Por Alika Kinan, directora del Programa de Estudios, Formación e Investigación sobre Trata y Explotación de Personas de la UNSAM y sobreviviente de trata con fines de explotación sexual

Un 23 de septiembre de 1913 se promulgaba la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. Fue en la Argentina con la denominada Ley Palacios. La Organización Internacional del Trabajo calcula que hoy existen alrededor de 21 millones de personas en el mundo víctimas de trabajos forzosos, cifra que incluye a las víctimas de trata para explotación sexual. Según dicho informe, todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. El 30 % de las víctimas son niños y el 70 %, mujeres y niñas.

Esta forma de esclavitud moderna recae mayoritariamente en mujeres y niñas, con un 99 % destinado al lucrativo negocio de la prostitución y un 58 % a la servidumbre o el matrimonio forzoso, entre otros casos. Solo para prostitución se calcula que hay esclavizadas más de 4,8 millones de mujeres en el mundo.

Las crisis humanitarias, las catástrofes naturales y las guerras detonan en pueblos hambreados, lo cual impacta directamente en los cuerpos de las mujeres y las niñas. Las mafias encuentran allí un terreno fértil para la perpetración de este delito de lesa humanidad despojando a las personas de todos sus derechos. Se trata de un negocio cuyo enriquecimiento es aún incalculable.

A 11 años de la sanción en nuestro país de la Ley de Trata (26.364), modificada en 2012 (26.842), las organizaciones sociales, las víctimas y lxs sobrevivientes de este delito siguen reclamando la reglamentación de los artículos de la ley que hablan de asistencia, protección y acompañamiento para las víctimas del delito. Aún no ha sido destinada una partida presupuestaria para proteger a las víctimas.

Alejandra Mángano, fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dijo: “Desde Protex destacamos la importancia de la justicia restaurativa en casos de trata de personas. La Ley de Trata en la Argentina lleva vigente más de diez años. En ese tiempo, se dictaron cerca de 300 sentencias condenatorias por el delito de trata. Sin embargo, estas sentencias no suelen reconocer derechos a las víctimas del delito. No se fijan indemnizaciones ni tampoco se inician juicios civiles luego de esas condenas. Este camino recorrido nos convence de las graves dificultades de acceso a la justicia que padecen las víctimas. Por su situación de vulnerabilidad pero también por las propias características del delito como forma moderna de esclavitud. ¿Acaso alguien podría pensar que quien ha sido sometido, esclavizado, engañado, ultrajado, violado, desarraigado y desplazado puede, de un día para otro, demandar a su explotador, exigirle, denunciarlo? Esto es muy difícil sino imposible. No sucede en la Argentina y no sucede en el mundo”.

La reciente Ley 27.508 obliga a jueces y fiscales a fijar en la sentencia condenatoria un restitución económica a las víctimas. Este cambio de enfoque legal es solo el comienzo de una justicia que debe concentrarse no solo en el castigo de los tratantes, sino también en brindarle a las víctimas el acceso a sus derechos.

Desde el PEFITE estamos comprometidas con el avance en la producción de un conocimiento en el ámbito regional que aporte a la creación de políticas de Estado que garanticen la restauración de los derechos humanos de las víctimas. Convocamos a todo el sistema universitario para que se sume a investigar, estudiar y formar sobre este terrible delito que crece día a día en nuestro país y en el mundo, incluso adoptando formas nuevas como organizaciones de mujeres o sindicatos y buscando instalarse en sectores públicos y de formación.

La romantización de la prostitución crea el imaginario de que el hombre paga por sexo y que, en esa relación comercial, la mujer se empodera. En realidad, el sexo se paga para ejercer poder, someter y humillar a la mujer, lo que supone un delito. La sociedad necesita creer que el hombre paga por sexo; de este modo, no se compromete con la erradicación del consumo de prostitución. En este sentido, apuntamos a un verdadero cambio cultural. Porque el sexo ha de ser deseado, consentido sin coacción y disfrutado por ambas partes.

Denunciar las situaciones de explotación y continuar divulgando las voces de las sobrevivientes en todos los ámbitos y en la toma de decisiones es sumamente necesario. Solo así podrá garantizarse la libertad y los derechos económicos, políticos y culturales de todas las personas.