“Ambiente en pocas palabras” es un ciclo para debatir y reflexionar sobre las políticas que giran en torno a los temas ambientales. Cada episodio se puede ver en el canal de YouTube de la EPyG.  

En esta entrega, Deborah Pragier nos habla sobre el litio como “un insumo clave para la transición energética”, que se inserta como continuidad de una serie de lógicas extractivistas de cómo Argentina se introduce en el mercado internacional. 

La investigadora, propone plantear su análisis a partir de tres puntos claves: en términos normativos, en términos ambientales, y en términos de derechos de las comunidades indígenas. 

En términos normativos  

“Rige la misma normativa que para cualquier otro mineral: la ley de inversiones mineras, con normativas de los años 90”, analiza Pragier. Argentina, a diferencia de los otros dos países del triángulo del litio, Bolivia y Chile, no ha declarado al litio como recurso estratégico y no existe una política específica para este mineral. De esta forma, el litio es una materia prima que se exporta sin ningún otro valor agregado.  

“Frente a estos discursos que plantean que el litio puede ser una plataforma para el desarrollo, no hay ningún nexo causal que permita conectar todas esas promesas de desarrollo con la manera en que se extrae el litro en Argentina, y las políticas ligadas al litio en la Argentina”, concluye la investigadora. 

En términos ambientales 

Existen diferentes trabajos académicos que dan cuenta que el aporte económico local de la extracción del litio es bastante bajo, mientras que los efectos socioambientales son muy altos. Pragier, doctora en Ciencia Política por la EPyG-UNSAM, plantea que esto es una “paradoja de la discusión respecto de la transición energética, ya que en aras de esa transición, lo que se pone en peligro son un conjunto de territorios , de comunidades y de ecosistemas vulnerables”.  

Este riesgo ambiental se acrecienta, según la investigadora, dado que el Estado argentino no tiene capacidad de controlar a las empresas ya que las evaluaciones que se hacen antes de darle el permiso no identifican todas las afectaciones en términos sociales y ambientales que se pueden hacer. Además, tampoco se evalúa qué pasaría con ese territorio, con todas las empresas funcionando al mismo tiempo. 

“En Argentina tenemos un sistema científico-tecnológico muy potente que podría ser un gran aporte en este sentido”, indica la doctora en Ciencia Política de la UNSAM. Existe un foro de especialistas en litio, que está asentado en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que podría contribuir para pensar cuáles son los mecanismos de extracción que son menos contaminantes y que pueden impactar menos ambientalmente. 

Derechos de las comunidades indígenas 

¿Cuál es la relación con las comunidades indígenas que se encuentran en ese territorio que se quiere explotar? 

El litio en Argentina se encuentra en territorio habitado ancestralmente por comunidades indígenas. Éstas, además, tienen derechos específicos sobre ese territorio, los cuales se asientan en jurisprudencia tanto nacional como en tratados internacionales a los que Argentina suscribe. En este sentido, el Estado debe garantizar, entre otros, el derecho a la consulta previa libre e informada frente a cualquier proyecto que se pretenda asentar en esos territorios. “Cosa que no ha sucedido hasta el momento”, afirma Pragier, tal y como los organismos internacionales y la normativa internacional dictamina.  

Es importante recalcar que la aplicación de la consulta implica el derecho a que la comunidad no acepte que la empresa se instale en ese territorio. Para el caso en el que las comunidades decidan escuchar la propuesta de la empresa, el Estado tiene que garantizar que sea una extracción ambiental y socialmente responsable. 

¿Cómo hacer para que la transición en el norte global no ponga en riesgo a las comunidades que ancestralmente habitan esas esos territorios, ni la biodiversidad y el ecosistema de la puna Argentina? 

Ciclo del área de Ambiente y Política (AAP. EPyG-UNSAM).
Producción general: Patricio Besana, coordinador del AAP.
Realización técnica: equipo de Comunicación de la EPyG-UNSAM.

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