“Brindar protección, contención, acompañamiento integral y sostenido en el tiempo, como así también todos los recursos necesarios para que las sobrevivientes puedan superar esa situación de vulnerabilidad, es responsabilidad del Estado. Éste necesariamente debe asumir un rol activo en la lucha contra la trata de personas por medio de políticas públicas reales de asistencia que brinden soluciones rápidas y eficientes, a corto y mediano plazo”, escribió la activista.

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