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Escuela de Política y Gobierno

Carlos Acuña y un balance de las III Jornadas de Investigación en la EPyG

Presente en las III Jornadas de Investigación en Política y Gobierno, el director del Programa Estado y Políticas Públicas de la EPyG conversó sobre los objetivos del encuentro y analizó el escenario actual.

Por Marina Rocha | Foto: Pablo Carrera Oser

Al cierre de las III Jornadas de Investigación en Política y Gobierno, que se realizaron el 12 y 13 de abril en el Edificio de Ciencias Sociales del Campus Miguelete, Carlos Acuña analizó los desafíos que enfrenta la investigación sobre el Estado y las políticas públicas en la Argentina.

¿Cuáles fueron los objetivos de estas Jornadas?

Decidimos hacer foco en el Estado y en las políticas públicas persiguiendo tres objetivos: el primero, aportar al conocimiento profundo y sistemático sobre nudos que cruzan la problemática del estado y las políticas públicas en la Argentina; el segundo, mostrar las líneas de investigación que se entrelazan en diversas áreas de la EPyG; y, el tercero, fortalecer el intercambio y la relación entre especialistas de la Escuela con diversos enfoques teórico-metodológicos y objetos de estudio. Estos tres objetivos partieron, además, del reconocimiento de que instituciones como la EPyG son excepcionales, dado que están en condiciones de mostrar líneas sostenibles de investigación sobre el Estado y las políticas públicas con diversidad de enfoques y niveles de análisis.

¿Cuáles son los desafíos que se presentan en el ámbito de las investigaciones sobre Estado y políticas públicas? 

Algunos no son tan nuevos, aunque siguen siendo relevantes, como el desafío que tiene que ver con el entorno sociopolítico en el que se da la tarea de análisis e investigación, que no es algo externo y meramente contextual, sino que los intereses, ideologías, procesos y luchas políticas en los que estamos inmersos interpelan y estructuran nuestra tarea fijando agendas, redefiniendo prioridades, estableciendo necesidades. Sabemos que la investigación sobre estas cuestiones, como gran parte de la investigación en ciencias sociales, conlleva un doble compromiso: por un lado, el de la “objetividad” científica, ligada a la producción de un conocimiento sistemático empíricamente fundado; y, por otro lado, el normativo, que parte de reconocer que nuestra tarea no es neutra en términos de los diversos intereses sociales y valores que cruzan a la sociedad y que, en la producción de este conocimiento y el impacto que pueda llegar a tener, también está en juego la distribución de poder, la realización de intereses y la defensa de derechos.

En cuanto a los desafíos, destacaría dos que son importantes. El primero está relacionado con el estudio del Estado y de las políticas públicas, que en los últimos años ha mostrado tres grandes cuerpos de literatura —uno que se origina en la sociología política y en la ciencia política, y coloca un fuerte acento en la relación de las estructuras estatales y su accionar con el régimen y los procesos políticos; otro que desarrolla un entendimiento económico de la dinámica social e incluye cuestiones ligadas al Estado y a las políticas públicas; y, finalmente, una literatura de carácter más “organizacional”, con foco prioritario en estructuras, roles, recursos, capacidades de gestión y de cumplimiento de funciones—. Desde mi punto de vista, estos cuerpos o campos disciplinarios han mostrado, hasta el presente, un diálogo y un reconocimiento mutuo insuficiente que tiende a la producción de conocimientos parciales, muchas veces sesgados y reduccionistas. En este sentido, el desafío aquí se encuentra en el fortalecimiento de canales de diálogo e intercambio que sirvan para crear las bases de una producción y entendimiento interdisciplinario. Las Jornadas que se desarrollaron en le EPyG apuntaron, justamente, en esta dirección.

