Frente a una crisis de dimensiones inéditas, el Estado está respondiendo también de una manera inédita. En la actualidad, dos de cada tres personas en edad de trabajar reciben ingresos por parte del Estado.

En su conjunto, las políticas implementadas a partir de la pandemia (salario complementario, IFE y créditos a tasa cero) permiten garantizar ingresos básicos a casi 11 millones de personas. Si a ese colectivo se le suman los 3,2 millones de trabajadores que se desempeñan en el sector público, los 6,9 millones de jubilados y pensionados y los 120 mil que perciben el seguro de desempleo, se concluye que el Estado está sosteniendo ingresos a casi 21 millones de personas.

La correcta calibración de estas políticas de ingresos es un desafío formidable. Se trata de garantizar que el apoyo le llegue en tiempo y forma a los sectores que más lo precisan y, en simultáneo, de evitar que lo usufructúen quienes tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades sin valerse de los (limitados) recursos públicos.

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