Por Nadia Luna

“La característica de las sociedades contemporáneas es la heterogeneidad: están atravesadas por conflictos económicos, sociales, políticos, religiosos y de género. Entonces, el problema que surge es cómo hacer de estas sociedades, que son ontológicamente plurales, conjuntos inteligibles sobre los cuales se pueda actuar con criterios democráticos. Por eso, el arquitecto-urbanista debe ser un hacedor de conexiones en el interior de una sociedad dividida”. Con estas palabras, el arquitecto argentino Jorge Jáuregui, responsable de diversos programas de urbanización en las favelas de Río de Janeiro, resumió la problemática que fue el eje de la “Jornada de derecho a la ciudad en el contexto Sur Global: asentamientos precarios urbanos”, que se realizó el pasado 14 de agosto en el campus de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La iniciativa fue organizada por el Programa Sur Global, junto a la Unidad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNSAM, con la idea de generar un espacio para discutir las dificultades en el acceso a una vivienda y a un hábitat adecuado en estos territorios donde la posibilidad de un cumplimiento efectivo del derecho a la ciudad enfrenta dificultades mayores. Por eso, la jornada contó no solo con la experiencia argentina, sino también de países latinoamericanos que enfrentan realidades similares, como Brasil y Colombia. “El Programa propone discutir qué es el sur, si un espacio geográfico o una categoría política y económica. A partir de allí, situamos la discusión del derecho a la ciudad”, señaló Juan Obarrio, director del Programa Sur Global, quien estuvo acompañado por el decano de la Unidad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

En su presentación, el virrector de la UNSAM, Daniel Di Gregorio, explicó el rol de la universidad en este debate: “Creemos firmemente en la necesidad de crear una comunidad donde nuestros docentes, investigadores y estudiantes estén comprometidos con la sociedad, especialmente con los segmentos más postergados”.

Uno de los casos que se expusieron fue el proyecto “Barrio 31 – Carlos Mugica”, que trabaja en la urbanización de la Villa 31, situada en el porteño barrio de Retiro. El arquitecto Javier Fernández Castro contó que todo comenzó como un trabajo de la Universidad de Buenos Aires inspirado en la tarea que venía realizando Jáuregui en las favelas de Brasil, que fue ganando cada vez más aceptación en los habitantes del lugar, quienes fueron activos partícipes en la elaboración de planos y documentos. También lograron que en 2010 se promulgase la Ley 3343 para la urbanización de la Villa 31, aunque sus habitantes aún luchan para que la Legislatura porteña asigne el presupuesto y las gestiones que la hagan efectiva.

“La situación del área metropolitana de Buenos Aires es bien distinta de otras metrópolis de la región, porque podemos contabilizar como porción de hábitat popular un 10-12 %, cuando en Río de Janeiro es del 50 % y en Caracas del 60 %. Esto aparentemente favorecería una gestión al respecto pero, por otro lado, genera debilidades ya que es otra la potencia política del sector al no ser mayoritario y su invisibilización es más factible”, indicó Fernández Castro. El experto explicó que el proyecto comprende la construcción de 2500 viviendas (el barrio tiene hoy unas 9000) en un terreno cercano que pertenece a la empresa YPF, lo que permitirá la apertura de calles y la generación de espacios públicos, además de intentar satisfacer también otras demandas en la zona, como la accesibilidad al puerto, el ferrocarril y la autopista.

Jáuregui, quien reside en Río de Janerio desde hace más de tres décadas, compartió su experiencia en el Programa Favela-Barrio (1996-2006) y en el Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC), implementado por el expresidente brasileño Lula da Silva. “La participación comunitaria es un elemento fundamental que tiene que estar en la concepción de lo que se pretende hacer, el diagnóstico de la situación, el desarrollo de los proyectos, la implementación y supervisión”, consideró. Uno de los trabajos que el arquitecto llevó a cabo tuvo lugar en el complejo de Manguinhos, que consta de 11 favelas. Allí, una vía ferroviaria dividía el espacio, por lo que la idea fue levantar dos kilómetros de vía para crear debajo un parque lineal que funcionase como espacio público con vegetación lateral y quioscos de prestadores de servicios (gente que arregla electrodomésticos y ropa, por ejemplo). También se resignificó un antiguo distrito militar como centro cívico, conectado a la nueva estación de tren.

Por su parte, la socióloga colombiana Alejandra Gutiérrez Rendón, quien trabajó en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat, disertó sobre los procesos de reasentamiento en Medellín a partir de dos casos que tuvo a cargo: Moravia e Iguaná. “Medellín es una ciudad en constante transformación. Por eso, es importante enseñarle a la población que en cualquier momento puede ser reasentada, porque muchos no saben qué significa eso ni a qué tienen derecho”, sostuvo. “El estado debe comprometerse con mayores garantías y programas que beneficien el proceso de atención a las familias y que controlen el asentamiento en zonas de alto riesgo, porque Medellín es como una tacita de té: en la periferia hay zonas de alto riesgo que nunca fueron controladas y hoy se están viendo afectadas por los procesos de transformación de la ciudad”.

Especialistas de la UNSAM también presentaron proyectos como el de Talleres de Arquitectura y Urbanismo (TAU) sobre la cuenca del Río Reconquista. La cuenca comprende 40 kilómetros de extensión a lo largo de 18 municipios y alberga a cerca de cuatro millones de personas: un millón más de habitantes que la Ciudad de Buenos Aires, pero con un PBI 100 veces menor. Además, la zona recibe diariamente 17.000 toneladas de basura proveniente del área metropolitana e, incluso, de La Plata. Los desechos son aprovechados por trabajadores informales para los que, muchas veces, representan el único modo de subsistencia económica. Por eso, desde la Unidad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM se propusieron, entre otros proyectos, la creación de un atlas de residuos industriales que catalogue las deposiciones sólidas y permita producir talleres proyectuales para resignificar y reciclar los desechos. El diseñador industrial Alejandro Sarmiento ya realizó el primer taller, destinado a que las madres jefas de hogar puedan aprender el oficio de reciclaje de botellas de plástico.

La jornada también contó con la presencia de representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales, como el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); y de organismos del Estado, como la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat (SNAH) y la Defensoría General de la Nación (DGN). Durante el transcurso de las charlas se planteó que el derecho a la ciudad no debe quedar dentro de ámbito académico, sino que debe interpelar a los ciudadanos que son, en definitiva, los dueños de ese derecho. Como remarcó Fernández Castro: “Es necesario entender la producción del conocimiento no como la producción de un paper, sino como una influencia directa y concreta en un territorio de interacción, donde el conocimiento se valida por su transferencia social y no por la cantidad de caracteres”.