Por Rodrigo Malpartida

 Miembro del área de Política Subnacional y Relaciones Intergubernamentales

Tras largos meses de negociaciones entre las principales figuras del gobierno nacional y los gobernadores y legisladores nacionales de diferentes partidos políticos, el último 27 de junio la Cámara de Diputados aprobó finalmente la denominada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Fruto de ese proceso, la otrora “Ley Ómnibus” presentada originalmente -así llamada por la magnitud y diversidad de temas que incluía originariamente- sufrió la poda de más de la mitad de su articulado hasta quedar finalmente etiquetada simplemente como “Ley Bases”.

Desde el oficialismo se ha insistido en que la Ley es un puntapié clave para dejar atrás décadas de decadencia producto de una excesiva intervención del Estado en la economía. La oposición interpreta la reforma como la venta del patrimonio nacional, la extranjerización de la economía y un profundo retroceso en términos de derechos laborales. Los grupos o partidos acuerdistas priorizan la idea de darle herramientas de gestión al gobierno entrante y se mantienen expectantes sobre sus efectos. Todo el sistema coincide en que su aprobación marca el final de una primera etapa del gobierno libertario de Javier Milei.

Buena parte de la norma se fundamenta en la búsqueda de inversiones como motor de reactivación de la economía en un contexto de pronunciada recesión. El enorme potencial en materia de recursos naturales disponibles a ser explotados – la minería y los hidrocarburos entre los más importantes- ubica a la Argentina en una posición privilegiada y constituye una oportunidad que no debe ser desperdiciada. En ese sentido, esta columna abordará el impacto de la Ley Bases para un grupo específico de las provincias afectadas, aquellas vinculadas al sector de los hidrocarburos. Para eso se analizará el proceso de negociaciones que hicieron posible la sanción de la norma y posteriormente algunas hipótesis de sus implicancias para los gobernadores en términos de articulación política.

La Ley Bases contiene dos títulos específicos que atentan directamente al sector hidrocarburífero. El título Energía (V) modifica diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos (17.319) virando hacia un esquema de mayor desregulación, maximización de la renta y orientado hacia las exportaciones, en detrimento de la planificación estatal y la búsqueda de abastecimiento del mercado interno. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) (título VI), mantuvo una amplia visibilidad en el debate público y consta de una batería de jugosos estímulos para atraer a la inversión de capital intensivo en sectores estratégicos, asociados fundamentalmente a recursos naturales como industria forestal, infraestructura, turismo, minería, energía, petróleo y gas.

Los gobernadores manifestaron una primera postura al poco tiempo de presentado el proyecto de ley. En el marco de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) las provincias productoras (Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego) hicieron pública su postura como grupo a través de un documento formal firmado por todos los jefes provinciales.

En términos generales y sin profundizar en los detalles técnicos de la norma, los gobernadores acordaron pronunciarse sobre los siguientes puntos: i) Apoyan las reformas destinadas a generar condiciones propicias para el arribo de inversiones en el sector y brindar una mayor seguridad jurídica; ii) advierten su férrea postura en contra de cualquier acción que vulnere los derechos que la Constitución Nacional les otorga por su “dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (Art. 124); iii) reclaman ser convocados como grupo para discutir los temas que afectan al sector de hidrocarburos; iv) demandan una serie de modificaciones y/o incorporaciones que el proyecto no contemplaba al momento de su presentación.

Con el correr de los meses el rol de la OFEPHI fue cediendo lugar ante negociaciones directas y bilaterales entre la Casa Rosada y los gobernadores y/o legisladores nacionales, donde se superpusieron las demandas comunes con otras propias de cada provincia. Lo cierto es que la combinación de las diferentes estrategias permitió incorporar numerosas modificaciones al proyecto original (por caso, se reformaron unos 49 artículos solo del título Energía) ante un oficialismo con minoría en ambas cámaras cuya urgencia se pronunciaba con el paso de los días.

Al respecto, es interesante resaltar algunos elementos. Inicialmente, la acción colectiva de los gobernadores de la OFEPHI se suma a otras citadas en una columna anterior, como la Liga de Gobernadores Patagónicos, la Mesa Interprovincial del Cobre Argentino (MICA) o el reciente encuentro de los gobernadores de la Región Centro (Córdoba, Entre Rios y Santa Fe) en reclamo a la deuda de Anses por las cajas previsionales. Es importante subrayar este punto porque la OFEPHI constituye una instancia formalizada de coordinación a nivel político y, además, contó con la participación de todos los gobernadores que forman parte del órgano y que provienen de diferentes partidos.

En este sentido, durante el poco tiempo que lleva Javier Milei como presidente se observa un vector común vinculado con la regionalización de la política subnacional. Es decir, aparece la articulación horizontal de los gobernadores mediante nuevos lazos de solidaridad entre sí, dejando de lado su pertenencia partidaria o ideológica al momento de defender los intereses comunes de sus territorios. Aún con variaciones de intensidad y con efectos no siempre directos sobre las políticas públicas nacionales, en las provincias hidrocarburíferas esta dinámica también es visible.

