La Comisión Universitaria de Discapacidad y Derechos Humanos de la UNSAM pone en conocimiento de la comunidad su postura en relación con el proceso administrativo de recorte de pensiones no contributivas para personas con discapacidad y adultos mayores.

La aplicación por parte del gobierno del Decreto 432/97 es ilegítima y viola los derechos adquiridos, al tiempo que anula y contradice lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo —del que la Argentina forma parte desde 2008 (Ley 26.378) y que adquiere jerarquía constitucional bajo la Ley 27.044—.

Ante esta situación de cercenamiento de derechos humanos fundamentales en la que se excluye y expulsa a los sectores de la población más vulnerables, rechazamos de forma unánime el recorte de pensiones no contributivas para personas con discapacidad y adultos mayores, y expresamos nuestro repudio a las políticas que involucren un retroceso en los derechos conquistados por los distintos colectivos. Asimismo, acompañamos a las organizaciones civiles de personas con discapacidad en su reclamo, que es justo y necesario.

Las personas no pueden ser consideradas variables de ajuste o de eliminación de déficit fiscal cuando la propia vida está puesta en juego. Los $ 4200 correspondientes a esta pensión apenas alcanzan para básicos y elementales. Se trata de un apoyo económico que facilita la inclusión social de muchas personas con discapacidad y les permite una vida más autónoma en los ámbitos educativo y laboral. También resulta preocupante el recorte de servicios de apoyo para la salud, la vivienda, el trabajo, la cultura y el esparcimiento.

Desde la Universidad, promovemos la educación inclusiva y la incorporación de contenidos sobre discapacidad en los trayectos de formación. Por eso, acompañamos la marcha del día jueves 15 de junio a las 18 en el Obelisco. 

1) No a la baja masiva de pensiones no contributivas.

2) Cumplimiento del cupo laboral en todas las reparticiones del Estado y en empresas privatizadas de servicios públicos.

3) Pase a planta permanente de todo empleado con discapacidad y agilización de los concursos en todas las reparticiones del Estado.

4) Plena accesibilidad física y comunicacional en todos los edificios del Estado.

5) Plena accesibilidad y gratuidad de todos los transportes públicos de pasajeros.

6) No a la restricción de derechos contra mujeres y madres.

7) Educación inclusiva para todos los niños y niñas.

8) No a las restricciones en cobertura médica del PAMI,

Solo a través de una política pública basada en estas medidas se podrá construir un plan nacional de discapacidad que tenga en cuenta nuestros derechos.

¡Nada sobre nosotrxs sin nosotroxs!

Comisión Discapacidad y DDHH, Comunicación