Por Equipo CETyD

En su informe denominado “Estado del Estado”, el Gobierno nacional, además de realizar una supuesta descripción de la situación del Estado heredada de la gestión anterior, plantea un visión “esclarecedora” sobre la realidad que enfrenta nuestro país. Decimos que es “esclarecedora” porque en el informe se advierte con claridad el nivel de tergiversación al que tiene que incurrir el Poder Ejecutivo. La tergiversación es evidente y elocuente, ya que gran parte de las afirmaciones sobre el diagnóstico de la situación laboral se refutan con los datos e informes publicados por el propio Estado. A continuación, se extractan, a modo de ejemplo, cuatro párrafos del informe “Estado del Estado” sobre la situación laboral y se confrontan las afirmaciones con datos provenientes de fuentes de información oficiales.

“En diciembre de 2015, el mercado formal de trabajo arrastraba cuatro años de estancamiento. Entre noviembre de 2011 y noviembre de 2015, el empleo formal cayó 0,3 %, pese a un pequeño crecimiento en el primer semestre de 2015. Para compensar la falta de generación de empleos en el sector privado, y en lugar de instrumentar las políticas adecuadas para que la situación se revirtiera, se decidió ocultar la problemática a través de la expansión del empleo público. Entre 2008 y 2015, la participación del empleo registrado público en la totalidad del empleo registrado aumentó diez puntos porcentuales”.

Los datos publicados recientemente por el Ministerio de Trabajo demuestran la falsedad de esta afirmación: a partir de los datos que surgen del SIPA, se confirma que el número de puestos registrado en empresas privadas entre noviembre de 2011 y noviembre de 2015, no solo no cayó, sino que experimentó un crecimiento del 3 %. Esta expansión moderada del empleo formal se logró en el marco de un contexto internacional adverso (que ahora se reconoce) y que condicionó la dinámica de la economía nacional. Por supuesto que el diagnóstico elaborado por el Gobierno nacional omite información, como la casi duplicación de la cantidad de puestos registrados en empresas privadas durante los últimos 12 años (3 millones de nuevos puestos) o, si hubiera alguna duda con los períodos de comparación, el crecimiento del 60 % del trabajo formal con respecto al mejor momento de la década del noventa.

Es interesante advertir cómo la actual gestión desacredita el rol del empleo público y, al mismo tiempo, sobredimensiona su crecimiento durante la etapa anterior. En este caso también, la información publicada por el propio Ministerio de Trabajo desmiente los datos del informe “El estado del Estado”. Tomando como referencia los datos provenientes del SIPA, se observa que la participación del empleo público en el total del empleo asalariado registrado pasó del 31 % en el año 2008 al 34 % en 2015. Esto implica un crecimiento de 3 puntos porcentuales, no de 10 como expresa el documento de la Casa Rosada. Pero, tal vez, lo más grave sea el hecho de pretender instalar la idea de que la administración anterior utilizó al Estado como un medio para emplear personas con ningún propósito, ni actividad relevante. Es necesario tener en cuenta que la expansión del empleo público entre 2003 y 2015 tiene su origen y fundamento en el restablecimiento del rol del Estado como actor en la mejora en las condiciones de vida de las personas y como impulsor de un proceso de desarrollo equitativo e inclusivo, entre las cuales se pueden destacar:

• La ampliación de funciones del sector público que implica pasar de un modelo de Estado ausente, característico de la década del noventa, a un Estado que participa activamente para impulsar el crecimiento de la economía y promover la competitividad y la innovación en las empresas privadas. En este punto cabe destacar, como ejemplo, la incorporación de miles de científicos a los institutos de investigación del sector público nacional.

• Dentro del cambio del rol del sector público, es importante señalar la gran cantidad de servicios puestos en marcha progresivamente y que se consolidaron en los últimos años. Todos orientados a contribuir al logro de una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Entre ellos se encuentran: la creación de 600 oficinas públicas de empleo municipales, la mejora de los servicios relacionados con la tramitación de la documentación de identidad personal, la ampliación de las prestaciones que brinda el sistema de protección social y el incremento de la función de contralor del estado, en aspectos como la inspección laboral y fiscal.

