A partir del conflicto en el sector del neumático se empezó a percibir un clima de conflictividad creciente y fuera de control, que no se condice con el estado actual de las relaciones entre empresas y trabajadores. En ese escenario proliferaron distintos planteos que apuntaron a promover la desarticulación de algunos de los pilares básicos del esquema de protección del trabajo reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Los datos oficiales muestran que actualmente la conflictividad es la más baja desde hace más de quince años. Por otra parte, en 2022 se registró el récord de convenios y acuerdos paritarios con cláusulas de paz social, las cuales suponen el compromiso de sindicatos y empresas de agotar todas las instancias de diálogo antes de iniciar medidas de fuerza. A su vez, el paro de actividades no viene siendo el primer reflejo de los trabajadores ante un desacuerdo con las empresas: por cada paro llevado adelante durante 2022 se registraron cerca de dos medidas de fuerza en las que se realizaron otras acciones que no implicaron detener la producción.

Ese panorama se da en un contexto en el que los salarios de los trabajadores no recuperaron el 20% de la caída de su poder adquisitivo que tuvo lugar entre 2017 y 2019; en el que en los mejores casos las negociaciones paritarias logran empatarle a la inflación; en el que la distribución del ingreso es cada vez más regresiva; y en el que los niveles de precarización del empleo continúan siendo muy elevados.

El riesgo al que nos enfrentamos no parece ser tanto el de sindicatos desbocados, que obstaculizan la producción y ponen en juego el porvenir económico de nuestro país. Más bien, parece ser que la crisis económica, la sucesión de algunos conflictos de alta intensidad y la mayor pregnancia social de discursos punitivos se convirtieron en una oportunidad para avanzar en el disciplinamiento de la clase trabajadora.

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