El segundo gran desafío está ligado a la tentación de resolver nuestros problemas con “recetas universales” o supuestos que asumen que las respuestas a ciertas problemáticas propias del Estado y de las políticas públicas revisten un carácter universal y son válidas en todo momento y lugar. En este sentido, creo que se necesita un mayor “acople” de la transferencia de conocimientos con las realidades nacionales, regionales y locales. La institucionalidad política y estatal en cada sociedad debe ser concebida, en sí misma, como heterogénea, no parsimoniosa, compuesta por espacios político-institucionales específicos —a veces discretos— que constituyen “tableros” o “arenas” que estructuran la distribución de poder, las opciones y los incentivos en y frente a los cuales los actores implementan sus estrategias. Por eso es que se necesita fortalecer visiones sistémicas y comparativas a la hora de operar sobre estructuras o subsistemas sociopolíticos específicos espacial y temporalmente acotados. En definitiva, enfrentamos la necesidad de fortalecer nuestra capacidad de un análisis comparativo que nos permita concluir, tomando en cuenta los atributos de cada sociedad y la economía política propia de procesos políticos específicos, que una experiencia exitosa es factible o no de replicar en otra sociedad o ámbito. Replicar experiencias y resultados es sumamente difícil porque las sociedades son, en gran medida, idiosincráticas, distintas. La mirada equilibrada, capaz de diferenciar la buena práctica replicable de la que no lo es, demanda una sofisticación analítica cuya construcción hoy se reconoce como uno de los grandes desafíos para el entendimiento del estado y las políticas públicas.

¿Cómo ve para adelante la relación entre los investigadores y los funcionarios?

Esta es una relación estructuralmente tensa. Investigadores y funcionarios se manejan necesariamente con tiempos distintos. Los investigadores necesitan espacio para pensar y repensar la realidad social, para reconstruirla analíticamente, por lo que sus tiempos incluyen el desarrollo de las herramientas teórico-metodológicas necesarias para esta aproximación. Los tomadores de decisiones y quienes ponen en marcha las políticas muchas veces enfrentan urgencias, enfrentan la obligación de implementar acciones que responden a necesidades sociales, necesidades presentes de manera independiente al grado de entendimiento que se tiene de ellas. Por supuesto, la intervención de estos últimos debe contar con los fundamentos que aporta la investigación. En este sentido, debe ser una intervención informada, tanto sobre las certezas como sobre las incertidumbres que, inevitablemente, cruzan al “Estado en acción”, como dirían Oszlak y O’Donnell. Sin embargo, este necesario diálogo e intercambio no es uno fácil. Demanda una coordinación que le resulta costosa a las dos partes, por lo que es común que los incentivos no se apunten a la dirección correcta: muchas veces los investigadores, para “pensar mejor”, prefieren alejarse de la vorágine y del riesgo de la toma de decisiones. A su vez, los policy-makers, para actuar más rápido, toman distancia de las complejidades y llamados de atención que, aún con fundamento analítico, debilitan sus certezas.  Así, muchas veces, observamos falta de diálogo, actitudes a veces “soberbias” y a veces “dogmáticas”, que, en definitiva —y sin negar que aquí también juegan diversas ideologías— son maneras de administrar las necesidades en campos diversos: el del análisis y la investigación, por un lado, y el de la acción, por el otro. Por supuesto, no hay sociedad que pueda avanzar en la respuesta a sus necesidades a partir de un divorcio o ausencia de diálogo entre estos actores. Debemos reconocer que la superación del divorcio y la construcción y fortalecimiento de estos canales de diálogo e intercambio no dependen de voluntades individuales, sino que constituyen construcciones institucionales. En este sentido, la Argentina muestra una mayor debilidad que otras sociedades latinoamericanas en la construcción y funcionamiento de espacios de intercambio entre policy-makers e investigadores. También en este sentido, la construcción y fortalecimiento de estos espacios, de espacios que muestren la capacidad de generar círculos virtuosos entre la generación de conocimiento y el accionar estatal, sigue constituyendo un desafío en la Argentina, un desafío que, aunque no muestre nada nuevo, mantiene relevancia estratégica.

Nota actualizada el 22 abril, 2016

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