• El aumento de la inversión en la educación pública que, entre otros aspectos, permitió incrementar la cantidad de cargos docentes en todos sus niveles. De acuerdo a la información relevada por el Ministerio de Educación de la Nación, la cantidad de cargos docentes (excluyendo el nivel universitario) creció un 37 % entre los años 2002 y 2014. Asimismo, no puede dejar de mencionarse la creación de nuevas universidades nacionales, regionales y provinciales, que obviamente implicaron la ampliación de la planta de personal.

• Además de incrementar el número de docentes en la educación pública, se fortalecieron y potenciaron dos funciones que un Estado presente nunca puede dejar de proveer: la salud y la seguridad. A partir de la información relevada por la EPH se estima que el 40 % del crecimiento del empleo registrado del sector público, incluidas todas sus jurisdicciones, se explica por el incremento del número de trabajadores dedicados a la educación, la salud y la seguridad.

No obstante, hay que descartar la idea de que la expansión del empleo fue desmesurada, descontextualizada de otras variables socioeconómicas. De hecho, de acuerdo a los datos que surgen del SIPA, durante el período comprendido entre 2003 y 2015, el empleo asalariado privado creció un 86 %, mientras que el empleo público se incrementó un 58 %. Esto implica que en los últimos 12 años, por cada nuevo empleo en el sector público, se crearon 2,5 puestos de trabajo en el ámbito privado.

“En 2015, un 51 % de la población potencialmente activa del país tenia problemas de empleo. Contando a las personas que no trabajaban ni estudiaban, a los trabajadores en relación de dependencia o independientes que se encontraban en el mercado informal y a los desempleados, en 2015 había 11,7 millones de argentinos en situación precaria, sobre una población económicamente activa de 23 millones de personas. En diciembre de 2015, uno de los principales problemas del mercado laboral argentino era la informalidad. Algo más de cuatro millones de trabajadores privados se encontraban en situación de informalidad”.

Evidentemente, el propósito de describir este cuadro de situación es cuestionar y relativizar los avances sociolaborales alcanzados en los últimos 12 años, más que presentar un diagnóstico objetivo de la problemática de la precariedad laboral que, sin dudas, constituye uno de los principales desafíos de la política laboral.

El método utilizado para negar los logros alcanzados por la gestión anterior consiste en describir la magnitud actual de las problemáticas sin mencionar cuál era la situación al momento de la implementación de las políticas y cuál ha sido su evolución a lo largo de todo el período en que se encontraron vigentes. (“Foto vs. Película”). Lo importante en cualquier caso, es dilucidar si este estado de situación implica el fracaso de las políticas que se aplicaron para la promoción de la inclusión social y la reducción de la precariedad laboral desde el año 2003.

Para responder a esta cuestión central es necesario destacar que uno de los resultados más relevantes e indiscutibles del proyecto político que gobernó la Argentina entre 2003 y 2015 ha sido la creación de trabajo de calidad, registrado en el sistema de seguridad social. De acuerdo a la información que surge de los propios registros administrativos del sistema, en el período comprendido entre 2003 y 2015, la cantidad de trabajadores con aportes creció un 94 %, variación que implica la incorporaron de alrededor de seis millones de trabajadores al empleo formal. De acuerdo a la información disponible, que data de 1974, nunca antes se había experimentado un proceso de expansión del trabajo formal tan relevante como el observado desde el año 2003.

La explicación de por qué existe un porcentaje muy elevado de trabajadores en condiciones de precariedad laboral, pese al notable crecimiento del trabajo de calidad verificado en los últimos 12 años, radica en entender el punto de partida de este proceso. La expansión del empleo formal se inició en 2003, sobre la base del escenario laboral resultante de las políticas implementadas desde mediados de la década del setenta. El modelo aplicado desde ese momento produjo, de manera estructural, la exclusión masiva de trabajadores del sistema de seguridad social a partir de incrementar, de forma permanente, la precarización del trabajo y el desempleo. En el año 2003, casi el 70 % de la población potencialmente activa presentaba problemas de empleo (siguiendo los criterios del informe, sin compartirlos necesariamente).