Cabe recordar que una acción colectiva semejante de los gobernadores de la OFEPHI guarda un antecedente hace exactamente diez años. En 2014, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner buscó aprobar una modificación a la Ley de Hidrocarburos con la perspectiva de potenciar la explotación de recursos no convencionales mediante un régimen de promoción a las inversiones. A grandes rasgos, los cambios ratificaron las condiciones del acuerdo entre YPF y Chevron para iniciar la explotación de Vaca Muerta. En ese marco, el grupo de gobernadores también pronunció sus objeciones y denunció un avasallamiento sobre los derechos de las provincias en la administración de sus recursos naturales. Es decir, ante administraciones en las antípodas ideológicas como pueden ser las de Javier Milei y Cristina Kirchner, los gobernadores pudieron cooperar más allá de las diferencias partidarias y políticas para proteger a sus territorios.

Hasta aquí un repaso del proceso que debió atravesar la iniciativa hasta culminar con la sanción de la ley, por lo que resta su impacto en las provincias y la postura que tomarán aquellos gobernadores opositores que manifestaron su rechazo al proyecto. En este aspecto, comienzan a surgir algunas dinámicas particulares en las relaciones intergubernamentales.

Uno de los primeros nudos de conflicto emerge con la instalación de una planta de licuefacción de gas proveniente de Vaca Muerta. Durante el último tramo del gobierno anterior, YPF y la empresa malaya Petronas habían acordado invertir en dicha obra de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, de modo de licuar el gas de Vaca Muerta y darle salida al exterior a través del puerto de Bahía Blanca. Con la mira puesta en ese proyecto, se envió al Congreso un proyecto de GNL que obtuvo media sanción en Diputados pero que luego naufragó antes de ser tratado en el Senado.

Con el nuevo gobierno y ante la aprobación del RIGI, el presidente de YPF ya advirtió que el proyecto con Petronas se instalaría en el sitio que las compañías considerasen con mejores condiciones de negocios. Sucede que aún se desconoce si Axel Kicillof, gobernador peronista, terminará adhiriendo a Buenos Aires al Régimen. En simultáneo, el gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck, pretende anticiparse y disputarle la oportunidad a Buenos Aires ofreciendo su territorio – en particular el puerto San Antonio Oeste- para desarrollar el proyecto entre YPF y Petronas, entre otras iniciativas en carpeta. Para ello, la Legislatura provincial de Rio Negro convocó a una sesión de urgencia y aprobó el viernes 12 de julio la adhesión al RIGI, convirtiéndose en la primera provincia que se acopla. El lunes 15 de julio, el gobernador Kicillof también manifestó su intención de aprobar en el ámbito provincial un “Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas”.  En consecuencia, se abre una incógnita acerca del lugar que será finalmente elegido por las compañías para hundir cerca de 30.000 millones de dólares entre 2025 y 2031 en lo que algunos consideran una de las inversiones en infraestructura más importantes de la historia.

A modo de síntesis, el proceso de negociaciones que culminó con la sanción de la Ley Bases dio lugar a un conjunto de estrategias por parte de los gobernadores con el objetivo de fortalecer sus demandas. En un principio, se destaca la acción colectiva de los gobernadores en el marco de un organismo formalizado para la articulación intergubernamental del sector hidrocarburífero como la OFEPHI que, aunque se combinaron con acuerdos bilaterales gobierno nacional, es un elemento propio de un tipo de federalismo más cooperativo y refuerza la idea de una mayor regionalización del mapa político.

Al mismo tiempo, la puesta en marcha de dispositivos como el RIGI comienza a abrir camino a relaciones intergubernamentales donde prima una lógica de la competencia en lugar de la cooperación, en la cual los distritos se disputan recursos e inversiones obstaculizando lazos de solidaridad horizontal. En ese marco, no hay motivos para descartar que las tensiones entre Buenos Aires y Rio Negro no puedan ser replicadas en otras latitudes y/o en otros sectores de la economía. Como en otras dimensiones del panorama político y económico de la Argentina, la moneda está en el aire.

El ciclo Conflictos Federales en Foco*

En la última década, hemos visto irrumpir en el mundo a un número cada vez mayor de liderazgos que cuestionan los valores más profundos de la democracia liberal. Estos nuevos líderes de la llamada extrema derecha o extrema derecha radical, en sus variadas latitudes, coinciden en su carácter disruptivo. En América Latina, y más específicamente en aquellos países federales, como la Argentina o Brasil, en donde las arenas de decisión política y económica se encuentran descentralizadas, el carácter disruptivo de estos liderazgos ha impuesto nuevos conflictos entre gobernadores, alcaldes y el poder ejecutivo nacional.
 

Períodos de crisis profundas suelen alterar el equilibrio de fuerzas de los sistemas político-partidarios vigentes. Conflictos Federales en Foco busca analizar la coyuntura actual de la política argentina, enfocando los conflictos que emergen entre los diversos niveles de gobierno, a partir de la entrada en escena de un liderazgo nacional disruptivo, y los impactos que provoca en el funcionamiento del federalismo.
 

*Por Ximena Simpson, coordinadora del Observatorio de Economía y Política Brasil-Argentina, e investigadora del área de Política Subnacional y Relaciones Intergubernamentales. 

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