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires anunció que el nuevo juicio al presunto asesino Sebastian Rey se iniciará en junio de este año, pero hasta el momento solo designaron a un juez de los tres necesarios para conformar el tribunal. Además, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a la madre de Mauricio Ramos y a Joaquín Romero, se encuentra cerrada la investigación contra los jefes de ese operativo, a pesar de que existe prueba de su responsabilidad directa en las muertes.

Gabriel Kessler, docente de la Escuela IDAES de la UNSAM, define a la violencia institucional como practicas de violación de derechos por parte de funcionarios públicos en contextos de restricción de autonomía o libertad. “Se habla de violencia institucional para diferenciarla de violencias que podrían ser consideradas como excesos, porque hay que entender que si esas violencias son sistemáticas y se mantienen en el tiempo se debe a que están inscriptas en las prácticas institucionales, la formación y las legislaciones. Se debe también diferenciar entre la intensidad y la gravedad de esas violencias, que van desde el maltrato verbal hasta asesinatos, violaciones y torturas”, explicó el investigador.

Teresa Pérez, trabajadora del Programa de Desarrollo y Articulación Territorial de la UNSAM, militante y educadora popular en Carcova, señaló que estos hechos van más allá de un caso de exceso policial. “Lo que pasó es un hecho muy simbólico en cuanto a los reclamos históricos de nuestro sector. Fusilaron a dos pibes por la espalda. Eso es un Estado represivo ejerciendo lo peor”, dijo y completó: “En estos diez años se logró generar un espacio de lucha y unidad donde levantamos la bandera contra la represión policial, el gatillo fácil y la violencia que ejerce el Estado en nuestros barrios pobres”.

En esa línea, Leonardo Grosso responsabilizó al Estado por la falta de transparencia sobre los casos de violencia institucional. “No existe un registro de casos de violencia institucional unificado a nivel nacional. Lo que sabemos es por el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pero no porque el Estado las releve para generar una política pública”, dijo y opinó: “Una de las aristas más duras y tristes para la sociedad es el resultado adverso que genera esta política casi sistemática de violencia institucional ejercida sobre los sectores más humildes y excluidos de la población”.

Para disminuir la violencia institucional, Kessler señala que el Estado debería actuar sobre diversos factores: “En primer lugar, las fuerzas deben estar encabezadas por actores civiles de modo de imponer el control de la sociedad y no permitir que las fuerzas de seguridad sean un ámbito encapsulado sobre sí mismo. Otro tema central es la formación del personal de seguridad, tanto en valores y derechos humanos como en sus prácticas, para formarlos con protocolos de acciones de prevención y disuasión que disminuyan al máximo el uso de la violencia. Es necesario evitar que las y los efectivos estén armados cuando no están en servicio. Y es menester trabajar sobre la relación entre la fuerzas y la población para que haya una mayor confianza y conocimiento recíproco de modo de ir mitigando la desconfianza tan legítimamente fundada de parte de los sectores más vulnerables hacia las fuerzas”.

En las calles y las plazas de Carcova, murales y monolitos recuerdan a los pibes asesinados y a paso firme, lxs vecinxs levantan sus banderas y pancartas para exigir justicia. “Todas las orgas y les vecines queremos visibilizar que nuestro barrio es un territorio lleno de educación y cultura. Nuestros pibes están poblando las cárceles y siempre estigmatizados en un único camino. Los casos se transforman en emblema porque sale el territorio a bancar y con su lucha a exigir justicia”, concluye Teresa Pérez.