Por Gaspar Grieco y Julieta Del Campo Castellano

En medio de la pandemia por COVID-19, la justicia federal enfrenta uno de los casos más escandalosos de los últimos años: la investigación por espionaje ilegal a cientos de periodistas, dirigentes y académicxs —entre lxs que se encuentra la investigadora de la UNSAM Luciana Ghiotto— por parte de la Agencia Federal de Inteligencia. Esas causas exponen una arista del denominado lawfare, un mecanismo de complicidades y acciones -legales e ilegales- entre sectores de la justicia, la política y los medios de comunicación para hostigar y presionar a distintos actores públicos.

“El lawfare significa que la justicia invoca la ley para hacer cosas que están fuera de la ley”, dijo el fiscal federal Federico Delgado. El fiscal fue el encargado de moderar un encuentro virtual organizado por Lectura Mundi denominado Justicia, política y medios: Del lawfare a las operaciones mediáticas. Acostumbrado a trajinar los tribunales de Comodoro Py, Delgado trabajó en los grandes casos de corrupción pública de la Argentina: el pago de sobornos en el Senado de la Nación, el megacanje de la deuda externa, la Masacre de Once, los Panamá Papers y la tragedia de Time Warp, entre muchos otros. También investigó las redes de trata de personas y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército. 

Al inicio de la charla-debate Delgado fue directo: “El Estado, a través de la justicia, parece que hace las cosas bien, pero comete irregularidades”. Lo escuchaban más de cien participantes en la plataforma Zoom. El fiscal moderó las intervenciones de los abogados Pablo Slonimsky y Diego Peisajovich y el periodista especializado en temas judiciales Néstor Espósito.

Pablo Slonimsky dijo que le “cuesta imaginar algo más antidemocrático” y definió al lawfare como “la utilización de la justicia con fines políticos”: “en estos procesos de manipulación de la justicia participan no sólo periodistas, jueces y políticos”, lo hacen también otros actores e instituciones, como “los fiscales, los defensores oficiales, los abogados, la policía, los servicios de inteligencia”. Con tono de preocupación señaló que este entramado de manipulación judicial que se observa de modo patente en la vida real “se inscribe en la rama de la literatura mágica. Es para guionistas. Si uno ve una serie de Netflix, muchas de las cosas que pasan en los tribunales, se reflejan en las series con un grado de detalle y de precisión asombrosos”. 

Luego, el autor de Forum shopping reloaded: Claves para entender la manipulación judicial opinó que dentro del sistema judicial hay “un submundo que está completamente podrido” y señaló la necesidad de una reforma judicial para “evitar la concentración de poder y revisar procedimientos”. 

Diego Peisajovich definió al lawfare como “una patología que atenta contra los pilares y los principios del derecho penal liberal, pervierte su lógica para ser utilizado como instrumento de presión”. El lawfare “se esconde en la independencia de los jueces” y el objetivo que mueve al proceso penal en ese contexto “deja de ser la búsqueda de la verdad”, para dar “respuesta a intereses particulares”, criticó.

Por su parte, Néstor Espósito habló sobre el rol de los medios de comunicación en la práctica del lawfare. “Los periodistas somos actores centrales” de un dispositivo cuyo rol es “incidir en la opinión pública” mediante información obtenida de modo ilegal: “saben con quién te acostás, a qué restaurante vas, cuál es tu nivel de vida, a qué hora entras, salis y con quien hablas”. Luego de publicada la información “un denunciator de Comodoro Py la lleva a la mesa de entrada de la Cámara Federal para generar una causa judicial”. 

Finalmente, Espósito hizo énfasis en la necesidad de distinguir entre estadíos o formas de la participación periodística en el lawfare, teniendo a la vista una diferencia fundamental: los casos en los cuales a un periodista le acercan mala información y no la chequea debidamente y aquellos en los que la operación se encuentra planificada. “No hay participación inocente de un periodista en una operación de lawfare”, concluyó.