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Cuando las políticas públicas están ausentes, las voces que se escuchan son las que bastardean los derechos de los trabajadores.
Es habitual escuchar a economistas, empresarios y dirigentes políticos afirmando que el empleo en la Argentina es excesivamente “rígido”, concepto que se refiere a la supuesta baja movilidad de trabajadores/as en las empresas como resultado de la existencia de normas laborales que restringen la posibilidad de despido por parte de los empleadores.
Con ese argumento, dicha restricción aparece como un obstáculo para que las empresas se adapten a los cambios propios del ciclo macroeconómico y sean capaces de consolidar un sendero de aumento de la productividad y de la competitividad.
Por el contrario, desde el CETyD podemos afirmar que la indemnización por despido y el resto de las políticas que regulan el despido en la Argentina no configuran una estructura laboral “rígida”, como muchas veces se esgrime desde los sectores que cuestionan estos instrumentos. En el marco de la elevada inestabilidad que caracteriza al empleo registrado del sector privado, la indemnización constituye uno de los instrumentos necesarios y más relevantes para transitar el período de búsqueda de un nuevo empleo sin afectar las condiciones de vida del/a trabajador/a y su familia.
Vista la elevada volatilidad de la economía argentina, el énfasis de la política pública debería estar en el diseño y la implementación de políticas vinculadas con la transición de los/as trabajadores/as de un empleo a otro. El seguro por desempleo, las oficinas de intermediación laboral, el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) e incluso la formación profesional deberían ser reexaminados, en función de que la intermitencia en el empleo formal es la regla y no la excepción.
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competitividad, Empleo, políticas públicas, productividad