Durante el último encuentro de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo se concluyó que los desafíos prioritarios para el gobierno de Alberto Fernández serán renegociar la deuda e impulsar un acuerdo social que eluda toda confrontación.
“Hay dos frentes prioritarios que deberá enfrentar el nuevo gobierno: la renegociación de la deuda y el impulso de un acuerdo social que compatibilice la emergencia social con un sendero de recuperación del crecimiento, reducción de la inflación y progresiva mejora de los ingresos del trabajo”, dijo Mercedes Marcó del Pont, presidenta de Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), durante el último desayuno de trabajo del año de la entidad.
Del encuentro participaron como expositores Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y Carlos Tomada, exministro de Trabajo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y actual director del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM.
“Las políticas públicas —financiera, fiscal y de ingresos— estarán al servicio del objetivo central de volver a privilegiar la producción y el trabajo. En este sentido, la regulación de la fuga de capitales será un factor esencial en la estabilización del mercado de cambios y una condición necesaria para ingresar en un camino de recuperación de la economía”, destacó Marcó del Pont.
Palazzo, por su parte, postuló la necesidad de implementar el acuerdo propuesto por Marcó del Pont en dos etapas diferenciadas. La primera, “que será preciso poner en marcha de inmediato”, deberá atender tres necesidades urgentes e impostergables: “Acabar con el hambre en la Argentina, asegurar la provisión de medicamentos esenciales y mejorar la situación económica de los más perjudicados por las políticas de los últimos cuatro años”. La segunda etapa deberá lidiar con cuestiones estructurales “que exigirán un compromiso constante y perdurable de todos los sectores involucrados”: “Erradicar el trabajo en negro, promover la igualdad mediante una reforma tributaria progresiva, impulsar el ahorro interno en moneda local y mejorar la calidad educativa, entre otros”, amplió el bancario.
Palazzo subrayó en su exposición que el progreso tecnológico deberá servir para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y no de excusa para recortarles sus derechos. “No es lo mismo la invención del lavarropas, que revolucionó la vida hogareña y al mismo tiempo generó miles de empleos calificados necesarios para su fabricación, que una aplicación como UBER, que modifica marginalmente el sistema de transporte a costa de precarizar el empleo”. También remarcó que los avances de productividad deben reflejarse en los salarios de los trabajadores —hoy, un empleado bancario administra cinco veces más cuentas que hace unos años, pero esa carga adicional no se condice con lo que gana—. “Por eso las paritarias no pueden ser solamente la discusión del ajuste por inflación de los salarios, que es a lo que nos llevó el gobierno de Macri.”
Por último, Palazzo expresó un “mea culpa” por las divisiones del movimiento obrero y su compromiso con la unidad sindical —más allá de las diferencias con dirigentes “que podrían haber hecho un poco más”— para enfrentar el daño que la política económica de Macri le infligió a los trabajadores.
Por su parte, Tomada aseguró que el gobierno de Macri “nos lega un aprendizaje social profundo, que se manifiesta en el convencimiento de que el desarrollo con inclusión social solo puede alcanzarse mediante el trabajo, y que ese trabajo debe ser formal y con derechos”. Y apoyó la advertencia de Palazzo sobre la pretendida “modernidad”, que solo persigue disimular la precarización del empleo. “A los que pedalean en bicicleta les dicen que son emprendedores y los tratan como esclavos, y también les dicen que como son modernos no pueden aspirar a los mismos derechos que los trabajadores de antes”.
El exministro de Trabajo advirtió que el próximo gobierno asumirá en un contexto geopolítico adverso, en el que los gobiernos latinoamericanos apuestan a la desintegración regional, lo cual, en caso de concretarse, nos privaría de un instrumento fundamental para el desarrollo. “Esa dificultad torna más crucial aún la necesidad de procurar la unidad interna mediante un acuerdo social que eluda algunas confrontaciones que nos dividieron en el pasado porque es la única manera de acumular fuerzas para dar las nuevas peleas”.
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