Por la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM

Desde la fuerte puesta en escena de los feminismos en 2015 y, más aún, desde la discusión legislativa en 2018 por la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, las conversaciones en las mesas familiares, con amigxs, en las esferas de gobierno y en las escuelas y universidades sobre las violencias de género, la educación sexual y la discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual se volvieron frecuentes e ineludibles.

La movilización de los movimientos feministas, múltiples y hasta por momentos antagónicos, desplazó las bases de los saberes sobre nuestros vínculos cotidianos y pasó a transformar subjetividades e instituciones generando un nuevo ethos de época. En concreto, nos gustaría echar luz sobre un desplazamiento.

Desde 2014, algunas universidades nacionales pasaron a ser un actor central en contra de las violencias de género y la discriminación. La praxis de las feministas en esos espacios permitió que los problemas empezaran a ser vistos por las instituciones como hechos que ameritaban respuestas, tanto inmediatas como a largo plazo. Así, se diseñaron una batería de dispositivos para vehiculizar distintos casos y desterrar la idea de la educación como un espacio neutral ante las cuestiones de género. Los protocolos de atención de casos fueron una de las primeras herramientas para responder a las demandas.

Luego, esos espacios se diversificaron y propusieron medidas de prevención de corte pedagógico. Fue una apuesta por la educación con perspectiva de género como herramienta para combatir las violencias y en contra de los abordajes punitivistas dentro del movimiento feminista.

En mayo de 2019, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) adhirió a la Ley Micaela y volvió obligatorias las capacitaciones sobre género y para la prevención de la violencia de género aprobadas en el ámbito nacional para los tres poderes del Estado.

La UNSAM, a través de su Consejo Superior, tomó la iniciativa y comenzó a formar por etapas a autoridades superiores, equipos de gestión de las unidades académicas, estudiantes, no docentes y docentes. Además, dada su trayectoria y prestigio, la universidad fue convocada por otras universidades nacionales del país para capacitar a sus rectores, gabinetes, equipos de gestión y equipos de atención de casos.

Esa experiencia en formación hoy es central para el trabajo que lleva adelante el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en coordinación con la Red Interuniversitaria  por la Igualdad de Género y Contra las Violencias (RUGE). Las universidades dejaron de ser espacios neutrales y hoy son un ámbito estatal desde el cual se produce conocimiento, pero también se interviene.

Cabe señalar que las políticas de género en el ámbito nacional no solo pueden alimentarse de la producción de vastas décadas de investigación rigurosa, sino también del acervo de estudios en la materia, cuyos aportes son un pilar para la generación de políticas públicas. Lo que produce la universidad se convierte y es política de Estado. 

Te esperamos para marchar a las 16 en el hall del Edificio Tornavías del Campus Miguelete, o a las 17 en el Edificio Volta (Av. Roque Presidente Roque Sáenz Peña 832, CABA)