Ese punto de partida plantea como imposible, en poco más de una década, la reducción de la problemática de la informalidad y de la precariedad laboral, a una magnitud acorde con una estructura ocupacional de pleno empleo de calidad. Por el contrario, la creación record del trabajo registrado impulsada por las políticas vigentes en su momento, dio lugar al proceso de reducción de los problemas laborales más importante de la historia reciente del mercado de trabajo argentino: el porcentaje de activos potenciales con problemas de empleo se redujo en 20 puntos porcentuales.

“Además de no crearse puestos de trabajo en cuatro años, los ingresos laborales medidos en términos reales tampoco crecieron desde 2011 hasta 2015. Tampoco creció el salario real ni la productividad del trabajo”. Todo está tan desvirtuado en el informe “El estado del Estado” y el propósito de instalar la idea que nada cambió entre 2011 y 2015, que el mismo criterio se aplica para todas las dimensiones laborales, sin importar que los dichos planteados en ese informe oficial se contradigan con lo publicado por el propio Estado nacional.

En este párrafo se hace referencia a tres variables diferentes, en este caso, nos referiremos a la evolución del salario real. De acuerdo a la información que surge del SIPA, el salario promedio de los trabajadores privados deflactado incluso con los índices precios alternativos más pesimistas, refleja un incremento del poder adquisitivo de los asalariados entre los años 2011 y 2015. En concreto, tomando uno de los índices elaborados por consultoras privadas que muestran inflación más elevada, se observa que el poder de compra del salario de los trabajadores registrados en empresas privadas creció un 5 % durante los cuatro años analizados. Nuevamente, otra vez, se omite de manera intencional una de las grandes conquistas del Gobierno anterior: haber logrado un proceso consistente de incremento del salario real para alcanzar uno de los niveles más altos de la historia reciente de Argentina. En efecto, el salario promedio real del año 2015, es un 60 % más elevado que en 2002 y un 32 % más alto que en 2001, solo para mencionar dos períodos relevantes de comparación. Hay cierta inconsistencia en las tergiversaciones sostenidas por el Gobierno en relación al salario real, cuando queda claro que su modelo económico, únicamente resulta sostenible, con un retroceso sensible del poder adquisitivo de los trabajadores. De hecho, es evidente que la caída del salario real la promovió —al igual que la baja de las retenciones y el aumento dramático de las tarifas de los servicios públicos— desde el primer día de Gobierno, mucho antes del segundo semestre. En este sentido, el último informe publicado por el Ministerio de Trabajo, titulado “Situación y Evolución del Trabajo Registrado en el Sector Privado”, releva que en marzo de 2016 el salario medio de los trabajadores registrados se incrementó un 28 % anual, mientras que el incremento del IPC de la CABA alcanzó al 35 %. Esto implica una caída del poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores muy significativa (alrededor de 7 puntos porcentuales), y este dato no considera aún los fuertes incrementos de precios en los meses de abril y mayo.

“En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados en 2000, el Estado argentino se había puesto como meta erradicar el trabajo infantil para 2015. Estuvo lejos de cumplirlo. Sólo se hicieron dos encuestas para relevar la situación del trabajo infantil en los últimos quince años: la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (2004) y el Módulo de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (2012). No hay información más reciente por falta de relevamientos sistemáticos. Además, los marcos muestrales y las regiones abarcadas por ambas encuestas no son comparables. La estadística de 2012 fue deliberadamente construida a partir de la situación en localidades de más de 2.000 habitantes, donde la incidencia del trabajo infantil es menor, en afán por mostrar una reducción en las cifras de la problemática. La encuesta de 2002, que sí reflejaba la situación del trabajo rural, mostraba que trabajaba un 35% de los adolescentes de entre 14 y 17 años y el 8% de los niños de entre 5 y 13. La encuesta de 2012, aún sub-reportando el problema, arrojó que trabajaba el 3% de los niños de entre 5 y 15 años y el 17% de los adolescentes de entre 16 y 17 años. La encuesta más reciente, además, presentó resultados divergentes con los de mediciones privadas del mismo fenómeno. Entre 2013 y 2015, por la falta de voluntad política para erradicar el fenómeno, sólo se detectó la existencia de 225 chicos en situación de trabajo. De estos, si bien el trabajo infantil es un delito penado con prisión, sólo 190 acarrearon denuncias penales, y ninguno recibió sentencia de prisión”.

