La política económica ha determinado un esquema de incentivos que fomenta un cambio en la estructura económica y reorienta los factores de producción al sector primario y a los servicios no transables. Este proceso tiene como resultado una expansión de la precariedad laboral en todas las modalidades ocupacionales y una reducción del poder adquisitivo de los salarios.
Los indicadores del mercado de trabajo ponen de manifiesto un impacto del proceso de “primarización” de la economía sobre la precariedad laboral en todas las modalidades ocupacionales. También se observa una reducción del poder adquisitivo de los salarios.
El costo laboral unitario (costo laboral por unidad producida) del empleo registrado del sector privado se redujo entre 2015 y 2017. Esta contracción no se debe a un incremento de la productividad laboral —que se mantuvo sin cambios en relación con 2015— sino que se explica por una reducción del salario real, lo que necesariamente implica que las ganancias empresarias por unidad de producto se incrementaron en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores.
Entre los sectores en los que se observa una disminución pronunciada del costo laboral unitario se encuentran el financiero y el primario (incluyendo la actividad minera), además de los vinculados con la enseñanza, el transporte y las comunicaciones y los hoteles y restaurantes. En el otro extremo se encuentran la construcción, el comercio y la industria, en los que el valor analizado se incrementó marcadamente.
El Boletín N.º 7 desarrolla como tema especial la discriminación por género en el mercado de trabajo, que se expresa de diversos modos: menor inserción de las mujeres en el mercado laboral y mayores dificultades para conseguir empleo —es decir, mayores tasas de desempleo y menores niveles salariales—. La extensión del empleo asalariado registrado puede ser una herramienta efectiva para abordar esta problemática: de acuerdo con los datos disponibles, en esa categoría ocupacional la brecha salarial es más reducida.
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