Antes de la irrupción de la crisis cambiaria ya se había consolidado una clara tendencia contractiva del empleo asalariado registrado en las empresas privadas de los principales centros urbanos del país. Para el caso del trabajo registrado —incluyendo el de los asalariados públicos y el de los monotributistas, entre otras modalidades— el comportamiento negativo se inició a partir de abril.

Como es habitual en las fases contractivas, la reducción del empleo privado se explicó tanto por los despidos en los sectores público y privado como por la decisión de las empresas de no cubrir las vacantes generadas por las desvinculaciones voluntarias de trabajadores (jubilaciones, cambios de trabajo o salida del mercado de trabajo). Este proceso estuvo acompañado por un incremento de la inflación que afectó los ingresos reales de todas las categorías.

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