Las únicas dos encuestas especificas orientadas a relevar el trabajo infantil en la historia de la Argentina, se llevaron a cabo durante la gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. A partir del diseño e implementación en 2012 del Módulo de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes adjunto a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos, el INDEC y el MTEySS dieron inicio a un programa sistemático de relevamiento del trabajo infantil cada cuatro años (en línea con las recomendaciones internacionales sobre la materia). De acuerdo a la programación del INDEC del año 2015, el modulo estaba listo para ser relevado en el tercer trimestre de 2016, aunque en el actual contexto, es difícil que tal medición se lleve a cabo. Las falsedades llegan al límite de lo intolerable, cuando se afirma que la estadística fue deliberadamente construida en localidades de más de 2.000 habitantes para mostrar cifras más bajas sobre la problemática, cuando en realidad, es obvio que al ser un módulo especial anexado a una encuesta, la población relevada depende de la cobertura de la propia encuesta. Por otro lado, el relevamiento en localidades de más de 2000 habitantes, representa la situación del trabajo infantil en el total urbano nacional, donde reside alrededor del 93% de la población. Si bien es cierto que en el ámbito rural, la incidencia del trabajo infantil es más elevada, la escasa población que reside en estos ámbitos, no llega a modificar de manera significativa la tasa general de trabajo infantil.

Terminando con las cuestiones metodológicas, es también erróneo que los datos no sean comparables. En las distintas publicaciones presentadas se describe las características compatibles entre la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (2004) y el Módulo de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (2012), elaboradas por el Observatorio de Trabajo Infantil de Argentina (OTIA / MTEySS), constituido por el mismo equipo que participó en ambos relevamientos. Hasta la publicación de “El estado del Estado” no se había conocido ninguna crítica de especialistas sobre la materia, sobre la comparabilidad de ambas fuentes, como si había ocurrido con otros indicadores elaborados por el INDEC.

El estado del Estado” en materia laboral: Una versión que se contradice a sí misma, Julio 2016 Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) – UNSAM.

Lo más importante, y lo que el informe pretende ocultar, es que una de las conclusiones más relevantes de la información que se recogió, es el avance alcanzado durante los últimos años en la reducción del trabajo infantil. En el tercer trimestre de 2012, el trabajo infantil prohibido por la legislación vigente alcanzaba al 3 % de los niños y niñas entre 5 y 15 años. La incidencia de esta problemática cayó un 56 % entre 2004 y 2012 (la tasa de trabajo infantil pasó del 7,8 % al 3,4 %). Evidentemente, los progresos en esta materia se deben al conjunto de políticas implementadas entre 2003 y 2015 asumiendo que la protección de la niñez es un factor determinante del bienestar del conjunto de los argentinos y, como tal, lo ha definido como una cuestión de Estado. Así, se ha impulsado en estos años una estrategia integral que ha permitido avances sustanciales en materia legislativa, el desarrollo de una mayor concientización sobre la necesidad de erradicar la utilización de los niños y adolescentes como fuerza laboral, y una descentralización de las acciones que ha facilitado detectar las particularidades territoriales y la búsqueda de las mejores soluciones. Estas acciones se han desplegado en una década en la cual todos los indicadores socio laborales han evidenciado mejoras de una magnitud tal, que no reconocen antecedentes en la historia reciente de nuestro país. Empleo para los adultos, más escuelas y presupuesto educativo para los niños, niñas y adolescentes, Asignación Universal por hijo como piso de protección social y aprobación de leyes protectoras y garantizadoras de derechos, son el conjunto de acciones concretas que explican el progresivo retroceso del trabajo infantil. Se ha alcanzado así, una más equitativa distribución de la riqueza que indiscutiblemente tiene un impacto positivo en las familias y en las actividades de los niños, niñas y adolescentes.

CETyD, Empleo, Estado